La izquierda exprime a los muertos en residencias contra Ayuso, pese a que los datos desmontan la ofensiva

Cuando la semana pasada se conoció que la jueza María Isabel Durántez Gil –exmiembro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– había imputado a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola del covid-19, la izquierda madrileña vio las puertas del cielo abiertas. Una oportunidad de oro para volver a sacar toda la artillería política contra Isabel Díaz Ayuso.

Dicho y hecho. Al PSOE le ha faltado tiempo para anunciar que ha solicitado formalmente su personación en el procedimiento y, ha avisado, hará lo propio en todos los juzgados en los que se reabran actuaciones. Eso sí, obviando en todo momento las 60 denuncias sobre este asunto que han sido archivadas hasta la fecha.

Y es que la izquierda se continúa aferrando a cuestiones que el Ejecutivo ha negado por activa y por pasiva, más intensamente en el reciente quinto aniversario de la declaración del Estado de la Alarma. No hubo 7.291 muertos en residencias sin derivación hospitalaria en Madrid durante la primera ola del covid, ni tampoco hubo protocolos firmados por políticos.

Según la Puerta del Sol, el número de fallecidos en residencias en ese periodo de tiempo fue de 4.100, basándose en los datos ofrecidos por el INE, y «nunca porque no se les ayudara». Además, desde Madrid recuerdan que durante la primera ola, el SUMMA 112 trasladó a hospitales a 11.200 mayores procedentes de residencias de la región y el 25 % de los pacientes atendidos en los centros sanitarios de Madrid tenía más de 80 años y el 50 % más de 70.

«El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, Alberto Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara», esgrimieron desde la Comunidad de Madrid en ese quinto aniversario de la pandemia que la izquierda utilizó para, una vez más, recrudecer su ofensiva contra Ayuso con este tema.

Pero es que Madrid ni siquiera fue la región de España donde porcentualmente más gente murió por covid, o con sospecha de haber contraído la enfermedad, en las residencias de mayores, tal y como revelan los datos del Instituto Nacional de Estadística, que muestran que hubo varias regiones con un mayor porcentaje de muertes en residencias sobre la población total.

Además, el Ejecutivo de Ayuso creó una Red de geriatras referentes de hospitales como enlace con las residencias de mayores, un extremo que contrasta con el inexistente comité de expertos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otra de las críticas recurrentes de la izquierda a la jefa del Gobierno autonómico es no haber recibido a las víctimas de fallecidos en residencias, a lo que desde Sol sostienen que no tienen conocimiento de peticiones en este sentido pero, si las hubiera, aseguran que están a «su entera disposición».

Para la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se está tratando de «retorcer la historia» con estas muertes con el objetivo de «hacer un ruido político muy necesario, porque están (en el Gobierno central) cubiertos de corrupción».

Así las cosas, este lunes estaban citados a declarar los ex altos cargos del Ejecutivo Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la región, pero, finalmente, las declaraciones han quedado suspendidas porque los abogados de los investigados lo solicitaron, al alegar que no les habían dado adecuado traslado de las actuaciones.