La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
El giro en el caso del novio de Ayuso compromete a la Fiscalía: «Si mantiene el juicio, será por órdenes políticas»
Desde la Puerta del Sol consideran que si la Fiscalía se niega a llegar a un acuerdo con Alberto González no lo hará por cuestiones técnicas sino políticas
La Agencia Tributaria pide a la Tesorería del Estado que devuelva medio millón de euros al novio de Ayuso
El caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso daba este miércoles un giro de 180 grados cuando salía a la luz que la Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva más de medio millón de euros a Alberto González Amador. Un extremo que, según apuntan desde el entorno de la dirigente madrileña, pone en un brete a la Fiscalía de Madrid porque, esgrimen, si decide no pactar y continuar con el juicio, «estará obedeciendo órdenes políticas».
Y es que, desde el primer momento, Díaz Ayuso, al día siguiente de que saltara a la palestra la denuncia del Ministerio Público contra su compañero sentimental, desveló que era Hacienda quien debía cerca de 600.000 euros a González y enmarcó la denuncia en una campaña orquestada por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de «destruirla políticamente» utilizando cuestiones personales.
Después de más de un mes de tacharla de «mentirosa», ahora se confirma que, efectivamente, deben a la pareja de Ayuso un total de 552.000 euros. De este modo, si la Fiscalía decidiera aceptar el acuerdo que propone González para evitar ir a juicio, en virtud del cual tendría que pagar 340.000 euros, el particular terminaría con un saldo positivo de 200.000 euros.
Desde la Puerta del Sol lo tienen claro. Si la Fiscalía no pacta no lo hará por «cuestiones técnicas» sino meramente «políticas», es decir, para seguir exprimiendo a la pareja de Ayuso para tratar de desgastarla y, de paso, desviar el foco de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y del caso PSOE.
Desde que se conociera la denuncia de la Fiscalía de Madrid que, por cierto, está presidida por un ex alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –a la que González Amador ha denunciado por revelación de secretos después de que el Ministerio Público revelara en un comunicado datos personales y la estrategia de su abogado–, las peticiones de dimisión a la presidenta madrileña han sido una constante por parte de la izquierda.
El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, acusó a Ayuso de «mentir» en la rueda de prensa de Leganés en la que desveló que Hacienda debía casi 600.000 euros a su pareja y exigió, por ello, su dimisión.
«Si por mentir hay que dimitir, quien mintió fue Juan Lobato», lanzaba el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, sobre esas declaraciones del socialista madrileño.
#AyusoTeníaRazón
Tanto Serrano como otros miles de simpatizantes del PP de Madrid y de su presidente, han popularizado en redes sociales el hashtag #AyusoTeníaRazón para expresar su apoyo a la jefa del Gobierno autonómico. La propia Ayuso declaraba este miércoles que la nueva información confirma que «no mintió», que «tenía razón» y que «el Gobierno está utilizando todos los poderes del Estado para ir contra un particular». Cabe recordar que este lunes el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, asumía la responsabilidad del comunicado que emitió la Fiscalía de Madrid en el que se revelaban datos personales de la pareja de Ayuso, así como la estrategia de su abogado en el caso.
Mientras tanto, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, expresaba en X su satisfacción por como están «rabiando» los medios 'sanchistas' con los nuevos acontecimientos. «Sánchez, desesperado: quiso tapar los negocios raros de su mujer y el enriquecimiento raro de su hermano con una inspección fiscal. Pero Hacienda tiene que devolver 552.000 euros a González Amador. Ni TVE ni los medios sanchistas han dado la noticia. Solo rabian. ¡Cómo me gusta!», escribía.
Con todo, la líder de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, lejos de sumarse al hashtag, ha afirmado que «el gabinete de Ayuso intenta sembrar la confusión una vez más, ahora con una filtración inverificable que no cambia nada».
«Lo que hay es un proceso judicial pendiente y una confesión de presuntos delitos fiscales. No es un asunto contable, es un asunto penal», sentenciaba, dejando entrever su nerviosismo porque este tema, que la izquierda está utilizando continuamente como ariete contra Ayuso, pueda quedar zanjando por un acuerdo con la Fiscalía. Un acuerdo que, si finalmente no llega, desde Sol no tienen dudas: «Será por órdenes políticas».
Por su parte, desde el Partido Socialista de Madrid han difundido que «cuando se abre un procedimiento y se notifica inspección, ya no se puede presentar regularización voluntaria». «En el caso de hacerlo, se devuelve el dinero y continúa el procedimiento, en este caso, por la vía pena, con dos delitos fiscales y uno por falsedad documental», agregaban.
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