La ventaja de Feijóo supera los dos millones de votos, con la corrupción desangrando a la izquierda

La cara y la cruz de la política española confluyen en este caluroso primer sábado de julio. El PP celebra la jornada central de un Congreso nacional que será una balsa de aceite, y del que Alberto Núñez Feijóo saldrá reforzado para la «batalla final» contra Pedro Sánchez, como la llaman en Génova 13. El PSOE, por el contrario, celebra un Comité Federal lúgubre, con tintes de funeral, aunque no haya muerto nadie.

Esa cara y esa cruz también vienen reflejándose en las encuestas de las últimas tres semanas, desde que el informe Cerdán hundió el suelo a los pies de los socialistas. A la de Target Point que El Debate publicó el 22 de junio, que daba al PSOE la pérdida de 2,5 puntos y una docena de escaños en un mes, han seguido otras igual de malas para los intereses socialistas.

La media de los cinco últimos sondeos publicados por empresas privadas eleva la distancia entre Feijóo y Sánchez por encima de los dos millones de votos y a 40 escaños. En las elecciones generales del 23 de julio, la ventaja de los populares fue de apenas 340.000 votos y 16 diputados. La derecha está hipermovilizada frente a una izquierda acoquinada. Feijóo suma 2,2 puntos y 600.000 votantes en desde las generales. Santiago Abascal sube 2,1 puntos y gana más de 550.000 votantes.

Según el barómetro de encuestas elaborado mensualmente por Eletrocracia.com, calculado sobre una participación del 66 % del censo electoral (la que hubo en 2023), el PP se sitúa en 151 escaños, con un porcentaje de intención de voto de 35,2 % y acercándose a los 8,8 millones de votantes. El PSOE cae hasta los 111, que podrían ser menos de no ser porque la división entre Sumar y Podemos beneficia a los socialistas en el reparto de escaños. Su intención de voto está, de media, en el 26,9 % y aún conserva cerca de 6,7 millones de fieles.

Entre los bloques hay un abismo. Parafraseando a Sánchez, en su lado del muro hay 152 escaños en el mejor de los casos, que son prácticamente los que tiene Feijóo en solitario (lo que permitiría una hipotética investidura con la sola abstención de Vox y de Coalición Canaria, con la foto fija actual). En el del PP y Vox son 197.

El PSOE se deja casi 1,2 millones de votos en dos años y la ultraizquierda, 1,5 millones más. En total, 2,7 millones de votantes menos, un lastre con el que les sería materialmente imposible construir cualquier mayoría. Sumar está en nueve escaños y un 6 % de porcentaje de voto, según la media de encuestas. Podemos no pasaría de los cuatro diputados, con el 4,2 % de los apoyos. Su líder, Ione Belarra, ha sentenciado esta semana que la legislatura está «muerta», aunque desde el entorno de Sánchez replican: «Si realmente estuviera muerta, no se atreverían a decirlo».

Muerta o no, al menos sí está en un callejón sin salida, como ha venido contando este periódico. Sánchez se niega a convocar elecciones porque es consciente de que, en estas circunstancias, se iría directo a la oposición, según reconocen en la Moncloa. «Sigue habiendo un proyecto de país que compartimos con nuestros socios. Tenemos derecho a intentarlo. Seguimos creyendo que somos los más idóneos para luchar contra la corrupción», aseguran. «En un régimen de normalidad, que es lo que ahora no hay, ganamos las elecciones», añaden, mientras insisten en que tienen un mandato del Parlamento hasta 2027.

También ha descartado convocar una cuestión de confianza, puesto que sería poner a sus socios en una tesitura aún más complicada de lo que lo están. Cabe recordar que, tras la destitución de Cerdán, el presidente organizó una ronda de contactos con sus socios en la Moncloa en la que ninguno quiso darle su apoyo expreso. Podemos y el BNG ni siquiera acudieron y ERC, el PNV y Coalición Canaria pidieron que no hubiera fotos.

Y la moción de censura sigue siendo, hoy por hoy, una vía muerta. Carles Puigdemont aceptó hablar de ello con Feijóo, siempre y cuando el líder del PP se reúna con él en Waterloo. A lo que Feijóo se negó. El PNV tampoco está por la labor. De hecho, su relación con el PP se ha tensado aún más a raíz de la aparición de un empresario vinculado a los nacionalistas vascos en la trama. Se trata de Iñaki Alzaga, socio de Antxón Alonso, a su vez administrador único de Servinabar, la empresa que se benefició de adjudicaciones presuntamente amañadas del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Transportes.

Este viernes empezaron a declarar ante el juez Leopoldo Puente varios empresarios imputados por, supuestamente, haber pagado mordidas a la trama a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Ayer lo hicieron José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), que lo negaron todo. Y el lunes declararán Alonso y el exdirectivo de Acciona Fernando Alonso. A julio le quedan varios capítulos, en lo político y en lo judicial. Y ninguno bueno para el presidente.