Madrid llevará ante el Supremo la ley Bolaños que supone «un nuevo intento de Sánchez por controlar la Justicia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su Gobierno va a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la conocida como ley Bolaños si antes del 10 de mayo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no responde al requerimiento formal que hicieron hace casi un mes para que «de manera inminente» evaluara el coste real de esta ley y dotara a las comunidades autónomas de la financiación suficiente.

Se trata de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, a juicio de la presidenta autonómica, «supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas».

«Disfrazada de palabras mágicas como modernizar simplificar, hay un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes. Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva vestida», ha lanzado, en la presentación de la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia en la Real Casa de Correos.

Para Díaz Ayuso, «vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos se esconde ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces, y ninguna de estas amenazas es nueva». En este sentido, ha advertido de que «desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo».

«Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores de planes del Gobierno, tenemos una responsabilidad somos también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan. Y no nos es ajeno, por tanto, lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes», ha esgrimido.

En este punto, ha anunciado la presentación de ese recurso ante el Alto Tribunal si el Gobierno no responde a su requerimiento en un plazo de cinco días porque «si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más».

Cabe recordar que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno autonómico, la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos que se derivarán de la entrada en vigor de los tribunales de instancia supondrá, sólo el primer año, un coste adicional de 40 millones de euros para la Comunidad de Madrid.

«Pese a la enorme carga que dicha ley atribuye a las comunidades autonómicas con competencias transferidas, no se ha tenido en cuenta, de ninguna forma, a quienes tenemos la responsabilidad última de implantar el contenido de esta», lamentaron desde el Gobierno autonómico en una carta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de febrero dónde ya le interrogaba sobre los mecanismos de financiación que tenía previstos para cubrir los «enormes costes» de la aplicación de la también conocida como ley de Eficiencia.

A esos 40 millones de coste adicional calculados por el Ejecutivo autonómico, «debe sumarse el incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, como consecuencia de los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos».