Así actuaba la red de explotación sexual en Orense: captación de vulnerables, «pruebas» de sexo y control de menores

Cuatro presuntos integrantes de una red criminal en Orense se enfrentan a una petición fiscal de 71 años de cárcel. Se les acusa de liderar una estructura dedicada a la explotación sexual de mujeres y menores de edad que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.

En concreto, el Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de pertenencia a grupo criminal, así como 14 años de prisión para tres de los acusados por dos delitos de inducción y favorecimiento a la prostitución, y tres años de cárcel para uno de los acusados por un delito de corrupción de menores.

Fiscalía solicita también el pago de una indemnización de manera conjunta y solidaria de un total de 25.000 euros y de 30.000 euros a dos de las menores interceptadas para la trama sexual.

Según se recoge en el escrito fiscal, los cuatro acusados, actuando de manera coordinada y conocedores de mujeres en situación de necesidad y vulnerabilidad, una vez se ganaban la confianza de estas, les proponían ejercer la prostitución, quedándose estos con un porcentaje de sus ganancias.

Captación de mujeres

En concreto, uno de los acusados, residente en Orense, se encargaba de acoger en su domicilio a mujeres en esta situación y, transcurrido un tiempo, les presentaba a una de las procesadas, que se ocupaba de proponer a estas el ejercicio de la prostitución.

Una vez que las mujeres accedían, la acusada y un tercer inculpado las recogían, y un cuarto procesado llevaba a cabo una «prueba» con ellas para el ejercicio de la actividad sexual, manteniendo con ellas relaciones sexuales. Si estas pasaban la prueba, los tres acusados concertaban una cita con futuros clientes y pasaban a ejercer la prostitución quedándose el grupo criminal con parte de las ganancias.

Asimismo, el encargado de «probar» los servicios actuaba como buscador de potenciales víctimas a través de anuncios de contactos sexuales en páginas web, concertando citas con mujeres para «valorar» si estas eran «válidas» para la actividad sexual, siendo este el encargado de gestionar y controlar sus servicios con los clientes y obteniendo por ello cerca del 4 0% del precio de dicho servicio.

Contacto con menores

Así las cosas, el primero de los acusados con residencia en Orense, conoció a dos menores en enero de 2021, que tenían 16 años en el momento de los hechos, las cuales se encontraban fugadas del Centro de Menores de Montealegre, «sin domicilio, sin comida y sin dinero», ofreciéndose a mantenerlas en su vivienda «sin avisar a las autoridades competentes».

Las menores permanecieron en dicho domicilio varios días hasta que les presentaba la acusada, «como era habitual», para que esta les ofreciese dedicarse a la prostitución, explicándoles el funcionamiento de dicha actividad, el precio del servicio y las posibles ganancias.

Al negarse ambas a dicha oferta, el primer procesado las expulsa de su domicilio, pero una de ellas acaba accediendo finalmente a la propuesta. Así, le dan instrucciones y le envían dinero para que esta se trasladase hasta Santiago, en donde le informan de un primer servicio con el cuarto inculpado, encargado de llevar a cabo las «pruebas».

Por ello, el 21 de enero de ese año, cerca de las 21.30 horas, la víctima mantuvo «todo tipo de sexo» con el acusado, incluyendo sexo vaginal y oral, y recibiendo una cantidad de 50 euros por dicho servicio.

Una vez finalizadas las relaciones sexuales, los acusados le explicaron que ese primer encuentro había sido una «prueba» con el que «llevaba todo el tema para comprobar si era válida para trabajar en la prostitución», explicándole además «lo que había hecho bien y mal» en la prestación de dicho servicio.

Así, el grupo concertó a la menor un nuevo servicio, indicándole donde se encontraban los preservativos, donde guardar el dinero y todo lo que debía hacer, recibiendo finalmente 120 euros por la actividad sexual, y recibiendo órdenes de un nuevo servicio posterior, que no pudo cumplimentar.

En estas fechas, los acusados encargados de interceptar y trasladar a las menores, viajaron desde Santiago a Orense en autobús con la víctima y con otra menor con el propósito de dirigirse a la vivienda del primer acusado en Orense, y alquilar en la ciudad un apartamento para llevar a cabo los servicios, siendo interceptadas por la Policía, que intentaba localizar a la menor.

Así las cosas, tras un auto judicial del 28 de junio de 2021, los agentes procedieron a la entrada y registro de los domicilios de los acusados en Santiago de Compostela, incautándose, entre otras cosas, de una libreta en la que aparecían anotados lugares, fechas y cantidades de dinero.