El comienzo de un nuevo año suele venir acompañado de anuncios de gran calado. Proyectos estratégicos, inversiones de envergadura y obras que se culminarán a lo largo de 2026 dibujan un horizonte de oportunidades para Córdoba y su provincia. Infraestructuras largamente esperadas, equipamientos llamados a transformar sectores clave y planes que miran al medio y largo plazo copan los titulares estos días. Pero el progreso no se mide solo en grandes cifras ni en inauguraciones futuras. También —y quizá sobre todo— en la capacidad de sostener los servicios básicos que hacen viable la vida cotidiana, especialmente en el medio rural.
En ese plano silencioso se sitúa el progresivo vaciamiento bancario de los pueblos. El cierre de sucursales y el cambio radical en la forma de atender a los clientes no es un fenómeno sujeto a la consecuencia de la digitalización. Afecta de lleno a un número importante de cordobeses, fundamentalmente personas mayores, que no solo sufren la brecha digital, sino una clara desatención en algo tan esencial como la gestión de sus finanzas personales. Cobrar una pensión, pagar recibos o resolver una incidencia bancaria se ha convertido, en muchos municipios, en un trámite complejo que exige desplazamientos, intermediarios o una adaptación forzada a herramientas para las que no siempre se está preparado.
Conviene recordar que no se parte de cero. La Diputación de Córdoba ha impulsado en los últimos años iniciativas para garantizar un acceso mínimo al efectivo en municipios pequeños, mediante la instalación de cajeros automáticos y el apoyo a ayuntamientos con mayores dificultades. Son medidas necesarias y, en muchos casos, bien valoradas, aunque claramente insuficientes para resolver un problema de fondo que va mucho más allá de la retirada de dinero. De forma puntual y casi siempre con escaso recorrido público, algunos partidos políticos han planteado también esta cuestión en el debate institucional, conscientes de que el malestar existe y va en aumento.
La complejidad del asunto es evidente. No se trata de una competencia directa de las administraciones públicas. El modelo de atención bancaria, el cierre de oficinas y la relación con los clientes dependen de entidades privadas que operan con criterios empresariales legítimos. Sin embargo, cuando esas decisiones afectan a un servicio esencial para amplias capas de la población y a la cohesión del territorio, el problema deja de ser exclusivamente mercantil. Ahí es donde aparece una tensión no resuelta entre rentabilidad y responsabilidad social, entre eficiencia económica y vertebración territorial.
La llamada España vaciada no se vacía únicamente por falta de empleo o de grandes infraestructuras. Se vacía también cuando desaparecen servicios básicos que hacen posible quedarse. Sin banco, sin atención presencial o sin soluciones adaptadas a la realidad de los pueblos, el mensaje implícito es claro: vivir en el medio rural tiene cada vez más peajes. Mientras se proyecta el futuro con grandes obras y anuncios, conviene no olvidar que el verdadero reto está en proteger el presente de quienes sostienen la provincia día a día. Porque ningún proyecto estratégico será completo si deja atrás, en la cola del banco, a una parte de la población.
