Una lapa protegida enfrenta a Melilla y al Gobierno al frenar la ampliación del puerto

Melilla lleva años pidiendo una ampliación de una de sus principales vías de comunicación y comercio: su puerto marítimo. En 2018, el por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la inversión de 300 millones de euros para ese proyecto. No obstante, antes de ello debería superar una evaluación de impacto ambiental.

La actuación contemplaba la construcción de una nueva explanada de 25 hectáreas protegida por un dique de 2,4 kilómetros, así como importantes dragados marinos y nuevas infraestructuras portuarias.

Una obra que, a día de hoy, no parece que vaya a comenzar, ya que el resultado de esta evaluación ambiental ha sido negativa. El principal motivo del rechazo es el grave impacto ambiental que la obra tendría sobre la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), una especie marina catalogada «en peligro de extinción» y considerada uno de los invertebrados más amenazados del Mediterráneo occidental. La escollera del actual dique nordeste del puerto alberga una de las poblaciones más importantes de España, con más de 22.000 ejemplares adultos, alrededor del 20 % de toda la población nacional.

Los informes científicos incorporados al expediente concluyen que la ampliación alteraría de forma permanente el hidrodinamismo de la zona, reduciendo aproximadamente un 70 % el oleaje y un 40 % la velocidad de las corrientes marinas. Además, las obras provocarían un aumento prolongado de la turbidez del agua durante la fase de construcción y también durante la explotación de la nueva dársena.

Según los especialistas consultados por el Ministerio para la Transición Ecológica, estos cambios degradarían de forma irreversible el hábitat de la lapa ferrugínea y de otras especies protegidas presentes en la zona, como Dendropoma lebeche y Astroides calycularis. Los expertos advierten de que la población de lapa ferrugínea podría sufrir una reducción de entre el 85 % y el 99 % de sus ejemplares en pocos años, comprometiendo gravemente su capacidad reproductiva y su supervivencia.

Tras analizar toda la documentación técnica, las consultas realizadas y las alegaciones presentadas por el promotor, el órgano ambiental considera que no existen garantías suficientes para evitar, corregir o compensar adecuadamente estos impactos. Por ello, el Ministerio emite una resolución desfavorable que impide la ejecución del proyecto en los términos planteados.

Choque entre la ciudad y el Estado

Desde el gobierno de la ciudad autónoma, su presidente Juan José Imbroda recalca que el proyecto dispone de los estudios técnicos y estratégicos necesarios y podría ejecutarse en un plazo aproximado de cuatro años. Quienes respaldan la actuación consideran que el interés general asociado a la ampliación debería prevalecer y reclaman al Gobierno central una solución que permita compatibilizar la protección ambiental con la ejecución de una obra que consideran clave para el futuro de Melilla.

Ya hace unos meses, las obras de mejora del puerto se vieron paralizadas debido a la presencia de lapas, lo que obligaba a la ciudad autónoma a gastar 100.000 euros para trasladar 15 de estos ejemplares protegidos, lo que suponía un coste aproximado de 6.000 euros por cada lapa.

Imbroda recalcaba entonces que la balanza «no se incline de un lado», apuntando cuestiones vitales como el paro o el índice de pobreza. El popular defendía la protección y el amor por la naturaleza, pero apuntaba que en Melilla no hay ningún problema de extinción, ya que existen 45.000 lapas en la ciudad.

La batalla de la ciudad autónoma por ampliar su puerto, por ende, continuará en los próximos meses, pese a la negativa del Gobierno central.