Una empleada bancaria estafa 250.000 euros a su familia y elude la cárcel alegando adicción a las «compras compulsivas»

Una exempleada del Banco Santander en Monterroso (Lugo) ha aceptado este martes cinco años de prisión tras declararse culpable de estafar 250.000 euros a cuatro familiares. El acuerdo de conformidad alcanzado a última hora entre las partes ha evitado la celebración del juicio, que estaba fijado para este miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo.

El pacto judicial ha tenido en cuenta la concurrencia de una circunstancia atenuante de adicción, vinculada al consumo continuado de cannabis, y a las patologías psiquiátricas derivadas de dicha dependencia. Según se ha expuesto ante el tribunal, la mujer padecía un trastorno bipolar y un cuadro de depresión grave. Esta delicada situación clínica le provocaba severas conductas compulsivas que desencadenaron una adicción incontrolable a las compras, un factor clave que la defensa utilizó para justificar el desvío de los fondos familiares.

Actualmente, la exempleada del banco se encuentra en tratamiento de deshabituación, permanece en abstinencia y continúa bajo seguimiento psiquiátrico especializado.

Manipuló contratos y documentos

Según la acusación, la mujer, que era agente de un banco en su localidad, gestionó el dinero de sus tíos y primos entre los años 2012 y 2019. En ese tiempo, como describe la Fiscalía, «fingiendo realizar sus funciones como agente», realizó presuntamente actuaciones con activos y depósitos, manipulando contratos y documentos bancarios con el objetivo de lucrarse personalmente.

Se le imputa el cobro de cheques y la solicitud de varios préstamos, entre otras acciones, por las que los cuatro familiares que se querellaron reclamaban un total de 250.000 euros.

Como resultado de la conformidad alcanzada, la acusada fue condenada a dos años y seis meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos, además de dos multas de 1.600 euros. Asimismo, deberá indemnizar a las víctimas con cantidades de 78.400, 65.920, 3.300 y 3.300 euros, respectivamente, que serán abonadas por el banco como responsable subsidiaria.

La sentencia acordada contempla también la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, una medida adoptada al carecer la condenada de antecedentes penales y debido a la necesidad de que continúe con su proceso terapéutico.

Durante un periodo de cinco años no podrá cometer ningún nuevo delito y estará obligada a mantener el tratamiento médico y psiquiátrico prescrito, sin posibilidad de abandonarlo. En caso de incumplir estas condiciones, podría perder el beneficio de la suspensión y verse obligada a ingresar en prisión.