«Andalucía ha despertado en estos últimos años»

l verano del membrillo ha desaparecido en su despacho del edificio de la calle Gondomar, donde el aire acondicionado enfría con mucha eficacia un mediodía de septiembre con cuerpo de julio. En unos minutos el termostato estabiliza la temperatura ambiental aunque ha subido en la profusión discursiva de Agustín López (Málaga, 1987), sentado en un sofá rodeado de libros, papeles y datos. Los números y los argumentos los tiene en la cabeza, pero se apoya, con talento cabal y analógico, en un cuaderno lleno de apuntes, señales de un código personal que acaban resumiendo una larga jornada.

La biografía oficial de su perfil en la página de la Junta dice que es licenciado en Derecho, Máster en Derecho Autonómico y Local y en Abogacía por la Universidad de Córdoba. Ha sido abogado en Martínez-Echeverría Asociados y, desde 2017 hasta la actualidad, abogado asociado en Montero-Aramburu Abogados. Además, desde 2021, ha desempeñado el puesto de presidente de la Comisión de Actividades del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

También con carácter oficial, la administración autonómica (el Gobierno de Juanma Moreno) defiende que en los últimos 6-7 años, Andalucía se ha consolidado como un valor refugio para la inversión extranjera, con más de 5.000 millones de euros captados. Al mismo tiempo, la comunidad ha experimentado un notable crecimiento de su producción industrial, muy por encima de otras regiones de España. Solo en el último año, la producción industrial andaluza ha aumentado un 19%, frente al 4,9% de la media nacional, el 2,7% de Cataluña y el 3,5% de la Comunidad de Madrid.

Córdoba también juega en ese escenario de números positivos y dinámicas casi inimaginables hace algunos años. Hay gente que tira del carro para eso. Este delegado es uno de ellos.

- ¿Sería más adecuado decir que estamos en la Delegación de Reindustrialización?

-Es un término muy adecuado. Tengo el honor de ostentar esta responsabilidad desde hace tres años, como titular de una delegación que aglutina dos consejerías: Economía, Hacienda y Fondos Europeos, e Industria, Energía y Minas. Ambas están muy presentes en el día a día de muchos temas que son clave para Córdoba y su provincia. Dentro de ellas, la política y el fomento industrial ocupan una parte muy importante de nuestro trabajo. No solo por los programas de incentivos que gestionamos —como los incentivos económicos regionales, el Fondo de Transición Justa o la orden de infraestructuras básicas, a los que se sumarán en breve nuevas convocatorias en materia de eficiencia energética—, sino también por la gestión directa que realizamos a través de la agencia TRADE en Córdoba. Esta agencia, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, mantiene abiertas ahora mismo cuatro líneas de ayuda a disposición de las empresas, en su mayoría industriales. Una de ellas está orientada a proyectos de I+D+i, y ayer mismo en Sevilla se presentó una nueva orden destinada a la internacionalización de las empresas, que sin duda apoyará a las andaluzas y también a las cordobesas. Por eso creo que hablar de reindustrialización es un término acertado, y además nos gusta destacar esa faceta industrial de Andalucía.

- Hasta hace poco, la imagen de Andalucía estaba muy vinculada al sector primario, a la agricultura y la ganadería. En el imaginario colectivo todavía no existe del todo la idea de una Andalucía industrial.

- Andalucía se ha visto siempre como una tierra muy volcada en el sector agroalimentario. Somos líderes mundiales en muchos productos y, desde luego, no es un sector del que reneguemos, sino todo lo contrario: debemos sentirnos orgullosos, apoyarlo desde la Administración y fomentar las sinergias con otros sectores industriales. También se nos identifica como una potencia turística y cultural, pero desde hace años, concretamente desde que comenzó el Gobierno de Juanma Moreno, la apuesta es que otro vector de desarrollo importante sea también la industria. Tenemos un potencial enorme, mucho talento en las empresas cordobesas y andaluzas, algo de lo que he podido ser testigo en estos años. Además, los datos avalan este crecimiento y confirman que Andalucía puede ser una potencia industrial. Estamos en condiciones de mirar de tú a tú a otras comunidades autónomas que históricamente han tenido un peso industrial mucho mayor. Hoy contamos con las capacidades y, sobre todo, con la ambición de que se nos reconozca también como una región industrial.

- ¿Cuál ha sido en estos años la línea estratégica de la Junta de cara al sector industrial, en una comunidad tan dependiente del sector primario?

- Hay que verlo desde la globalidad de la acción del Gobierno. En primer lugar, hemos apostado por una política fiscal atractiva, con sucesivas bajadas de impuestos: desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta se han producido seis. Una baja fiscalidad es muy importante para que las empresas se fijen en un territorio. En segundo lugar, la simplificación administrativa. Es clave que relacionarse con la Administración no sea un obstáculo, sino un trámite ágil y normal para cualquier ciudadano o empresario. Otro factor determinante es la estabilidad institucional. Mientras en el Gobierno central esa estabilidad brilla por su ausencia, en Andalucía tenemos un Ejecutivo que aprueba sus presupuestos año tras año. Eso genera certidumbre y confianza para el inversor, igual que la seguridad jurídica: aquí no se cambian leyes o normas continuamente, lo que da tranquilidad a quien quiere poner en marcha un proyecto o ampliar su industria.

El diálogo social es otro pilar fundamental. Y ya en el terreno estrictamente industrial, hemos diseñado una política basada en 19 cadenas de valor identificadas en toda Andalucía, tanto por sectores como por territorios. El objetivo es que los instrumentos de ayuda —subvenciones o incentivos— estén realmente adaptados a las necesidades del empresario. Para ello hemos trabajado muy cerca del terreno, con contacto directo con asociaciones, representantes y empresas. Desde el Gobierno y la Consejería se ha mantenido una relación constante con el tejido productivo, porque al final son las empresas quienes crean empleo, riqueza y bienestar. La Administración debe limitarse a ofrecer un marco estable y herramientas útiles, mientras que el papel de motor de crecimiento y generación de empleo corresponde a la iniciativa privada.

—Esa línea estratégica, ¿cómo se concreta en la provincia de Córdoba?

—La provincia presenta un panorama muy favorable. Si miramos el dato interanual, el empleo industrial está creciendo en torno al 30 %. Es cierto que partimos de una situación más baja que otras provincias, pero no deja de ser significativo que el crecimiento sea tan elevado. Además, contamos con proyectos tractores muy relevantes. El más destacado es la base logística del Ejército de Tierra, cuya obra de urbanización avanza a buen ritmo y en breve iniciará la construcción de los edificios. La Junta de Andalucía participa activamente en este proyecto, tanto con la aportación de suelos y una inversión de 100 millones de euros, como con programas formativos ya diseñados e incorporados a la oferta de FP. Estos ciclos formativos prepararán a los futuros trabajadores de la base y de toda la industria auxiliar que la acompañará.

Córdoba también tiene un peso notable en los instrumentos de apoyo de la Junta. Es la provincia andaluza con más proyectos incluidos en la unidad aceleradora de proyectos, con un total de 11. Lidera además el número de municipios adheridos a la Red de Ciudades Industriales, creada para favorecer la implantación de empresas mediante bonificaciones fiscales y la agilización de trámites. En materia de ayudas, Córdoba es la provincia que más incentivos complementarios ha recibido de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Y en el ámbito de la agencia TRADE concentra el 25 % de los incentivos de toda Andalucía, cuando por PIB le correspondería en torno al 10 %. Actualmente ya se han aprobado en la provincia más de 80 proyectos con una inversión asociada cercana a los 80 millones de euros, que movilizan en conjunto más de 200 millones. Son proyectos en marcha, con impacto real, que cuentan con el respaldo directo de la Junta.

- A pesar del avance, la red eléctrica en el norte de la provincia sigue siendo un freno.

- Es un aspecto fundamental. Desde la Junta de Andalucía, en lo que compete a nuestras responsabilidades, trabajamos en el fomento de la industria con instrumentos adaptados a las necesidades de las empresas. Pero la industria, para crecer, necesita también un ecosistema favorable. Y sin una red eléctrica adecuada no podemos hablar de una industria sostenible. En Córdoba ya hay compañías que han iniciado proyectos de gran envergadura, con inversiones relevantes y con la previsión de crear miles de puestos de trabajo. Para que esas inversiones se materialicen, necesitamos que el suministro eléctrico esté garantizado.

Llevamos más de seis o siete años reclamando mejoras en la red de transporte eléctrico, mucho antes incluso de que se produjera el apagón que visibilizó este problema. Córdoba necesita esa red. Desde la Delegación Territorial hemos trabajado intensamente para elevar propuestas justificadas y prioritarias a la Consejería de Industria, Energía y Minas. Esta, a su vez, situó las demandas de Córdoba como una de sus principales reivindicaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica en la planificación 2025-2030. La inversión necesaria para la provincia está cuantificada en 158 millones de euros.

El planteamiento incluye mallar la red de norte a sur: unir la subestación de Maguilla (Extremadura) con la de Peñarroya, elevándola a alta tensión; prolongar hasta Córdoba capital con la subestación de Lancha, también en alta tensión y vinculada al polo industrial de la base logística; y completar la conexión desde Córdoba hasta Villanueva del Rey (Sevilla), una inversión comprometida en el marco 2021-2026 que no se ejecutó. De esa red de transporte se derivarían las redes de distribución que abastecen a pequeñas industrias y hogares, mejorando así la calidad del suministro.

Hoy sabemos que la potencia eléctrica de Córdoba está prácticamente al límite: la red de distribución está en torno al 83 % de su capacidad. Eso confirma la urgencia de reforzarla. La transición hacia una industria descarbonizada requiere potencia eléctrica suficiente, tanto para las empresas como para los consumidores. Y en el norte de la provincia, esta carencia es especialmente grave: lastra el desarrollo económico, frena la instalación de nuevas empresas y contribuye a la pérdida de población. Una infraestructura eléctrica adecuada permitiría atraer proyectos, consolidar los ya existentes y facilitar también el despliegue de energías renovables, que necesitan capacidad de evacuación para integrarse en la red.

-Otro de los datos positivos de los últimos años es el de las exportaciones. ¿A qué se debe que se estén alcanzando cifras tan sorprendentes?

- No hay un único factor que explique por qué nuestras empresas miran cada vez más al exterior. Lo cierto es que contamos con un gran potencial, tanto en productos como en servicios. El ejemplo más evidente es el aceite de oliva, buque insignia de la provincia: el año pasado Córdoba no solo fue la segunda provincia andaluza más exportadora de aceite, sino también la segunda de España. En 2024 alcanzamos un récord histórico de exportaciones con más de 3.300 millones de euros, y en el primer semestre de 2025 hemos vuelto a superar registros, con 1.814 millones y un incremento del 9,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

La Administración contribuye, pero el mérito principal corresponde a las empresas cordobesas, que han sabido aprovechar su talento y la calidad de sus productos para abrirse al mundo. Hoy la digitalización permite que una empresa que produce en Fuente Tójar pueda vender en Tokio o en Noruega, algo que ya es una realidad. Y también influye la coyuntura internacional, que obliga a diversificar mercados.

Desde la Junta hemos tratado de acompañar este esfuerzo empresarial con instrumentos útiles. Cuando se creó la agencia TRADE, se diagnosticaron varias necesidades: más empresas, un mayor tamaño medio, más inversión en I+D+i y una mayor proyección internacional. De ahí surgieron cuatro órdenes de incentivos. Tres se lanzaron en verano de 2024: dos orientadas al desarrollo industrial —una para la creación de nuevas empresas y otra para el crecimiento y competitividad de las pymes—, y una tercera destinada a proyectos de I+D+i. Y esta misma semana, en Sevilla, se presentó una nueva línea de internacionalización dotada con 11,5 millones de euros, enfocada en apoyar a las empresas en su salida al exterior, en misiones comerciales, ferias internacionales y en la participación en eventos de alcance internacional que se celebran en España.

-Hablaba antes de la importancia del aceite de oliva. Eso nos lleva a una preocupación del sector: la proliferación de plantas solares. ¿Existe el riesgo de que la sostenibilidad acabe desplazando al olivar?

-Estamos convencidos de que no existe tal riesgo. Desde la Junta de Andalucía defendemos la compatibilidad y el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio rural. Esa es nuestra función: evaluar los proyectos y comprobar que cumplen la normativa vigente —medioambiental, de ordenación del territorio, entre otras—. La Junta tramita los proyectos de hasta 50 megavatios de potencia, mientras que los que superan esa cifra son competencia del Ministerio para la Transición Ecológica. En ningún caso la Junta decide dónde se instalan las plantas renovables, aunque sí es cierto que se ven condicionadas por las líneas de evacuación eléctrica disponibles.

Conviene subrayar que la tramitación es muy exigente. El propio consejero lo ha recordado en varias ocasiones: el 35 % de la potencia que Andalucía tenía en tramitación al cierre de 2024 fue desestimada porque no cumplía los requisitos. En la práctica, 3,5 de cada 10 proyectos quedaron descartados por no ajustarse a la normativa ambiental o de ordenación del territorio. Esto demuestra que no se aprueba cualquier iniciativa de forma automática, sino que el procedimiento es riguroso, transparente y participativo.

-Y siendo tan exigente, ¿cómo valora que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulase la autorización de la planta entre Bujalance y Montoro?

- Ese asunto está en manos del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que lo está analizando con criterio técnico y jurídico. La sentencia no es firme, por lo que todavía cabe recurso. En ese contexto, no corresponde hacer valoraciones sobre un procedimiento pendiente de resolución definitiva. En cualquier caso, mantenemos un respeto absoluto a las decisiones judiciales, pero también al procedimiento administrativo que se ha seguido, que, como señalaba antes, es riguroso, transparente y participativo, y se ha desarrollado siempre conforme a la normativa vigente en materia medioambiental y de ordenación del territorio.

- Andalucía vuelve a mirar a la minería. En Córdoba hay proyectos como el de Azuel, que buscan responder a la demanda de los llamados metales críticos. ¿Se puede apostar de nuevo por la minería sin que esto afecte al medioambiente?

- Entendemos que sí. Esta consejería y el Gobierno de la Junta de Andalucía han apostado firmemente por la minería como un vector de desarrollo económico. Al igual que ocurre con los parques solares, los procedimientos de tramitación de las explotaciones mineras o de los permisos de investigación son rigurosos, transparentes y participativos. Creemos que la minería puede tener un papel transformador en el nuevo modelo industrial, no solo andaluz, sino también europeo. Tras la pandemia y la guerra de Ucrania, conceptos como la autonomía estratégica han vuelto al debate, y los recursos minerales son clave.

La minería del siglo XXI no se parece a la que muchos tienen en mente. Es una actividad que prioriza la seguridad laboral, el respeto al medioambiente y la integración en su entorno. Además, tiene un impacto social muy positivo, especialmente en las zonas rurales. Hay que tener en cuenta que Andalucía cuenta con 22 de los 34 minerales críticos definidos por la Unión Europea. Solo cuatro están en fase de explotación; el resto requiere todavía de investigación y exploración para determinar si son viables. Ese proceso corresponde a los promotores, pero desde la Junta estamos facilitando el marco y apoyando con iniciativas como la Red de Ciudades Mineras de Andalucía, impulsada por el consejero Jorge Paradela y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que preside el alcalde de Córdoba.

Disponemos también de una Estrategia de Minería Sostenible con horizonte 2030, que abarca tanto la investigación en las ocho provincias como la restauración de espacios mineros. En este ámbito ya se han invertido más de 8 millones de euros en proyectos de recuperación ambiental que incluyen cubiertas vegetales, encapsulado de residuos y rehabilitación de terrenos para la convivencia con especies locales. Es decir, hablamos de una actividad moderna, regulada y compatible con el medioambiente. Solo en Córdoba se localizan 599 de los 1.993 indicios de minerales críticos señalados por la UE, lo que demuestra el potencial de desarrollo que tenemos por delante.

- La agencia TRADE cumple tres años. ¿Se está logrando lo que se pretendía en su creación, ligado a la simplificación administrativa, y qué peso tiene en la provincia de Córdoba?

- TRADE nació hace tres años tras un decreto que integró a tres organismos previos: la antigua Agencia IDEA, Extenda —dedicada a la internacionalización— y la Agencia Andaluza del Conocimiento. De esa fusión surgió una agencia con vocación de ventanilla única, pensada para ganar eficiencia, simplificar trámites y ofrecer al ciudadano un punto claro de referencia. Es cierto que hubo etapas anteriores con experiencias complejas en la gestión de incentivos, pero ahora estamos en una fase completamente nueva.

En 2024 se pusieron en marcha las primeras líneas de incentivos de TRADE —dos de desarrollo industrial y otra de I+D+i— con un presupuesto total de 246 millones de euros. Funcionan en régimen de concurrencia no competitiva, lo que aporta agilidad, ya que la ventanilla permanece abierta hasta agotar fondos. Además, en cada provincia existen gerencias provinciales que ofrecen asesoramiento directo a las empresas. Un elemento muy valorado es el compromiso de resolver en seis meses, algo que se está cumpliendo: entre la presentación de la solicitud y la propuesta de resolución provisional transcurre medio año, lo que da seguridad y rapidez al solicitante.

En Córdoba, el balance es muy positivo. Desde julio de 2024 se han aprobado 82 proyectos empresariales con más de 19,8 millones de euros de apoyo público, que movilizarán en total unos 38 millones de inversión y crearán empleo en sectores clave. Un dato especialmente relevante es que Córdoba concentra el 25 % de las solicitudes y de los incentivos concedidos por TRADE en toda Andalucía: uno de cada cuatro corresponde a nuestra provincia. El pasado martes, sin ir más lejos, se presentó una nueva línea de internacionalización, dotada con 12,5 millones de euros, destinada a apoyar la presencia exterior de las empresas mediante ferias y misiones comerciales. Sectores como la joyería, la madera y el mueble, el agroalimentario, el vino o el aceite tienen una gran tradición exportadora y seguirán aprovechando estas herramientas. En resumen, el balance es muy bueno, aunque nuestro objetivo sigue siendo llegar cada vez a más empresas y ayudarles a proyectarse al exterior.

- ¿Se puede decir entonces que en Andalucía siempre ha existido una mentalidad emprendedora que no encontraba el apoyo adecuado de la Administración?

- Creo que Andalucía ha despertado en estos seis años. El presidente Juanma Moreno y el Gobierno de la Junta han logrado generar en la ciudadanía la convicción de que podemos y debemos creérnoslo. Somos la comunidad más poblada de España, con casi nueve millones de habitantes, y contamos con muchísimo talento. Es habitual encontrar a andaluces en puestos directivos de multinacionales, aunque muchas veces ni lo sabíamos. Ese espíritu emprendedor, industrial y empresarial siempre estuvo ahí, quizá latente, y lo que hemos hecho es darle un impulso.

Hoy quien quiere poner en marcha un proyecto sabe que la Junta es un aliado estratégico, no un obstáculo. Esto es posible gracias a una política fiscal atractiva, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y la cercanía al territorio, escuchando de primera mano a los sectores productivos. Esa colaboración, además, se refuerza con la unidad institucional: Ayuntamiento, Diputación y Junta están alineados, y eso también transmite confianza a las empresas. Por eso vemos cómo grandes compañías han decidido instalarse en Córdoba o ampliar sus proyectos, algo impensable hace unos años.

Al mismo tiempo, apoyamos a la mediana empresa para que gane tamaño y competitividad. Hay proyectos pioneros en muchos sectores, aunque no sean tan conocidos, y queremos que tengan más visibilidad dentro y fuera de España. El ejemplo del frío industrial de Lucena es claro: allí se produce casi el 80 % del equipamiento del sector horeca en España, y las empresas locales exportan a los cinco continentes compitiendo con multinacionales de primer nivel. Por eso soy optimista: Córdoba y Andalucía tienen un enorme potencial y la empresa cordobesa puede competir de tú a tú con cualquiera. Nuestro trabajo es seguir facilitando que lo haga.