Llueve sobre mojado. El Gobierno de Sánchez ha vuelto a dejar a Córdoba fuera de la planificación eléctrica nacional, marginando al norte de la provincia de la Propuesta de Planificación Eléctrica con horizonte 2030. La exclusión de las infraestructuras solicitadas -especialmente la línea de 400 kilovoltios y el refuerzo del mallado de transporte energético- confirma lo que la provincia lleva años padeciendo: un déficit estructural de potencia eléctrica que frena su desarrollo industrial y limita su capacidad de competir.
Las comarcas del Guadiato y Los Pedroches son hoy un símbolo del olvido. Su crecimiento se ve lastrado por una red insuficiente que impide aprovechar el enorme potencial energético, renovable y logístico del territorio. La carencia de infraestructuras eléctricas de alta capacidad no solo bloquea nuevas inversiones, sino que amenaza la continuidad de empresas ya asentadas y desincentiva la implantación de proyectos estratégicos ligados a la transición ecológica.
El agravio es doble. Por un lado, se priva a Córdoba de participar en igualdad de condiciones en la reindustrialización verde que el propio Gobierno dice liderar. Por otro, se desmiente por la vía de los hechos el discurso de la cohesión territorial. Mientras se multiplican las inversiones en otras provincias, Córdoba vuelve a ser relegada al último lugar, pese a ser una de las provincias con mayor potencial para la producción de energías limpias, el almacenamiento energético y el desarrollo del hidrógeno verde.
El resultado es una paradoja que no se puede tolerar: una provincia con capacidad para generar más energía de la que consume sigue dependiendo de redes saturadas, sin posibilidad de evacuar la producción renovable ni de atraer industria. Y así, la transición energética se convierte en una transición desigual.
Sin energía no hay industria, sin industria no hay empleo y sin empleo no hay futuro. Y ese futuro, una vez más, el Gobierno parece decidido a negárselo a Córdoba.
