El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía
Galicia blinda su hoja de ruta con 52 medidas clave tras tres días de debate parlamentario
El Debate sobre el Estado de la Autonomía termina con una confrontación total en materia de sanidad y vivienda
Galicia ya tiene marcada su hoja de ruta para la segunda mitad de mandato. Después de tres intensas jornadas de confrontación dialéctica en el Parlamento, el Debate sobre el Estado de la Autonomía concluyó este viernes con la aprobación de 52 propuestas de resolución que definirán la acción del Gobierno de Alfonso Rueda.
El balance final arroja un escenario de división —habitual en este tipo de citas y en estos tiempos— marcado por las visiones contrapuestas de la Xunta y la oposición sobre la realidad gallega. No obstante, el debate también dejó espacio para algo de consenso al lograrse la unanimidad en once propuestas de resolución, una menos que en la edición anterior.
La sorpresa saltó en la jornada de cierre de la mano del BNG, que respaldó la propuesta de resolución del PP para reconocer a las víctimas del terrorismo de ETA y sumarse a la petición para instar a las administraciones a promover cambios legislativos que obliguen a los condenados por terrorismo a colaborar en el esclarecimiento de los atentados pendientes.
En el ámbito económico, los nacionalistas dieron el visto bueno a una resolución de los populares para que Galicia asuma el control de los fondos europeos asignados a la comunidad y la transparencia de su ejecución. Por su parte, el grupo mayoritario de la Cámara (y el resto de partidos) aceptó una propuesta del BNG para diseñar, antes de que termine el año, un plan de gestión integral del agua. Este documento abordará la planificación hidrológica, la protección de los ecosistemas y la necesaria adaptación ante el cambio climático.
Como era previsible, la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia permitió que el grueso de las propuestas aprobadas fueran las de su propio grupo, muchas de ellas centradas en exigencias al Gobierno central. Sin embargo, el punto de mayor entendimiento de los populares ha sido, un año más, con el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, con quien han cerrado cuatro transacciones y sacado adelante cinco de sus iniciativas.
Rechazo frontal al modelo de la Xunta
Una sintonía que dista mucho de la mostrada con el PSOE y el BNG, con quienes la brecha es cada vez más profunda. La financiación autonómica, el refuerzo de la sanidad y las políticas de vivienda fueron los ejes que mayor confrontación generaron durante el debate.
La medida estrella de Rueda —la creación de unidades especializadas para el control de las bajas por dolencias musculoesqueléticas y psiquiatría menor— centró buena parte del discurso de la oposición a pesar de que Galicia es la segunda comunidad con la tasa de bajas laborales más alta del país.
La portavoz del BNG, Ana Pontón, lideró la ofensiva contra el plan de absentismo, denunciando que la medida busca «tratar a los trabajadores como vagos y maleantes» para beneficiar a «empresas amigas». Pontón, que definió a Rueda como el «presidente del estancamiento», censuró la «dejadez e incapacidad» de la Xunta.
Galicia cierra así un debate marcado por dos visiones contrapuestas: la de una Xunta instalada en la estabilidad institucional y la de una oposición que denuncia una degradación progresiva del sistema sanitario y educativo de la comunidad.
