Remiendos en el Tajo-Segura: el Gobierno deja en el aire el riego tras el colapso del canal

El acueducto Tajo-Segura vuelve a convertirse en el escenario de una gestión hídrica tan convulsa como opaca. Tras el doble colapso registrado a finales de verano en las zonas de La Bujeda (Guadalajara) y Liétor (Albacete), la Comisión Central de Explotación ha optado por aplicar un parche provisional que dista mucho de resolver la crisis estructural de la infraestructura.

El Ministerio para la Transición Ecológica reanudará el transporte de caudales de forma parcial y a medio gas hasta el 31 de diciembre, utilizando un tramo aminorado del canal y priorizando de manera exclusiva el abastecimiento a las poblaciones. Esta medida de emergencia deja en el limbo los envíos destinados a la agricultura del sureste y retrasa la reparación definitiva de las averías hasta, al menos, mediados de febrero de 2027.

Para habilitar este trazado temporal, el Ejecutivo se ha visto obligado a suspender transitoriamente las obras principales en el primer sector dañado, que no se retomarán hasta el primer día del próximo año.

El agua que logre discurrir en estas condiciones mínimas de seguridad se irá acumulando en depósitos intermedios, como las presas de Alarcón y Campos del Paraíso.

Sin embargo, tras este despliegue técnico se esconde una notable imprecisión sobre los caudales que finalmente cruzarán hacia el Segura. El Ministerio ha evitado detallar en sus comunicaciones oficiales el volumen real que podrá enviarse de los 85 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar -aprobados en un año hidrológico extraordinario en el que se sobrepasaron los 500 hm³ aportados-, de los cuales 60 estaban consignados específicamente para el regadío.

Regantes indignados

Esta falta de concreción y la política de hechos consumados han encendido los ánimos en el sureste español. La reacción del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) no se ha hecho esperar, canalizando un profundo malestar por lo que consideran un trato injustificable hacia los usuarios de la cuenca receptora. Su presidente, Lucas Jiménez, ha cargado con dureza contra la actuación del Gabinete central a través de un manifiesto difundido en sus redes sociales, en el que denuncia la indefensión a la que se ven sometidos los agricultores.

«En primer lugar, protestar una vez más por la desinformación a la que nos tiene habituado el Ministerio de Medio Ambiente. Nos tenemos que enterar siempre por la prensa de lo que decide la Comisión Central de Explotación en relación con nuestros intereses», ha aseverado Jiménez, visiblemente crítico con el proceder del Ejecutivo.

El máximo representante de los regantes ha subrayado el agravio comparativo que sufren quienes sostienen económicamente el propio mantenimiento del acueducto: «Somos uno de los mayores pagadores de esa confederación y no entendemos el ninguneo al que nos somete el Ministerio».

Promesas en el aire

A pesar de que el sistema hidrológico se mantiene en nivel 2 y de que la normativa obligaba a dar luz verde a 54 hectómetros cúbicos repartidos entre octubre y noviembre, la Comisión ha supeditado la movilidad de estos recursos a la futura operatividad de la conducción, dejándolos por ahora retenidos en la cabecera del Tajo.

Para el SCRATS, esta acumulación teórica de reservas no garantiza en absoluto que el agua llegue finalmente a los campos cuando los cultivos lo necesitan.

«Dadas las circunstancias, han aprobado dos meses y lo que queda es la nebulosa de qué va a ocurrir con los volúmenes pendientes de traspasar. Esos 99 hectómetros cúbicos», ha apuntado el presidente del sindicato hídrico, evidenciando las grietas del plan gubernamental.

Prioridades cuestionadas

El descontento del sector primario va más allá de la mera interrupción del servicio y apunta a una cuestionable escala de prioridades por parte de los organismos de cuenca a la hora de desplegar sus recursos técnicos.

Mientras los arreglos en Liétor y La Bujeda avanzan con lentitud y arrastran un historial de fallos geológicos y desprendimientos no resueltos a tiempo, la Administración sí ha actuado con celeridad para atender otros requerimientos.

Así lo ha remarcado el propio Lucas Jiménez al señalar el contraste en la gestión del agua: «Como ya sabíamos, la urgencia de la Confederación Geográfica del Tajo era habilitar recursos suficientes para el trasvase al Guadiana».

Frente a este escenario, la postura del regadío levantino se mantiene inflexible ante la posibilidad de perder las dotaciones reconocidas por ley: «¿Qué va a ocurrir con los volúmenes que no se trasvasen? ¿Qué va a ocurrir con los volúmenes destinados al regadío? No vamos a aceptar, bajo ningún concepto, que ese recurso quede pendiente de la ineficacia a la hora de resolver el problema en Lietor de la Confederación Geográfica del Tajo».

Infraestructura al límite

El colapso actual deja al descubierto la falta de prevención en una obra hidráulica capital que supera ya cuatro décadas de servicio. Las enormes filtraciones, los arrastres de rocas en laderas inestables y las complejas maniobras mecánicas que exige el vaciado del tramo de La Fuensanta demuestran que las labores de conservación han ido por detrás de las necesidades reales de la infraestructura.

Con un presupuesto de emergencia de 1,2 millones de euros asignado a contrarreloj y un plan de subsanación de deficiencias recién encargado, la Confederación Hidrográfica del Tajo se enfrenta al reto de devolver la seguridad a un canal del que dependen más de dos millones de habitantes y 200.000 hectáreas de cultivo.

La Comisión Central de Explotación volverá a reunirse a principios de diciembre para revisar si los parches provisionales han soportado el flujo de agua o si, por el contrario, el balance final del año confirma los peores presagios del campo levantino.