Debate universitario: ¿Infrafinanciación o mala gestión?

El reciente cese del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, y la posterior renuncia de su equipo, ha puesto de manifiesto el intenso debate público existente en la Comunidad de Madrid sobre el papel de la universidad y, en particular, de la universidad pública. Se aprecia un enfrentamiento entre dos posturas claramente diferenciadas: la de la infrafinanciación, defendida al unísono por todos los rectores de las universidades públicas y basada en datos contrastables, frente a la de la mala gestión, sostenida por la Comunidad de Madrid.

El informe de 2025 sobre el sistema universitario español, elaborado anualmente por la Fundación Cifras y Datos (CYD), muestra que la Comunidad de Madrid es una de las que menos invierte, con un gasto de 6.975 euros por alumno, frente a otras comunidades autónomas donde el gasto por estudiante supera los 10.000 euros: Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana. Sin entrar en razones ideológicas sobre cuál debe ser el esfuerzo relativo de cada comunidad autónoma, es evidente que el papel de la universidad en la sociedad es clave para promover el desarrollo social, económico, científico y tecnológico, así como para formar profesionales altamente cualificados, las élites culturales y los líderes necesarios para afrontar los retos de nuestra sociedad. No existe otra institución como la universidad –y particularmente la pública– cuya misión y fines sociales estén tan claramente definidos y cuyo retorno a la sociedad justifique sobradamente cada euro de inversión recibido.

En este sentido, la actual presidencia de la Comunidad de Madrid ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a las instituciones universitarias madrileñas, aunque, desafortunadamente, las cifras presupuestarias no acompañan dichas declaraciones.

Por otra parte, desde la Comunidad de Madrid se insiste en que la gestión universitaria es manifiestamente mejorable, un planteamiento que, sin duda debe ser recogido de manera constructiva por la comunidad universitaria. No se pueden obviar las críticas fundamentadas sobre la endogamia universitaria, la existencia de titulaciones de dudosa calidad, o repetidas entre otras. Además, es necesario recordar la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía, que en definitiva es quien financia este servicio público mediante sus impuestos. En cualquier caso, conviene tranquilizar a la sociedad: las cuentas de las universidades públicas son aprobadas por los Consejos Sociales y los Consejos de Gobierno de las universidades, están sometidas a intervención pública, son auditadas por un auditor independiente y enviadas al Tribunal de Cuentas, donde son revisadas exhaustivamente en busca de posibles desviaciones. En definitiva, los instrumentos de control funcionan de manera razonable.

Asumiendo que ambos supuestos son reales –es decir, que tanto la financiación como la gestión pueden y deben mejorar–, la llegada del nuevo equipo a la Comunidad de Madrid abre una oportunidad para establecer un nuevo marco de financiación estable, plurianual y que permita el desarrollo de planes estratégicos en las universidades para afrontar los desafíos presentes y futuros.

Son muchos los retos a los que se enfrenta la Comunidad de Madrid en los próximos años, y disponer de un sistema universitario público potente, bien financiado y alineado con los intereses estratégicos de investigación de la región constituye, sin duda, la mejor garantía para el futuro.