El Ayuntamiento de La Coruña vuelve a embargar parte de la pensión a una mujer por las deudas de su okupa: «Es cruel»

Tener una casa okupada durante años es frustrante. La permisividad de la ley, agravada por el decreto aprobado por el Gobierno que favorece la okupación, hace que muchos propietarios se encuentren en una posición desesperada. Para personas como Pilar, que ha intentado por todos los medios librarse de su inquiokupa, la historia empeoró cuando le llegó el primer embargo de su pensión. La razón: las deudas en las facturas de agua de la que un día fue su inquilina y ahora okupa su piso situado en La Coruña.

A pesar de que los embargos debían cesar tras la presentación de una denuncia por coacción a su inquilina que le pidió 10.000 euros para irse de la casa, Pilar ha recibido un nuevo cargo. La razón es que el embargo se emitió antes de la presentación de la misma y el consistorio no ha cancelado la orden.

«Es triste y es cruel», se queja Pilar que asegura que denunciará al Ayuntamiento porque está cansada de mantener lo que, según ella, «debían hacer los servicios sociales». «Después de 5 años estoy desesperada porque nadie hace nada. Yo cobro mi pensión y es el único ingreso porque el otro ingreso es la renta y no lo cobro desde hace años», añade. «Esta sinvergüenza no debería ser mi problema», asevera.

La historia

Todo comenzó cuando Pilar y su marido decidieron alquilar su casa de La Coruña, un piso céntrico y con tres dormitorios. La inquilina aseguraba que nadie le quería alquilar un piso por su país de origen. «Yo no estaba muy conforme pero terminé aceptando», recuerda Pilar cuyo marido falleció en mayo de 2020. «Fue en ese momento cuando dejó de pagar», cuenta añadiendo que aportó algunas cuotas a través de las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad.

Después de cinco años okupando la casa, pidió 10.000 euros para abandonar el piso. «Me piden una fianza de casi 10.000 euros y estoy discapacitada para trabajar», relató a una persona cercana a la dueña la okupa que asegura que ese dinero se invertirá en pagar la fianza de otra casa porque el dueño de ese inmueble «no se fía».

El desorbitado acuerdo al que pretende llegar supondría que la dueña de la casa, que no ha podido hacer uso de su inmueble durante los últimos cinco años tenga, además, que desembolsar 10.000 euros para recuperar sus llaves. La propietaria se negó a pagar ese dinero y continúa con su lucha judicial.