Educación en España: demasiada ideología, pocos resultados

En España debatimos con intensidad sobre la economía, los pactos parlamentarios o el modelo territorial. Sin embargo, raramente analizamos con la misma profundidad quién ha diseñado el modelo educativo que ha formado a varias generaciones de españoles en las últimas décadas. Y, sin embargo, pocas decisiones políticas tienen un impacto tan duradero como las que se toman en el ámbito de la enseñanza.

Desde la aprobación de la LOGSE en 1990, la educación ha sido uno de los espacios donde la izquierda ha ejercido con mayor claridad una estrategia cultural de largo recorrido. No se trataba únicamente de modernizar estructuras o ampliar etapas obligatorias. Aquella reforma introdujo una determinada concepción de la escuela: comprensividad hasta los 16 años, enfoque pedagógico centrado en competencias, prioridad de la inclusión como principio organizador y una visión en la que la evaluación perdía peso frente al acompañamiento.

Ese marco conceptual no fue episódico. Con matices y ajustes, ha continuado vigente a través de las sucesivas reformas. Cambian los nombres de las leyes, se retocan artículos, se modifican currículos, pero el núcleo permanece reconocible. No estamos ante una sucesión de modelos radicalmente opuestos, sino ante una continuidad de fondo que ha atravesado más de tres décadas.

La derecha, por su parte, no ha desarrollado un proyecto educativo alternativo sólido y sostenido. Cuando gobernó, introdujo modificaciones –como ocurrió con la LOMCE en 2013–, pero no impulsó una revisión estructural del modelo heredado. Algunas de sus medidas más significativas, como las evaluaciones externas finales, quedaron suspendidas por falta de consenso político antes de consolidarse. La educación nunca fue situada en el centro estratégico del debate público con la misma prioridad que otras áreas.

Así se ha producido una paradoja política: mientras la izquierda entendía la educación como herramienta decisiva de configuración cultural y social, la derecha la abordaba como un ámbito más dentro de la agenda gubernamental. El resultado ha sido una hegemonía pedagógica apenas cuestionada en sus fundamentos.

La cuestión decisiva, sin embargo, no es ideológica sino empírica: ¿qué resultados ha producido este modelo tras más de treinta años de continuidad?

Los informes internacionales sitúan a España de manera recurrente en posiciones intermedias. No ocupamos los últimos lugares del mundo desarrollado, pero tampoco nos aproximamos a los sistemas que lideran el rendimiento académico global. En las evaluaciones comparativas, nuestros estudiantes se sitúan en torno a la media en matemáticas, lectura y ciencias. Al mismo tiempo, persisten problemas estructurales como el abandono escolar temprano –aunque haya mejorado en los últimos años– y una fuerte influencia del entorno socioeconómico en el rendimiento.

No hablamos de un sistema fracasado. Pero tampoco de uno excelente. España parece instalada en una cierta medianía estable, sin grandes avances sostenidos ni retrocesos dramáticos. Y esa estabilidad en la media plantea una pregunta incómoda: ¿era este el horizonte al que aspirábamos cuando se emprendieron las grandes reformas educativas de los años noventa?

El debate público sobre educación suele formularse en términos ideológicos simplificados: equidad frente a exigencia, inclusión frente a evaluación, competencias frente a contenidos. Sin embargo, la experiencia de los sistemas más sólidos demuestra que estas categorías no son excluyentes. Es posible combinar inclusión con altos estándares académicos, equidad con cultura del esfuerzo, autonomía pedagógica con evaluación rigurosa.

Lo que resulta más llamativo en el caso español no es la existencia de valores en la legislación educativa –toda norma refleja una concepción del mundo–, sino la ausencia de un debate estructural sobre los resultados obtenidos. Las leyes proclaman principios loables: igualdad de oportunidades, formación integral, ciudadanía democrática. Pero una nación también necesita claridad curricular, exigencia intelectual y mediciones objetivas que permitan saber si el sistema mejora o simplemente se mantiene.

La educación es, probablemente, el instrumento más poderoso de configuración cultural a largo plazo. Por eso sorprende que no haya existido un pacto de Estado duradero que garantice estabilidad normativa y evaluación independiente de los resultados. Cada reforma sustituye a la anterior antes de que haya sido plenamente analizada. Y así, el debate se desplaza del análisis a la consigna.

Mientras tanto, el país avanza con un sistema que no genera alarma suficiente ni orgullo colectivo. Permanecer en la media puede parecer razonable en el corto plazo. Pero en un entorno internacional cada vez más competitivo, la mediocridad confortable es un riesgo silencioso. La excelencia educativa no surge por inercia, sino por decisiones estratégicas sostenidas en el tiempo.

Treinta años después de aquella gran transformación inicial, quizá ha llegado el momento de plantear la cuestión con serenidad y sin consignas partidistas. No se trata de negar avances ni de idealizar modelos ajenos. Se trata de preguntarnos si la educación española ha sido evaluada con la misma exigencia que exigimos a nuestros alumnos.

La formación de las próximas generaciones no puede depender de alternancias superficiales ni de hegemonías incuestionadas. Requiere ambición nacional, consenso amplio y, sobre todo, voluntad de revisar con honestidad intelectual lo que funciona y lo que no.

Porque en educación, permanecer en la media no es neutral. Es una decisión. Y toda decisión tiene consecuencias a largo plazo.