La Junta denuncia que el Gobierno incumple la financiación de la dependencia y asume en Andalucía el 71 % del coste

La Junta de Andalucía ha vuelto a denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno central del modelo de financiación de la dependencia, que la ley fija en un reparto equitativo del 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas, pero que en la práctica sitúa a la Administración autonómica asumiendo el 71 % del coste del sistema, frente al 29 % que aporta el Estado. Así lo ha expuesto el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, durante una comparecencia centrada en el balance y previsiones presupuestarias del sistema de dependencia de cara a 2026.

Molina ha subrayado que Andalucía contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia en dependencia, con más de 2.610 millones de euros, lo que supone un incremento del 12 % respecto a 2025 y más del doble de lo que se destinaba en 2018, antes del cambio de Gobierno en la Junta. Un esfuerzo presupuestario que, según ha insistido, se realiza «en un contexto de desequilibrio» por la falta de corresponsabilidad financiera del Estado.

En el caso concreto de Córdoba, el sistema de dependencia alcanzará en 2026 una financiación total de 135,4 millones de euros, ocho millones más que en 2025, consolidando un máximo histórico de inversión en la provincia. De esa cantidad, 95,9 millones se destinarán a los municipios de menos de 20.000 habitantes a través de la Diputación, de los cuales 68,1 millones los aporta la Junta y 27,8 millones el Estado. Para los municipios mayores de 20.000 habitantes, la financiación ascenderá a 39,8 millones, con 28,25 millones procedentes de la Junta y 11,75 millones del Gobierno central, manteniéndose el mismo desequilibrio del 71/29.

Más beneficiarios y más prestaciones

Los datos de gestión reflejan, según el delegado, un crecimiento sostenido del sistema en la provincia. A 30 de noviembre, Córdoba cuenta con 36.799 personas beneficiarias y 58.217 prestaciones activas, cifras que suponen un récord histórico. Desde la llegada del actual Ejecutivo andaluz, el número de beneficiarios ha aumentado un 47 % y el de prestaciones un 70 %, ampliando de forma notable la cobertura del sistema

También se ha producido una reducción significativa de las listas de espera, con más de 7.000 personas que han salido del sistema de demora en los últimos años. Molina ha puesto el acento en la comparación temporal: entre 2014 y 2015, el tiempo medio de espera para recibir una prestación llegó a situarse en 1.275 días, mientras que actualmente se encuentra en 512 días, 47 menos que en septiembre y 22 menos que el mes anterior, aunque ha reconocido que «sigue siendo insuficiente» y que queda margen de mejora

El delegado ha insistido en que la Junta seguirá reforzando el sistema y exigiendo una financiación «justa y equilibrada», recordando que el reparto 50/50 sí se cumple en comunidades como el País Vasco, lo que, a su juicio, genera «dependientes de primera y de segunda» en función del territorio. Pese a ello, ha garantizado que el Gobierno andaluz mantendrá su compromiso de ofrecer una atención digna y de calidad a las familias cordobesas y andaluzas en 2026