El agua del grifo en Córdoba: un servicio de calidad a un precio cuestionado

Si cualquier debate sobre la actualización de precios de los servicios públicos levanta las pasiones políticas, el que se lleva la palma, sin lugar a dudas, es el relativo al de las tarifas de agua potable. El pleno ha dado vía libre a una subida de precios del diez por ciento, que se aplicará a partir de mayo, y que, como era de prever, ha provocado el rechazo de la oposición, que en bloque ha votado que no.

La subida del año pasado fue de un cinco por ciento y la aprobada ayer de un diez por ciento. El presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), Daniel García-Ibarrola, ha calificado de «necesidad imperiosa» esta medida, no sólo para Córdoba sino «para toda España y toda Europa». ¿Las causas? No son otras que la infinidad de medidas medioambientales que hacen que las empresas de suministro de agua y de saneamiento tengan que realizar unas fuertes inversiones para una infraestructura que cada vez es más exigente.

Exceso de normativa

Sobre las normativas, el edil ha señalado la influencia en esta materia de tres decreto -dos de 2023 y uno de 2024- así como dos directivas europeas que inciden directamente en el incremento de la gestión de este servicio público por la implantación de nuevos requisitos que encarecen su gestión y provocan el desequilibrio financiero.

Todas las formaciones políticas que han pasado por el gobierno de la ciudad han tenido clara la necesidad de cuidar el funcionamiento de Emacsa y de hacer que sea puntera en su sector, como efectivamente lo es. Esto hace que esté inmersa en un constante periodo de actualización.

Por ejemplo, en estos momentos está inmersa en un plan de inversiones a desarrollar entre 2023 y 2033 por importe de 543 millones de euros, una cifra muy parecida a la del presupuesto consolidado del Ayuntamiento para este año. En este paquete está incluido el tanque de tormentas que se construye en el Balcón del Guadalquivir, por importe de 22 millones de euros, con la finalidad de recoger las aguas pluviales para una posterior depuración.

En el debate celebrado en el pleno, García-Ibarrola ha repetido en varias ocasiones que «el agua sigue siendo gratis», que su precio no se sube y que lo que sí se incrementa son los gastos de gestión, con son la depuración, la distribución y la recogida. Como ejemplo, el concejal ha expuesto el dato del coste que le supone a la empresa el mantenimiento de los 1.200 kilómetros de la red de abastecimiento o de los 900 kilómetros de la de saneamiento.

El concejal, aún así, ha defendido que el precio del metro cúbico del agua en Córdoba está por debajo de la media nacional. Los cordobeses lo pagan a 1,8 euros, mientras que en España la media es de 2,3 euros y en Europa asciende hasta los 3,1 euros, casi el doble que en Córdoba.

La visión de la oposición

La oposición municipal no lo ve de la misma manera y por eso ha votado el bloque de forma negativa. Desde el PSOE, José Antonio Romero, ha apuntado que esta subida hace que el PP haya subido el recibo del agua un 18 por ciento desde que llegó al poder en 2019, apuntando que esta decisión obedece «a una falta de gestión» y ha anunciado que su grupo presentará una serie de alegaciones.

Desde Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha calificado de «desmesurada» esta medida, señalado que supone «un castigo para la mayoría social y no para las empresas». También ha reclamado que se fomente la implantación de los contadores individuales, para que en cada hogar se pague realmente lo que se consuma.

Desde las filas de Vox, su portavoz, Paula Badanelli, ha justificado su voto en contra en que el gobierno local «tiene una voracidad económica increíble en un momento pésimo para la sociedad» y ha explicado que «lo que sube el agua es su incapacidad para gestionar, su insuficiencia en la gestión».