Un militar durante una demostración táctica de fuerza futura dentro de la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería)

Un militar durante una demostración táctica de fuerza futura dentro de la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería)Europa Press

El PP y Vox rechazan en el Congreso una investigación sobre abusos y malos tratos en la 'mili'

Ambas formaciones señalaban a los impulsores de la proposición no de ley de pretender erosionar el prestigio de las Fuerzas Armadas por medio de un relato «sesgado» y «engañoso»

El Congreso ha rechazado instar al Gobierno a que investigue «exhaustivamente y de forma independiente» los supuestos abusos y malos tratos sufridos por los jóvenes durante el servicio militar obligatorio durante las décadas de 1980 y 1990, con los votos en contra del PP, Vox y UPN.

La proposición no de ley de Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG alegaba que «numerosos testigos» han denunciado durante los últimos meses «situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas» experimentadas por los reclutas en los cuarteles. Del mismo modo, mencionaban «numerosas muertes» producidas en «circunstancias no suficientemente aclaradas», así como más de 300 suicidios cifrados por el Ministerio de Defensa entre 1983 y 2001 —año de finalización de la 'mili'—.

Durante el debate, el diputado popular Carlos Alberto Sánchez calificaba el texto como un «ataque político» contra las Fuerzas Armadas y «una calumnia que busca desprestigiar» a la institución. Asimismo, aseveraba que «la narrativa de la vejación sistemática es falsa y exagerada» y la proposición no de ley le parecía «francamente ofensiva».

«Decir que el servicio militar obligatorio fue un común campo de concentración donde se abusaba sistemáticamente de miles de jóvenes es una distorsión histórica muy grave», decía, lamentando el intento de «convertir la 'mili' en una caricatura de tortura sistémica».

También advertía que los datos citados en el texto están «sacados de contexto» y resultan «engañosos», ya que los 1.900 fallecimientos «incluyen accidentes 'in itinere', accidentes en maniobra, entrenamientos con armas y vehículos y enfermedades». «Mezclar armas y tragedias personales, problemas de salud mental previos y accidentes con una supuesta política de maltrato sistemático no busca la verdad: es fabricar un relato victimista».

«La memoria no puede ser selectiva»

Del mismo modo, el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, el general Alberto Asarta, ha afirmado que la iniciativa no es «un ejercicio sincero de búsqueda de la verdad», sino un «relato político sesgado para intentar erosionar el prestigio» de las Fuerzas Armadas. Reconociendo que podrían existir casos aislados que condenaba, lamentaba la intención de «convertir episodios concretos, muchos de ellos ya investigados en su momento, en una causa general».

Al igual que Sánchez, señalaba la «hipocresía» de los firmantes, que «no han condenado con la misma contundencia a quienes asesinaron a militares, guardias civiles y servidores públicos» y siguen sin reclamar el esclarecimiento de más de 300 asesinatos de la banda terrorista ETA. «La memoria no puede ser selectiva», sentenciaba.

La portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, ha trasladado el apoyo socialista a la iniciativa, pero ha pedido delegar la investigación únicamente en el Defensor del Pueblo, alegando que reforzaría la «imparcialidad» del trabajo, como ha ocurrido con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.

Los socialistas han presentado una enmienda en ese sentido, que proponía suprimir el resto de puntos de la iniciativa, y al no ser aceptada se han inclinado por la abstención.

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