Regantes y agricultores denuncian que Córdoba deja escapar millones de metros cúbicos de agua por falta de infraestructuras y decisiones políticas

Regantes y agricultores de la provincia llevan tiempo advirtiendo de que el principal problema del campo cordobés no es sólo la falta de lluvia, sino que cuando finalmente llueve gran parte del agua se pierde sin poder aprovecharse. Dos voces representativas del sector, Asaja Córdoba y Feragua, coinciden en que la provincia deja escapar millones de metros cúbicos de agua por falta de infraestructuras y por decisiones políticas y administrativas que impiden su almacenamiento.

El secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, señala que esta situación «sigue ocurriendo por una falta de inversiones importantes en grandes infraestructuras» y por «las trabas que se ponen a hacer pequeñas inversiones que podrían pagar los propios agricultores y ganaderos». Según explica, balsas, derivados de cauces y pequeños embalses permitirían retener una parte significativa del agua que ahora termina viajando al mar, lo cual garantizaría agua para el regadío y para épocas de escasez, sin coste para la administración. A su juicio, existe una visión ideologizada según la cual «almacenar agua es malo» y que conduce a bloquear cualquier obra, grande o pequeña, que permita asegurar recursos hídricos. «Hace falta un cambio de filosofía y entender que el agua es un bien escaso que no puede seguir escapándose», insiste.

Navas recuerda además que la provincia de Córdoba almacena casi el 50 % del agua de la cuenca del Guadalquivir pero solo riega el 17 % de su superficie agraria, lo que califica de «agravio comparativo». También subraya que, según datos de la Junta de Andalucía, se han perdido alrededor de 228 hectómetros cúbicos de agua concesional en los últimos años, como consecuencia de cambios de uso del suelo y abandono de zonas regables. Recuperar ese volumen permitiría poner en riego en torno a 150.000 hectáreas de olivar, lo que a su juicio supondría «cambiar completamente la economía de la provincia».

Los regantes denuncian la paralización

En una línea similar se expresa el secretario general de Feragua, Pedro Parias, que incide en la ausencia de obras de regulación. Subraya que «desde hace más de veinte años no se inicia una gran obra de regulación en toda la cuenca del Guadalquivir» y defiende que en un clima donde sequías e inundaciones se repiten periódicamente, la herramienta más eficaz y con mejor relación coste-beneficio es precisamente una presa, capaz de laminar avenidas y almacenar agua para cuando falta. Parias considera incomprensible que, aun con esa evidencia, la política hidráulica siga paralizada.

Feragua dirige además críticas directas a la gestión del embalse de La Breña II, que con más de 800 hectómetros cúbicos de capacidad es el segundo mayor de Andalucía. La ampliación del embalse dependía de un sistema de bombeo desde el río Guadalquivir, pero según Parias ese bombeo «no funciona desde abril del año pasado» y antes apenas se utilizó «ni el 20 % de lo previsto en su diseño». Sin embargo, los regantes están pagando un canon de regulación que «se ha triplicado en cinco años» y que repercute también el coste de ese bombeo. Califica la situación de «triste, lamentable y denunciable», porque se trata de una infraestructura de más de 80 millones de euros que no cumple la función para la que se construyó. Feragua exige al ministerio que deje de cobrar ese sobrecoste mientras la instalación no funcione y pide que la gestión de la presa pase de la sociedad estatal Acuaes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al considerar que eso reduciría los gastos que soportan los usuarios.

Tanto Asaja como Feragua han presentado alegaciones a la planificación hidrológica del Guadalquivir. La organización agraria reclama ampliar y modernizar los regadíos de Córdoba aprovechando el agua «sobrante» que ya almacenaba la provincia en planes anteriores y que no se ha utilizado, mientras que la federación de regantes pide que la planificación abandone un enfoque exclusivamente medioambiental. Parias sostiene que la administración se centra casi sólo en lograr el buen estado ecológico de las masas de agua —objetivo que considera importante—, pero deja en segundo plano otros dos objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua: satisfacer las demandas y evitar fenómenos de sequía e inundaciones. También cuestiona que se establezcan caudales ecológicos en tramos de ríos mediterráneos que en verano «sencillamente no corren»: «Si el río no corre, ¿cómo va a haber caudal ecológico?».

Un plan de balsas

Ambas entidades coinciden en que las presas serán siempre necesarias, pero difieren en los tiempos. Las grandes infraestructuras pueden tardar hasta quince años desde que se proyectan hasta que entran en servicio, por lo que Feragua plantea una solución intermedia: un plan de balsas de regulación en zonas regables que permita almacenar agua en periodos de lluvias y disponer de ella a corto plazo. Esas balsas pueden construirse en uno, dos o tres años y permitirían reducir la dependencia de embalses situados a cientos de kilómetros, además de mejorar la calidad del agua para riego por goteo y abaratar parte de los costes energéticos.

El diagnóstico es común: en una provincia que vive del regadío y de la disponibilidad hídrica, el problema no es únicamente la escasez de lluvia, sino la incapacidad de capturar y almacenar la que sí llega. Asaja y Feragua advierten que mientras no se ejecuten infraestructuras, no se flexibilicen pequeñas obras de almacenamiento y no se reoriente la política hidráulica hacia soluciones técnicas y no ideológicas, Córdoba seguirá viendo pasar el agua sin poder retenerla. O, como sostienen desde el sector, «el agua está ahí, pero se deja escapar».