Salvar a Muface

Nada más salir de casa en mi paseo por la acera, en las terrazas y en la misma plaza de «La Mosca», uno de los motivos de discusión era el follón que tiene armado el Gobierno de Sánchez con los funcionarios de administración central de Muface, que está generando cada vez más tensión entre todos los afectados y de rebote al resto de los trabajadores adscritos a la atención sanitaria que depende de la Seguridad Social. La batalla que mantiene el Ministerio de Función Pública y las aseguradoras para fijar el próximo concierto sanitario puede salpicar a todos.

Aunque el plazo de la segunda licitación finalizó el pasado miércoles día 4 y las prestaciones están garantizadas hasta el 31 de enero de 2025, el Ejecutivo podría obligar a las aseguradoras a seguir dotando de asistencia sanitaria a los 1,53 millones de personas adscritas al concierto. Pero si no existiese una vez más acuerdo, el Gobierno podría presentar una nueva licitación con una antelación de 15 días antes de la finalización del concierto, que acaba este 31 de diciembre. En este caso las aseguradoras tendrán que seguir dotando de sus servicios a Muface durante un máximo de nueve meses. En ese caso, al haberse presentado la primera licitación con una antelación menor a tres meses de final de año, las aseguradoras podrían recurrir la prórroga y acabar en los tribunales con el Gobierno.

Y ya se está calentando la cosa. Por ejemplo, según denuncian fuentes sindicales de la Policía Nacional, algunas compañías están negando o anulando citas médicas con el pretexto de que el contrato expirará a finales del próximo mes de enero. Aunque no es el caso de la Guardia civil y militares que dependen del Isfas, a los que se les puede presentar esta misma historia a finales del año 2025. Habrá que esperar.

También esta crisis de Muface ha traspasado el océano. Son cerca de 8.000 los mutualistas que, viven en vilo por lo que ocurrirá con su sanidad. Concretamente, parece que los funcionarios españoles afiliados a Muface en Estados Unidos, el país con mayor tasa de mutualistas en el extranjero, puede llegar a los 2.000 afiliados.

DKV envió un comunicado a sus asegurados donde explica por qué no acuden al concierto. La compañía argumenta que, de haberlo hecho, habrían sufrido unas pérdidas de 77 millones de euros.

Adeslas-SegurCaixa, también ha sido muy claro en su comunicado que ha llegado a los mutualistas a finales del pasado noviembre: “Por medio de la presente, deseamos informarle personalmente de que Adeslas no se ha presentado a la licitación del nuevo concierto de Muface para la asistencia sanitaria de sus mutualistas en los años 2025 y 2026, […] Lamentablemente, las condiciones ofertadas en el próximo concierto para los siguientes dos años, no nos permiten continuar prestando a Muface, de una manera sostenible, el servicio de calidad que venimos ofreciendo, […] Continuaremos, como hasta ahora, facilitando la atención sanitaria que pueda requerir hasta el próximo 31 de enero de 2025, fecha a partir de la cual deberá hacerse cargo el dispositivo asistencial organizado o concertado al efecto por la Mutualidad".

Asisa considera que en el caso de Muface «las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial». También argumentan que las coberturas que les piden «son más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud».

CSIF ha lamentado que las cartas enviadas a los mutualistas por las compañías aseguradoras aumenta aún más si cabe la incertidumbre de las personas afectadas, en torno a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares e invita a un acuerdo urgente.

Los otros sindicatos de profesores, policías nacionales, funcionarios de prisiones y el resto de los funcionarios civiles del Estado se han unido para exigir una solución: «Nuestra salud no es una mercancía».

Así. UPF, sindicato policial, exige celeridad y transparencia al Gobierno para cerrar un nuevo convenio. Igualmente, denuncian a unas aseguradoras «insaciables» que quieren aumentar sus beneficios a costa del Estado: «Reclamamos la necesidad de alcanzar un acuerdo estable, razonable y satisfactorio y utilizaremos las medidas de presión que consideremos oportunas».

FE-CCOO resalta el hecho de que los diferentes sindicatos se han unido para asegurar la asistencia sanitaria de los funcionarios: «Todos coincidimos en una cosa: es imprescindible renovar el convenio de Muface, no hay ningún escenario alternativo viable». Y anuncia que, tras la firma del nuevo convenio, exigirán un grupo de trabajo para articular un plan que garantice el derecho a la salud de los funcionarios a futuro y evitar así que la incertidumbre se repita cada dos o tres años.

UGT apostilla el hecho de que se está viviendo una «situación inédita». La solución está en manos tanto del Gobierno como de las empresas: «El ámbito de la salud no es un negocio cualquiera, está en juego la sostenibilidad del sistema sanitario».

Por ello, todos los sindicatos que firman el comunicado anuncian concentraciones en todas las capitales de provincia para el próximo 11 de diciembre en defensa de una atención sanitaria de calidad, a la que también se unirán los funcionarios de justicia por la incertidumbre generada por Mugeju, cuya licitación se ha paralizado.

La diputada nacional del Partido Popular de Córdoba, Isabel Prieto, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya abandonado a los mutualistas cordobeses de Muface. Sin ningún tipo de escrúpulo y de una manera deliberada el Gobierno del PSOE quiere acabar con el modelo de mutualismo administrativo, dejando abandonados a muchos cordobeses que durante años han formado parte del sistema de cobertura sanitaria y que ahora se ven desamparados. «Para el Gobierno de Sánchez esos mutualistas son simplemente números en una tabla de Excel, cuando la realidad es que son víctimas de un abandono paulatino que lleva años fraguándose».

Por su parte el Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía, exige a la Consejería de Salud que, si finalmente se produce la incorporación de los mutualistas de Muface al Servicio Andaluz de Salud (SAS), esta se traduzca en más personal y mejores recursos. El sindicato se hace eco de la enorme preocupación que le han trasladado enfermeros, enfermeros especialistas y fisioterapeutas de todas las provincias andaluzas ante la noticia de que los beneficiarios de Muface podrían pasar al SAS. Esto supondría que 322.868 personas dejarían de estar cubiertas por Muface en Andalucía, aunque 62.000 han optado ya por la sanidad pública. Esto se traduciría en la llegada de 260.000 nuevos beneficiarios al Sistema Sanitario Público Andaluz.

Solo nos queda pedir al Gobierno y a las aseguradoras cerrar un acuerdo lo antes posible para poner fin a la situación de angustia que están viviendo los trabajadores públicos mutualistas de Muface y sus familias ante la no renovación del nuevo concierto sanitario para los años 2025-2027.

Aún se está a tiempo de salvar a Muface y de demostrar que el Gobierno está comprometido con la salud de los ciudadanos y con la dignidad de los funcionarios. Pero para eso, hace falta algo más que palabras vacías, hace falta voluntad política y coraje para negociar.

Y, por cierto, si el problema del Gobierno son dineros, que eche mano del destinado a las miles y miles de viviendas que prometió y no hizo en estos años pasados para los jóvenes.