«Extremadura es un síntoma de lo que va a venir»

La última semana del año ha comenzado para Manuel Gavira en Córdoba, visitando Rute y Lucena. Ya en la capital, el portavoz de Vox en el parlamento andaluz ha tenido unos minutos para atender a este periódico y hablar de los temas que vertebran el programa y el discurso de los de Abascal en toda España: los mismos que han defendido en las recientes elecciones extremeñas y que le han dado un importante impulso para el 2026 que comienza.

— Entramos en año electoral. ¿Cómo afrontan en Vox esa futura cita con las urnas?

— En Andalucía esperamos que haya elecciones generales pronto. Estamos preparados: los equipos provinciales, todos los compañeros en el Parlamento de Andalucía y el grupo en su conjunto. Es un grupo con experiencia y con muchas ganas de que llegue el momento de que se convoquen elecciones, de que se produzca esa convocatoria y de que se nos dé la palabra a todos los andaluces. Estamos deseando que llegue ese momento..

— En Córdoba, provincia en la que hoy se encuentra, Vox ha crecido de forma notable.

— Sí, pero no solo en Córdoba. También en Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Granada y Jaén. En toda Andalucía se está haciendo un magnífico trabajo. Cuando uno recorre todas las provincias, que son muchas y muy extensas, lo que ve son equipos provinciales preparados para que lleguen las elecciones con los equipos activos, con la gente en la calle, con mesas informativas, a pleno rendimiento.

— ¿La subida de Vox en Extremadura tendrá réplica en Andalucía?

.— Nosotros no esperamos buenos resultados por lo ocurrido en Extremadura, sino por lo que percibimos en la calle en Andalucía. El mensaje que nos trasladan es claro: «sois los únicos que nos representáis, seguid defendiendo el campo, combatiendo la inmigración ilegal y el gasto innecesario». Eso luego se refleja en las encuestas: jóvenes, gente del campo, trabajadores, desempleados, sectores vinculados a la seguridad… En todos aparece Vox. Extremadura es un síntoma de lo que va a venir.

— ¿Cuál es el perfil actual del votante de Vox?

— Andaluces normales, personas que se ganan la vida trabajando desde temprano. Hay autónomos, por supuesto, pero hoy no existe un perfil cerrado como podía identificarse hace unos años. Cuando uno va a los barrios obreros, el mensaje que recibe es de apoyo. Cuando se reúne con empresarios, también le trasladan que la situación es mala y que hay que arreglarla. Y cuando se habla con distintos sectores, incluido el personal sanitario, se repite la misma idea: que Vox es el único partido que está defendiendo lo que consideran que hace falta en Andalucía, especialmente en materia de atención sanitaria. En todos los sectores encontramos gente muy afín.

— ¿Siguen teniendo que combatir la imagen que otros proyectan del partido?

— Es algo que tenemos superado: no vamos a empezar explicando lo que no somos para después decir lo que somos. Decimos directamente lo que somos. Por eso es tan importante que los medios de comunicación nos den a conocer y que la gente escuche nuestro mensaje por nuestras propias palabras, no por lo que dicen otros de nosotros.

Somos un partido patriota que defiende la prioridad de lo andaluz, y de lo español, frente a lo que viene de fuera. Nuestro mensaje es el de un partido que apuesta por la seguridad, que quiere control y que defiende que los andaluces y los españoles sean lo primero.

— ¿Cómo resumiría la segunda legislatura del Partido Popular, marcada por una mayoría absoluta?

— Ha sido una profunda decepción, una decepción muy grande. Ahora es cuando está aflorando lo que es el verdadero Partido Popular y no hay nada que diferencie a los populares de los socialistas, nada. Eso lo hemos visto en los casos de corrupción, y lo hemos visto, por ejemplo, con el Partido Popular en Almería. Los delitos por los que se imputa o se investiga a miembros de la trama del Partido Popular en Almería son los mismos que los de Koldo, Ábalos o Cerdán: malversación, prevaricación, el mismo tipo delictivo.

En las últimas semanas también hemos hablado de casos de acoso a mujeres protagonizados por dirigentes socialistas y, hace solo unas horas, hemos conocido lo ocurrido en Martos. Al mismo tiempo, en Algeciras hay quince concejales del Partido Popular apoyando a un investigado, el alcalde de Algeciras, también por acoso. El Partido Popular se ha llenado la boca exigiendo que Ábalos dejara su escaño en el Congreso de los Diputados para preservar la institución, pero tiene en el Senado al señor Landaluce, denunciado o investigado por acoso. Dicen que se lavan las manos porque se ha salido del grupo del Partido Popular en el Senado y del grupo municipal, pero hay quince concejales del Partido Popular de Moreno Bonilla, en Andalucía, que mantienen en el cargo a una persona investigada por acoso.

Si hablamos de lo que está sucediendo en la atención sanitaria en Andalucía, el ejemplo es lo ocurrido con las mujeres del cribado del cáncer de mama: mujeres a las que primero se minimizó, después se insultó y finalmente se intentó silenciar. Si eso no hubiera sucedido, el número de mujeres en Andalucía en listas de espera de radiología para hacerse la prueba meses después habría sido mucho mayor. Este es el gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular, y podríamos hablar de cualquier servicio público.

También hay quien me habla del empleo, pero el empleo que se crea en Andalucía es precario y de baja calidad. Escuchar a Moreno Bonilla y al gobierno del Partido Popular hablar de empleo es como escuchar a Yolanda Díaz. Aquí, en Córdoba, los cordobeses no alcanzan siquiera la media salarial de Andalucía. Córdoba gana menos que la media andaluza y, por supuesto, menos que la media de España, y el trabajo que se crea es precario. Eso tiene consecuencias claras, como los problemas de acceso a la vivienda. Con las políticas actuales, el problema de la vivienda de protección oficial en esta provincia tardaría cincuenta y cinco años en resolverse.

— La Ley andaluza de vivienda entra en vigor en breve.

— Se ha aprobado la ley de vivienda de Andalucía hace pocas semanas, pero lo cierto es que estamos ante una norma que no va a resolver el problema de la vivienda. Por ejemplo, el umbral para poder acceder a una vivienda de protección oficial llega hasta un salario de casi 80.000 euros. Cuando este tipo de vivienda está pensado para rentas bajas y puede competir quien tiene más recursos, lo que ocurre es que se deja sin vivienda a quienes tienen menos posibilidades económicas. Insisto: en Córdoba los salarios están por debajo de la media andaluza.

— Y en materia de vivienda, ¿qué proponen ustedes?

— Lo hemos dicho muchas veces: poner a disposición todo el suelo que no esté protegido, todo el suelo, para la construcción de vivienda barata. Para poder construir vivienda hay que hacer, como mínimo, tres cosas.

La primera es poner suelo, porque si no hay suelo no se puede construir, y ahora mismo hay mucho suelo secuestrado, incluso por la propia administración autonómica.

La segunda es ayudar a quien construye o a quien vende, especialmente en los costes. Hay que ayudar a la empresa que construye y a quien vende, por ejemplo eliminando la plusvalía municipal, que es un impuesto que paga el vendedor, no el comprador.

Y la tercera es ayudar a quien compra. En Andalucía los salarios son bajos y, con ese contexto, ¿quién puede acceder a una vivienda de protección oficial con un salario de hasta 80.000 euros? Estamos hablando de casos como Sevilla, donde se están dando viviendas de protección oficial de 350.000 euros. En Granada hay viviendas a precios de la Comunidad de Madrid y se están vendiendo incluso habitaciones.

Estamos ante un problema que esta ley no va a resolver, porque no soluciona la situación de la gente con menos recursos ni pone a disposición de los andaluces el suelo que realmente hace falta.

— Hay un dato objetivo: el presupuesto sanitario se ha incrementado considerablemente desde 2019. ¿Por qué creen que se producen situaciones como la del cribado o que no mejoren las listas de espera?

— Porque el modelo de gestión del Partido Popular es el mismo que el del Partido Socialista, no hay otro. Eso lo reconoce todo el mundo, incluso el propio Moreno Bonilla. Cuando habla de atención sanitaria y de conciertos, dice que eso ya lo hacían los socialistas; cuando se habla del modelo de contratación, vuelve a decir que es el mismo que aplicaban los socialistas.

Andalucía va evolucionando y la población va envejeciendo. Nosotros le dijimos a Moreno Bonilla al inicio de la legislatura que el presupuesto mínimo de la atención sanitaria en Andalucía debía ser de 17.000 millones de euros al año para equipararnos con la media nacional. Ni siquiera estamos en esa media: en los últimos meses se ha producido un engaño con el gasto sanitario por habitante, y al final se ha descubierto cuál era esa trampa.

Eso es lo que le venimos diciendo a Moreno Bonilla: que hay que resolver el problema de la atención sanitaria y que el modelo de gestión sigue siendo el mismo que el del PSOE. Está bien que exista sanidad privada, porque es una opción voluntaria y puede servir incluso a la administración para cubrir picos de necesidad, pero la solución a los problemas de la sanidad pública andaluza no es acudir a lo privado. Eso puede ser un complemento, pero no la respuesta.

Lo que estamos viendo, desgraciadamente, es que cada vez más andaluces tienen seguros privados, y esa es la prueba del algodón de que la sanidad pública en Andalucía no funciona. Si funcionara bien, los andaluces no acudirían cada vez más a seguros privados.

Todos recordamos a Moreno Bonilla prometiendo operaciones en sesenta días. La realidad es que no se cumple. En el hospital Reina Sofía, por ejemplo, se habla de más de cuatro mil personas en lista de espera.

— Ayer se conocía que el hospital Reina Sofía ha entrado por primera vez entre los diez primeros de España en excelencia hospitalaria.

— Los profesionales son magníficos, nadie lo discute. También lo hemos visto recientemente con los trasplantes. El problema no es ese. El problema es lo que prometió Moreno Bonilla y lo que no se cumple. Prometió sesenta días para las operaciones quirúrgicas y no se cumple. Prometió quince días para las consultas externas y no se cumple. Prometió diez días para las pruebas diagnósticas y tampoco se cumple.

Esta misma mañana he estado en Lucena y todos recordamos otra promesa de Moreno Bonilla, formulada a finales de la legislatura pasada: que en la siguiente legislatura habría un hospital público en Lucena, si tenía disponibilidad. La realidad es que ese hospital no existe. Y así ocurre con todo.

— Vox es el único partido que advierte del riesgo y de las consecuencias de la inmigración masiva descontrolada. ¿Por qué no existe un debate al respecto, más allá de la etiqueta que se le coloca al partido cuando aborda este asunto?

— Esa etiqueta, con sinceridad, es algo que ya se está cayendo. La etiqueta de que Vox es un partido racista o xenófobo se está desmoronando porque cada vez son más los españoles y los andaluces que están viendo la realidad en la calle. Las estadísticas de los delitos cometidos en el País Vasco son, a su juicio, la prueba de ello.

— No es la misma realidad que en Andalucía.

Andalucía no es ahora mismo el País Vasco ni Cataluña, eso es evidente. Pero de lo que se trata es de entender que lo que está pasando allí puede acabar pasando aquí. Cataluña ya no es solo Barcelona; hay zonas que ya no son ni Cataluña.

Esto empieza con mensajes de efecto llamada. «Tengo el corazón así de ancho y donde caben treinta caben trescientos», se decía, y después fueron miles. Eso es un efecto llamada, y eso es lo que denunciamos. El que entra legalmente puede estar en un subsidio; el que viene a cometer delitos, no.

Puede que alguien diga que en Córdoba esto no está pasando, pero cuando vas a otros sitios encuentras violaciones, ancianos apaleados, niñas atacadas sexualmente en la Alameda de Hércules, en Sevilla, apuñalamientos en la calle, una niña violada en el paseo marítimo de Málaga, una mujer arrastrada por la calle en Granada, o situaciones muy graves en Almería.

Andalucía no es el País Vasco ni Cataluña, no lo es, pero puede llegar a serlo y va camino de serlo, porque las políticas que están aplicando populares y socialistas, marcadas desde Bruselas, son esas.

Y pongo la prueba del algodón: la declaración del Partido Popular en Murcia sobre inmigración ilegal. Ahí se dice que para permanecer en nuestra nación un inmigrante tiene que contribuir, literal. Yo le he preguntado a Moreno Bonilla en la sesión de control, ¿qué hacemos con los inmigrantes ilegales que no contribuyen? Coja usted su declaración de Murcia y léala. «Para permanecer, tiene que contribuir». Si ese mensaje lo lanzo yo, me van a acusar de racista, de xenófoboy todas esas cosas. Pero Moreno Bonilla lo firma. ¿Lo va a aplicar? Pues todos sabemos que no. A nivel autonómico sí se pueden hacer políticas en ese sentido, también en el ámbito agrario, aunque muchas de estas decisiones vengan marcadas por la Unión Europea, gobernada por populares y socialistas. Y no se nos puede olvidar que la señora Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo.

— Precisamente por eso, en el ámbito autonómico, ¿qué podría hacer Vox?

— De momento, lo primero que vamos a hacer es no lanzar mensajes de efecto llamada, que es lo que hace el señor Moreno. Eso es lo primero.

Lo segundo es retirar todas las subvenciones a esas asociaciones que fomentan y amparan la inmigración ilegal, y realizar las modificaciones legales que sean posibles en el ámbito autonómico para que no exista el fraude que se está produciendo, por ejemplo, con los empadronamientos. Esto es real: llega a cualquiera. A las personas que reciben a inmigrantes, lo primero que se les indica es que vayan corriendo al ayuntamiento para empadronarse y poder acceder a ayudas. Todos conocemos los fraudes que se están produciendo, tanto por particulares como por empresas que se encargan del empadronamiento ficticio. Eso está pasando y lo publicáis en los medios de comunicación a diario.

Por tanto, se pueden hacer cosas. Lo que no se puede hacer es lo que hace Moreno. Cuando se lanza el mensaje de «todos caben», cuando se escucha decir que «mi corazón es así de ancho y los voy a recibir», ¿qué cree que piensa la gente que está fuera? Que aquí van a ser bienvenidos. Ese es el mensaje de efecto llamada. Y de ese mensaje creo que Moreno Bonilla se va a arrepentir toda la vida del día que me lo dijo en una sesión de control.

— Hay una parte de la población que respalda a Vox en el ámbito rural. Si las políticas vienen marcadas por Europa, ¿qué pueden hacer ustedes desde la región?

— En Europa gobierna el Partido Popular en coalición con el Partido Socialista. No lo digo yo, lo dice el propio Partido Popular. Existe una alternativa para que el Partido Popular no gobierne con los socialistas: que gobierne en coalición con Patriots. Esa mayoría existe, pero no es la que quiere el Partido Popular. Prefiere pactar con el Partido Socialista antes que con Patriots.

Si en lugar de coaligarse con los socialistas lo hiciera con Patriots, no habría Pacto Verde europeo, no se habría firmado Mercosur, no existiría la competencia desleal de productos procedentes del norte de África ni el fraude en el etiquetado que se está produciendo en Andalucía. Hace solo unas horas conocíamos casos de entrada de tomate envenenado.

La Unión Europea legisla sobre el campo para apaciguar los ánimos, pero no tiene ningún interés real en salvar el sector primario europeo. Si lo tuviera, aplicaría sus propias normas. Las cláusulas espejo existen en la Unión Europea, pero no se aplican. Hace dos meses, en octubre, se firmó un nuevo acuerdo con Marruecos; hace un mes se aprobó una directiva europea sobre control de calidad del suelo; y Mercosur es otra puñalada trapera al campo y a la ganadería, especialmente en Andalucía.

Si Europa, gobernada por socialistas y populares, tuviera voluntad de salvar el sector primario, haría otra cosa. Y, sobre todo, si los populares, que son quienes gobiernan principalmente, quisieran hacerlo, con Patriots esas políticas sí se aplicarían.

— ¿Qué les dicen a ustedes los agricultores?

— Los agricultores son quienes nos dicen a nosotros lo que está pasando. Yo he estado aquí, en Córdoba, hablando con ellos, y nos trasladan problemas muy concretos, como el mildiu, que no afecta solo a Córdoba, sino también a Huelva y a Cádiz. También ocurre con los ganaderos y el problema de la lengua azul. Todavía hay ganaderos que no han cobrado las ayudas por la lengua azul que se prometieron a finales del año pasado, y tampoco se han pagado las que se prometieron a finales de 2024.

Hablas con ellos y recuerdo un caso aquí en Córdoba, de un hombre que iba a la nave donde tenía su ganado y me decía: «Manolo, cuando abro la puerta me da miedo lo que me voy a encontrar». Eso es muy duro. Hay gente mayor que ha trabajado toda la vida en el campo y que se pone a llorar. Primero se les engaña con las vacunas: un año se dice que no son obligatorias, que vacune quien quiera; al año siguiente sí lo son; después se les dice que las vacunas no las tienen que pagar ellos y ahora la administración anuncia que serán obligatorias. Al final son una pelota de trapo que va de un lado a otro y quienes lo pagan son ellos.

Por eso, cuando hablas con agricultores y ganaderos, te dicen que Vox es el único partido que dice lo que ellos reclaman: no al Pacto Verde, no a la Agenda 2030, no a la ley de restauración de la naturaleza, no a la ley de bienestar animal, a todas esas normas que vienen de Bruselas y que afectan directamente al sector primario.

Lo que esperamos es que ese mensaje llegue a los andaluces y a los españoles cuando tengan que reflexionar su voto. Que se pregunten: ¿quiero inmigración ilegal? No, Vox. ¿Quiero un sector primario español fuerte? Vox. ¿Quiero seguridad en las calles? Vox. ¿Quiero que la prioridad sean los andaluces y los españoles? Vox.

Ese es el mensaje y esa es la reflexión que pedimos a la gente antes de votar, porque si seguimos en este plan vamos a dar por perdido el sector primario, y lo mismo acabará ocurriendo con la inmigración ilegal. Andalucía no es hoy el País Vasco ni Cataluña, pero puede llegar a serlo en el futuro, y eso es lo que hay que evitar.

— ¿Qué desea para 2026?

— Lo primero, que haya un cambio de gobierno en España y que haya un presidente del Gobierno valiente. Y un valiente no es Feijóo; valiente es Santiago. Estoy seguro, segurísimo, de que Santiago va a tomar todas las medidas que beneficien a los españoles y que pongan a los españoles en primer lugar.

Y después, a nivel de Andalucía, lo que deseo es que nos lo creamos, que tengamos la convicción de que no hace falta estar comparándonos continuamente con otros. Si los andaluces hacemos bien las cosas, si dejamos la queja constante y somos conscientes de nuestras posibilidades, podemos ser la locomotora de España. No como dice Moreno, porque la realidad es que seguimos estando a la cola en salarios y en renta, y a la cabeza en barrios pobres.

— Aquí hay cuatro de los barrios más pobres de España.

— Yo soy de Cádiz, y las ciudades más pobres de Andalucía están en Sevilla y en Cádiz. Donde hay más es en Cádiz. Esa es la realidad.

Puedo entender que alguien diga que Andalucía está por detrás de Madrid, pero ¿sabemos cuántos años tendrían que pasar para que los andaluces nos equiparemos a la renta per cápita nacional? Ochenta y cinco años.

En el caso de Córdoba, el problema de la vivienda necesitaría cincuenta y cinco años para resolverse. Son datos del propio gobierno de Moreno Bonilla. Hay provincias en las que se habla de hasta ciento veinte años para solucionar el problema de la vivienda en Andalucía. Eso es una gran decepción.