Sede del Banco Central Europeo en Frankfurt
Opinión
Banca rota, bancos rotos (y II)
La crisis financiera global de 2008, dejó millones de damnificados, principalmente en Europa y USA.
La causa original del colapso financiero, fue debida a las dificultades creadas para determinar el valor real de carteras de activos de diferente calidad –conocidas como subprime– lo que condujo a los mercados interbancarios a suspender el crédito que los bancos se concedían entre sí.
Todo un ejemplo de desconfianza –la suspensión– imprescindible para que el negocio de la banca, funcione y sirva como agente eficaz en la distribución del ahorro hacia el crédito y la inversión, y con ello, la creación de riqueza como ninguna otra institución –pública o privada– es capaz de realizar.
Y con la suspensión, se interrumpieron los flujos financieros en los mercados interbancarios, provocando el colapso de entidades incapaces de resolver sus problemas de liquidez y solvencia.
Ante este panorama, los bancos centrales y las autoridades gubernamentales, acudieron en auxilio de la industria bancaria –una vez más, con cargo al bolsillo del contribuyente– con inyecciones de capital, facilidades abundantes de crédito, y la liquidación de entidades, mediante fusiones y quiebras forzadas en detrimento de accionistas, depositantes y empleados.
En España, el vendaval de 2008 tardó 6 años en recuperar las constantes vitales de una economía en crecimiento con un sector financiero más solvente.
Una cuantificación aproximada del coste que supuso en el período 2009-2015, al contribuyente español, al deudor hipotecario, entidades financieras, empresas y trabajadores, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), supera los 368 mil millones de euros.
Calmar a los mercados
Si hay algo que no deja dormir al banquero central es precisamente mantener la calma de los mercados –financieros, se entiende–. A quienes ejercen el negocio de banca, también, pero prefieren callar, no vaya a ser que un exceso verbal les lleve por delante los depósitos.
El ministro de economía –y por extensión al presidente de gobierno o primer ministro de turno– la calma de los mercados, cuando se tornan nerviosos, pretenden sostenerla recurriendo a manidos mensajes de optimismo vacuo, bien desdeñando o negando la realidad de una recesión económica, o visionando brotes verdes donde el común ve un árido secarral, mientras que inflación de precios y cesta de la compra desbocada, parecen importarles poco, o nada.
Pues bien, mantener los mercados en calma, significa en praxis bancaria, emitir mensajes que con tono contenido y con frecuencia crípticos e ininteligibles para la persona corriente, pretenden «aplacar» la realidad, cuando se esperan subidas de tipos de interés, o la inflación se desboca, o la confianza en las entidades financieras se ve amenazada, generalmente por sus propias malas prácticas del negocio.
Liquidez antes que insolvencia
La industria bancaria, si de algo sabe –y es reconocida por ello– es gestionar los riesgos implícitos que acompañan al uso prudente del dinero.
Empíricamente, reguladores, supervisores y banqueros saben que una entidad se derrumba antes por falta de liquidez que por insolvencia, no obstante, la primera tiende a provocar la segunda… cuestión de tiempo, poco.
La reciente crisis bancaria que ha surgido con virulencia entre la banca regional americana, nos enseña algunas valiosas lecciones.
La primera lección que se puede extraer de la crisis americana, se refiere a la gestión del riesgo de liquidez (capacidad para hacer frente a las retiradas de depósitos).
Empíricamente, reguladores, supervisores y banqueros saben que una entidad se derrumba antes por falta de liquidez que por insolvencia, no obstante, la primera tiende a provocar la segunda… cuestión de tiempo, poco
La segunda, al riesgo de tipos de interés (activos con tipos por debajo del mercado, llevan implícita una pérdida en caso de necesidad de venta para atender necesidades de liquidez, por ejemplo). Pérdida que conlleva la reducción de los recursos propios de la entidad afectada, y, eventualmente, provocar su insolvencia.
La tercera, ilustra acerca de la insolvencia (incapacidad de hacer frente a las deudas), como efecto encadenado de la ocurrencia de los dos anteriores riesgos.
Por último, y no menos importante, tal y como reconocen –su «mea culpa»– las autoridades americanas de regulación y supervisión, la debilidad de los requerimientos de regulación y laxitud en la aplicación de los sistemas de vigilancia.
Los años de bonanza
Todavía, no se ha medido con precisión el perjuicio que los tipos de interés –irrisoriamente bajos– han causado a los actores involucrados: hogares, inversores, entidades de crédito, y por qué no, también a nuestro contribuyente Juan Español, que ha visto cómo su dinero ha servido para acudir al rescate de un buen número de entidades financieras, o, simplemente, cómo las pérdidas generadas por éstas, redujeron la recaudación tributaria, por las pérdidas generadas, que, 11 años más tarde (año 2019, dato más reciente), lucen en los balances bancarios como activos fiscales por valor superior a los 67 mil millones de euros, lo que supondría a la industria bancaria haber originado pérdidas de activos de crédito e inversión en torno a los 300 mil millones de euros.
En resumen: pérdidas multimillonarias que han empobrecido a la sociedad en su conjunto, y lucro cesante para el Tesoro Público –es decir, el sufrido contribuyente– por los ingresos tributarios que no han recibido sus arcas.
Los años de bonanza, de dinero fácil, con tipos de interés cercanos al 0%, e incluso negativos, parecen haberse evaporado por un largo período de tiempo.
En total, de los 15 años transcurridos entre 2008 a mayo 2023, los tipos de interés se han mantenido en tasas por debajo del 1% durante algo más de 9 años.
Mirando retrospectivamente al comportamiento de la tasa Euribor a 12 meses –que sirve de referencia para fijar, entre otras, el precio de las hipotecas– el tipo máximo se produjo en julio 2008 al 5,393%. Tras la crisis financiera, el Euribor se mantuvo durante 3 años en niveles inferiores al 1% (agosto 2012 – enero 2016), y otros 6 años en tasas negativas (febrero 2016 – marzo 2022), con un máximo de -0.505% en enero de 2021.
Y si se comparan inflación y Euribor en las períodos de referencia, mientras que en julio de 2008 –período de máximo Euribor– la inflación registraba un aumento del 4,9%, aproximadamente 50 puntos básicos por debajo del Euribor. En abril de 2023, con una inflación del 4,1%, o 34 puntos básicos superior al Euribor, apunta a la necesidad de nuevas subidas de tipos, o la inflación seguirá carcomiendo el valor de los ahorros y alimentando en temeraria espiral, el coste de la vida del ciudadano de a pie.
Los años de bonanza, de dinero fácil, con tipos de interés cercanos al 0%, e incluso negativos, parecen haberse evaporado por un largo período de tiempo.
Reguladores y supervisores
El Banco Central Europeo (BCE), tiene una laboriosa tarea por delante para embridar la inflación y llevarla a su índice objetivo del 2%, a costa principalmente de nuevas subidas del tipo de interés, como eje principal de su política monetaria a desarrollar en el futuro cercano.
Una política monetaria, la mantenida tanto por la Reserva Federal americana como el BCE, de bajos tipos de interés e incremento espectacular de la circulación monetaria y compra de deuda pública y privada por los bancos centrales –la famosa facilidad cuantitativa– que parece de nuevo anticipar un más de lo mismo…: recesión, inflación, desempleo, crisis bancarias, en un «tiovivo» recurrente al que añadir interrupciones en las cadenas de suministro, guerras, pandemias, escasez y carestía de los alimentos, por citar algunas de las amenazas que condicionan la formulación de políticas en favor de la sociedad en general.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Al mismo tiempo, y en lo que respecta a las entidades financieras de la zona euro, las autoridades de regulación y supervisión, tienen por delante un ingente trabajo, para reconducir el negocio bancario hacia senderos más confiables, eficientes y robustos, evitando los dañinos efectos de contaminación de instituciones de jurisdicciones propias y ajenas.
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