Los gobiernos del PP en las administraciones locales, provinciales y autonómicas tienen el marchamo de la fiscalidad liberal, sobre todo en su discurso aunque también con ejemplos como la supresión del impuesto de sucesiones en Andalucía. En el PP son de la opinión, por un lado, de que a menor presión más recaudación y de que el contribuyente no es el mismo en un barrio deprimido o un pueblo pequeño que en la zona acomodada de una gran capital, además de conocer los encajes de bolillo que debe hacer la población española debido a la inflación. La pasada pandemia sirvió así mismo para que los municipios ‘populares’ hicieran un esfuerzo con la congelación de tasas y derivaran una parte importante de sus presupuestos anuales en ayuda de los más golpeados por el virus. Esa, que era una tónica que parecía mantenerse, se ha visto rota en parte por la fiscalidad nacional que trastoca las intenciones de municipios y diputaciones.
Socialistas y comunistas no solo castigan económicamente a las comunidades autónomas donde gobierna el centro derecha, sino que obliga a cumplir con tasas e impuestos que acaban repercutiendo, lógicamente, en todos los ciudadanos. Ha pasado en Córdoba capital con la recogida de residuos y también en la provincia por lo mismo. El denominado impuesto de vertedero obliga a todos los ayuntamientos de España a pagar por la recogida de basura y el tratamiento ecológico de los residuos. La lucha contra el cambio climático y los preceptos sostenibles a los que nos obliga un documento que nadie ha votado, la Agenda 2030, se traduce generalmente en más impuestos, más tasas y más presión fiscal.
El pasado viernes en Diputación, como ocurrió unas semanas antes en el Ayuntamiento, se presentó por parte de los responsables políticos una subida de precios para el servicio de recogida de residuos debida a esa carga impositiva nacional. En la entidad provincial se da la circunstancia de que la empresa encargada del servicio, Epremasa, tiene que afrontar la pérdida de siete millones de euros en este año y de casi nueve millones y medio en el próximo como consecuencia de los últimos ocho años de gobierno socialista, con una gestión que desde el actual equipo de gobierno han calificado, elegantemente, de «muy mejorable». Según ha anunciado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, las ordenanzas fiscales de 2024 se congelan, pero no podrán evitar que suba la tasa de la basura para, entre otras cosas, cuadrar las cuentas de Epremasa, que será subvencionada además por la propia entidad provincial.
En la hoja de ruta de los gobiernos populares está la bajada o congelación de tasas. En la del Gobierno central de socialistas, comunistas y nacionalistas figura todo lo contrario, entre otras cosas porque hay que mantener la voracidad de los socios de Gobierno y las prebendas que aparecen en los documentos de extorsión. Un Gobierno que perdona las deudas a unos mientras carga impositivamente al resto de españoles a pesar de no ser ni la estrategia ni el fin de los municipios y las comunidades.
Esta fiesta de Sánchez alguien tendrá que pagarla y ya se adivina quiénes van a ser.
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