Diseño con imágenes de archivo del paso a nivel en la localidad valenciana de Alfafar y del minsitro de Transportes, Óscar Puente
Óscar Puente deja en el aire la supresión del paso a nivel de los 79 muertos en Valencia
La seguridad en las vías de ferrocarril en España y la situación que los viajeros sufren y padecen no ya solo cuando hay un accidente sino tan solo por pensar que en cualquier momento puede ocurrir lo peor son los indiscutibles temas que ya dominan la agenda de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y todo hace pensar que así será durante no poco tiempo.
Ni siquiera la nocturna dimisión del ya exministro de Transportes Óscar Puente, este martes, parece que vaya a hacer cambiar el rumbo. Primero fue el caos por retrasos y averías, luego Adamuz y ahora le ha tocado a la localidad toledana de Urda ser protagonista de una tragedia en los trenes.
Sin embargo, la gestión – o falta de ésta- del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras va más allá de estos tres aspectos. Si no, que tanto el jefe del Ejecutivo como el exministro les pregunten a los vecinos de Alfafar, Sedaví y Benetússer, en la provincia de Valencia, que llevan años peleando para que se elimine el paso a nivel a su paso por Alfafar. No es capricho. Todo lo contrario. Allí han perdido la vida 79 personas en los últimos cuarenta años.
El mayor punto negro de España
Este escalofriante dato ha hecho que el citado paso sea el mayor punto negro de todo el país, pero ni por ese motivo ha hecho que Puente mueva ficha para suprimirlo tal como exigen ciudadanos y alcaldes afectados. Se ha ido sin acometer las actuaciones pertinentes. Todos y cada uno de ellos ven cómo la legislatura está finiquitada y su principal problema sigue sin resolverse. Y no será porque al vallisoletano no le ha tocado en el ejercicio de su cargo ningún fallecimiento por esas causas. Hasta dos muertes ha habido desde que asumió la cartera en noviembre de 2021.
Puente ya es historia política, pero las reivindicaciones no cesan. En este sentido, Vox ha presentado en la comisión de Obras Públicas, Transporte e Infraestructuras de las Cortes Valencianas una iniciativa para pedir de nuevo el soterramiento de las vías una exigencia que «los vecinos de estos municipios llevan décadas reclamando» y que el extitular de Transportes ha estado «ignorando», explica el diputado autonómico Miguel Pascual.
Imagen de archivo del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, en el paso a nivel «de la muerte»
Así, ha denunciado que «cada día unos 260 trenes pasan a escasos metros de viviendas, colegios y parques». «Estamos ante un problema muy grave, un muro de hierro ha fracturado tres municipios y ha condenado a sus habitantes al ruido constante, a vibraciones que agrietan sus casas, a una accesibilidad nefasta y con un peligro de muerte diario», ha insistido.
«Absoluta falta de humanidad»
«Llevamos casi 80 muertes en este punto negro. Es una auténtica vergüenza que, con esta cifra tan dolorosa sobre la mesa», expone el parlamentario, lamentando que tanto el PSOE como Puente han rechazado «la posición política del soterramiento». Por ello, indica que su «desprecio a los vecinos ya no es incompetencia, es una absoluta falta de humanidad» porque «detrás de cada cifra hay personas». «Por tanto, la accesibilidad y seguridad tienen que funcionar cada día, sin excusas», abunda.
«Ya defendí en marzo de 2024 la necesidad urgente de eliminar este punto negro. Nuevamente, en febrero de este año, volvimos a reclamar inversiones ferroviarias. Nuestra posición es inamovible: los riesgos conocidos exigen soluciones inmediatas, presupuesto real y ejecución», ha recordado.
En concreto, la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox en la Cámara regional consta de «cinco actuaciones concretas y urgentes». Éstas son una «coordinación real y sin demoras» en la que el Consell «debe trabajar de manera conjunta con el Gobierno de España y los municipios afectados»; la aprobación del proyecto de soterramiento y sea declarada como obra de interés prioritario para agilizar los trámites, iniciarlo «en un plazo máximo de seis meses desde la redacción del proyecto definitivo», que, mientras tanto, que «se cree un plan urgente de mejoras provisionales» y que las obras se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado para que el soterramiento no siga «guardado en un cajón».
