El juez Villares frenó eólicos tras la denuncia de una activista que incluyó en sus listas cuando era político

Luis Villares, ahora juez en el Tribunal Superior de Justicia Gallega (TSXG), se presentó en las elecciones del año 2016 como candidato de la formación de izquierdas En Marea, a la presidencia de la Xunta de Galicia. Al término de la legislatura, Villares decidió abandonar la política y reincorporarse como magistrado al Tribunal gallego.

Desde entonces, su papel en el freno de los parques eólicos gallegos –a pesar de los varapalos del Tribunal Supremo– le ha convertido en una figura polémica al haber estado vinculado, previamente, con asociaciones ecologistas que luchaban contra su instalación.

Dentro de estas paralizaciones, existen más de una veintena en respuesta a las denuncias interpuestas por Ecoloxistas en Acción Galicia, ahora denominados Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde. Esta asociación está presidida por Nery Díaz Prieto. Díaz fue seleccionada por el ahora juez para formar parte de su lista electoral –en el puesto 12– con la que acudió a las elecciones autonómicas como cabeza de lista de En Marea.

El Debate ha tenido acceso a una larga lista de procesos en los que el recurrente es esta asociación y cuya intención es la suspensión por cuestión prejudicial de distintos parques eólicos.

Concretamente, es la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) la encargada de atender estos asuntos. En ella está presente Villares junto a otros jueces que deciden el futuro inmediato del eólico.

'Ecoloxistas Galiza'

Ecoloxistas Galiza se define como una entidad que «entiende que los problemas ambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado que necesita ser transformado si quiere evitar la crisis ecológica». En su página web apunta que recibe 0 euros en subvenciones y que se mantiene gracias a las aportaciones de voluntarios.

Su presidenta, Nery Díaz, también se presentó a las elecciones generales del mismo año como candidata de Equo Lugo para el Senado siendo cabeza de lista de la provincia en la lista de En Común Unidas Podemos. Díaz se autodefine como activista ecofeminista y aseguró que su principal objetivo era que más gente supiese que había una opción política «eco-feminista».

Villares como político

En el año 2019, la coalición ultraizquierdista En Marea formada por Anova, Podemos e Izquierda Unida, se convirtió en abanderada de la lucha contra el desarrollo de los parques eólicos. La cara visible de ello fue, precisamente, Luis Villares que pidió de manera pública, por ejemplo, la «paralización inmediata» del parque de Sasdónigas.

En la actualidad, Villares cuenta con la potestad de paralizar parques eólicos. De hecho, así lo ha hecho a pesar de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado de manera recurrente y en contra de esta decisión de la Justicia gallega.

En marzo de este mismo año, el Alto Tribunal consideró que el hecho de que dos o más instalaciones de parques «compartan instalaciones de conexión» no comporta, ineludiblemente, que se deba considerar «la existencia de un único proyecto de parque eólico a efectos de su evaluación medioambiental, sino que habrá que examinar en cada caso las circunstancias concurrentes».

De este modo, ha delimitado el concepto de fragmentación, que ha generado polémica en los últimos años y al que han apuntado varias asociaciones ecologistas. Los magistrados consideran que «habrá que examinar en cada caso las circunstancias concurrentes, a la luz de la normativa y de la jurisprudencia aplicables».

De promotores a ecologistas

La pasada semana, El Debate también publicó la vinculación entre antiguos promotores de los parques con el actual ecologismo gallego. Concretamente, una empresa fundada por el que ahora es activista visible de ADEGA –el grupo ecologista más importante de Galicia– fue adjudicataria de un contrato para la gestión de este tipo de parques por parte del bipartito formado por PSOE y BNG.

En 2011, INESGAL, la empresa anteriormente mencionada, presentó una demanda contra la anulación del procedimiento del que hubiesen resultado beneficiados. La firma Montserrat María Calvo Ríos, pareja de Abel Vilela y miembro del bufete de abogados LESEO.

Este bufete, actualmente uno de los más activos en la lucha contra los parques eólicos en Galicia, tenía como administradores a Óscar Insúa y Alberte Souto, miembros del BNG. Concretamente, Insúa es diputado en el Parlamento de Galicia desde las pasadas elecciones autonómicas, momento en el que abandonó el bufete. Por su parte, Souto fue secretario general de la Consejería de Medio Rural durante el bipartito y ha sido asesor del partido en el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento autonómico.

De hecho, en su época universitaria Villares coincidió en distintas protestas y manifestaciones organizadas por los CAF (Comités abiertos de la Facultad - un grupo izquierdista nacionalista estudiantil que protagonizó distintos momentos tensos durante su existencia) con el propio Insúa.