La lapa estratégica: la coartada del molusco

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable a la ampliación del puerto de Melilla para defender una colonia de lapas de alto interés ecológico. En cualquier ciudad peninsular podría presentarse como una discusión técnica sobre impacto ecológico, costes o alternativas de ingeniería. En Melilla, sin embargo, todo pesa más: la geografía, la frontera, la dependencia logística y la evidente presión marroquí están ahí.

Por eso cuesta aceptar que una infraestructura llamada a reforzar la economía de la ciudad quede bloqueada por una lectura estrictamente ambiental, presentada como neutral. La resolución se apoya sobre todo en la protección de la Patella ferruginea, la lapa ferrugínea. Su conservación es jurídicamente relevante y ecológicamente respetable. No parece sensato arrasar el litoral en nombre de la geopolítica; pero tampoco parece razonable que el Estado convierta ese argumento en motivo suficiente para paralizar una actuación estratégica sin ofrecer una alternativa equivalente, viable y urgente.

La reacción en Melilla lo refleja con claridad. El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha interpretado el rechazo como lo que es: un freno a una iniciativa clave para el desarrollo económico. Pero reducir el debate a una discrepancia local sería quedarse corto. Aquí no estamos ante un conflicto técnico, ni siquiera ante un desacuerdo político ordinario. Estamos ante una decisión que encaja, demasiado bien, en un patrón.

Melilla vive desde hace años un estrangulamiento económico progresivo. La aduana comercial, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018 y reabierta formalmente en 2025, sigue sin recuperar una normalidad real. La frontera funciona menos como espacio de intercambio que como palanca política: se abre, se ralentiza o se limita según cálculos que no son solo administrativos. El resultado es evidente: pérdida de actividad, desconfianza y una dependencia funcional del país vecino que reduce la autonomía práctica de la ciudad.

En ese contexto, el proyecto del puerto no era solo la mejora de una obra pública: era una pieza de resistencia económica y de afirmación estratégica. Ampliar la capacidad portuaria significa mejorar las conexiones, atraer actividad, generar espacio económico y reducir la vulnerabilidad derivada de una frontera terrestre sometida a vaivenes. Es, en definitiva, dar oxígeno a una ciudad cada vez más ahogada.

La comparación con Marruecos es inevitable. Mientras España examina con lupa ambiental una ampliación en Melilla, Marruecos despliega una política portuaria de gran escala. Tánger Med ha alterado el equilibrio logístico del Estrecho; Nador West Med, en el entorno inmediato de Melilla, puede atraer flujos, inversión y actividad hacia el lado marroquí; Dakhla Atlantique proyecta hacia el Atlántico y el Sahel una visión que integra economía, territorio, diplomacia y relato nacional. La lapa marroquí no parece haber sufrido con esta política.

Rabat ha entendido que los puertos no son solo muelles, grúas y contenedores: son instrumentos de poder. Ordenan territorio, atraen inversión, fijan población, proyectan influencia y refuerzan soberanía. España, en cambio, parece empeñada en tratar sus infraestructuras en Ceuta y Melilla como asuntos locales, sometidos a una lógica burocrática y defensiva. Marruecos acumula capacidades; Madrid acumula expedientes. Unos convierten la costa en política de Estado; otros convierten la política de Estado en una nota ambiental.

No se trata de negar a Marruecos su derecho a desarrollar infraestructuras. Lo tiene y, además, lo ejerce con inteligencia estratégica. La pregunta es si España posee una política equivalente para proteger la viabilidad económica de sus ciudades norteafricanas, o si confía en que la buena voluntad diplomática, la retórica europeísta y una prudencia cercana a la cobardía basten para compensar una presión estructural sostenida.

La respuesta que ofrece la decisión sobre el puerto no tranquiliza. El Gobierno parece asumir que defender intereses españoles puede subordinarse indefinidamente a la comodidad de no incomodar, no decidir y no arriesgar. La lapa se convierte así en una excusa perfecta: pequeña, protegida, técnicamente respetable y retóricamente útil. Permite presentar como virtud ambiental lo que en la práctica revela falta de voluntad política. Permite ocultar la renuncia bajo el lenguaje de la sostenibilidad. Permite no decir que no se quiere diciendo, simplemente, que no se puede.

La ironía es evidente. Se protege una especie adherida a la roca mientras se debilita una ciudad adherida a España. Se invoca la biodiversidad –con razones ambientales que existen y no deben despacharse a la ligera– mientras se ignoran intereses nacionales económicos, territoriales, marítimos y sociales. Se salva la lapa, pero no se ofrece una solución para el puerto, para la aduana, para la actividad económica ni para el futuro de Melilla. La ecología, usada selectivamente y sin respuesta estratégica equivalente, deja de ser política ambiental y se convierte en coartada.

En los Baños del Carmen, en Málaga, donde el Ministerio de Transición Ecológica impulsa una actuación litoral de interés urbano, recreativo y paisajístico, también apareció la lapa ferrugínea. Allí, sin embargo, se buscó una solución ambientalmente compatible: autorizar el traslado de los ejemplares afectados para poder ejecutar la obra. Es cierto que mover unas decenas de lapas malagueñas no es comparable a afrontar la presencia de más de veinte mil ejemplares en Melilla. Pero precisamente por eso la cuestión no debería agotarse en una negativa. Si ante una playa peninsular se exploran soluciones técnicas, ante una infraestructura de alcance económico y estratégico para Melilla el Estado debería estar obligado, al menos, a ofrecer una alternativa proporcional, financiada y de ejecución urgente.

España necesita política de Estado. En Ceuta y Melilla, esa política debe combinar cooperación con Marruecos, firmeza estratégica, inversión sostenida, presencia institucional y capacidad de respuesta. La cooperación es necesaria; la ingenuidad, no. La buena vecindad es deseable; la aceptación pasiva de una interdependencia asimétrica, no. La prudencia puede ser virtud; la parálisis, aunque venga perfumada de ecologismo, tampoco.

La lapa ferrugínea no tiene la culpa de nada. Cumple su función biológica, firmemente adherida a la roca. El problema es que el Gobierno parece haber decidido imitarla: quedarse inmóvil, pegado al expediente, esperando que la marea estratégica pase sin tomar decisiones. Pero Melilla no puede permitirse esa inmovilidad. Una ciudad sometida a presión necesita aire, puerto, comercio, inversión y respaldo nacional. Necesita que el Estado actúe como Estado.

Cuando una lapa pesa más que una ciudad, el problema no es solo ambiental; es político. Y cuando esa decisión contribuye, aunque sea por omisión y falta de alternativa, al estrangulamiento económico de Melilla, deja de ser una anécdota administrativa para convertirse en síntoma de algo más grave: la falta de voluntad del gobierno de España para defender, con inteligencia y firmeza, sus propios intereses estratégicos. No se trata de elegir entre la lapa y Melilla. Se trata de exigir que el Estado tenga la voluntad y la decisión de proteger el futuro de una ciudad española sometida a presión.

Juan Bautista Sánchez Gamboa es analista del Instituto para el Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria.