Doce años de la tragedia militar de Hoyo de Manzanares: cinco muertos y un interminable proceso judicial

La mañana del 24 de febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, ocho militares se disponían a hacer explotar de forma controlada ocho minas anticarro con 40 kilos de explosivo en un ejercicio de entrenamiento antes de partir a una misión internacional en El Líbano.

Mientras preparaban la munición, todo voló por los aires y se llevó la vida de cinco de ellos y otros tres resultaron heridos graves. Fue uno de los accidentes más letales de las Fuerzas Armadas.

Este viernes se han cumplido 12 años de aquella tragedia. Un tiempo en el que las víctimas han pasado por un periplo judicial cuya última etapa de momento es el Tribunal Supremo.

A finales del pasado año presentaron un recurso de casación contra el auto del Tribunal Militar Territorial Primero, que en el mes de junio decretó el sobreseimiento de las investigaciones judiciales. De momento, no han obtenido respuesta.

Uno de los tres heridos, José Manuel Candón, lamenta en una entrevista con Efe la «total indiferencia» de los responsables de Defensa sobre este caso. «El día de las Fuerzas Armadas se habla de todos los accidentes, menos de este. Es como si fuera tabú».

A consecuencia del accidente, este teniente presenta graves secuelas: tiene alrededor de un 80 % de discapacidad, sufrió la pérdida de un ojo y gran parte de la visión del otro y ha sido operado en 35 ocasiones.

La batalla judicial de las víctimas comenzó en 2013, cuando un juzgado togado de lo militar archivó el caso. En 2017, los supervivientes y las familias de los fallecidos pidieron reabrirlo ante nuevas pruebas de que la munición usada en las prácticas había sido declarada «inútil» y no se podía utilizar.

El juzgado lo rechazó, pero el tribunal militar superior ordenó reabrirlo en 2018 con pruebas como un informe de la Guardia Civil en el que se decía que el explosivo usado el día de los cinco fallecidos era «no apto» debido a su «peligrosidad».

Sin embargo, en junio de 2022 el Tribunal Militar Territorial Primero acordó el sobreseimiento definitivo del proceso «al no ser los hechos constitutivos de delito» y considerar que, de haberlo sido, se había extinguido la responsabilidad penal por su prescripción.

No obstante, abrió la puerta a que el Ministerio de Defensa iniciase los trámites si lo consideraba pertinente para la posible indemnización a las víctimas por los daños sufridos en el accidente, «por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración» al entender que «el accidente no debió producirse», explica Candón.

Defensa no recibió el auto

En estos momentos las víctimas tienen «dos frentes abiertos», señala este militar. Por una parte, han impugnado el auto de sobreseimiento ante el Tribunal Supremo. «Estamos recibiendo los escritos, están emplazando a las partes, pero el recurso aun no ha sido admitido a trámite».

Y, por otro lado, están a la espera de que Defensa se pronuncie, aunque en dos respuestas a preguntas parlamentarias el Ministerio ha contestado que no había recibido el auto de sobreseimiento del Tribunal, por lo que el letrado de las víctimas se lo remitió el pasado mes de diciembre.