Las pymes arruinadas por los ICO de Sánchez disparan en Madrid las solicitudes de la Ley de Segunda Oportunidad

Las solicitudes para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad se han disparado en la Comunidad de Madrid en los últimos meses, con un crecimiento del 30 % respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento, registrado especialmente en mayo y junio, está protagonizado por autónomos y pequeños empresarios que, tras resistir la pandemia con préstamos ICO covid, ahora no pueden devolver esas ayudas.

«Estamos viendo un pico de solicitudes muy acusado. En estos dos últimos meses, el flujo de personas que se interesan por la Ley de Segunda Oportunidad ha aumentado de forma clara. Coincide con una época crítica para muchas familias y autónomos, sin liquidez suficiente para afrontar sus gastos fijos», explica Emilio J. Sánchez, abogado y socio de Asoban Abogados.

El perfil de cliente también ha evolucionado desde los primeros años tras la pandemia. «Antes predominaban los particulares con deudas de consumo. Ahora son, sobre todo, autónomos y pequeños empresarios que intentaron sobrevivir con financiación pública. Muchos recurrieron a préstamos ICO covid y hoy no pueden hacer frente a las devoluciones», señala Sánchez.

Los sectores más afectados, según Asoban Abogados, son la hostelería, el comercio minorista, el transporte y los profesionales independientes. Todos ellos recurrieron a préstamos avalados por el Estado como tabla de salvación durante el confinamiento, pero sin margen real para la recuperación, el endeudamiento se ha cronificado.

«Los préstamos ICO covid están en el centro de este problema», afirma con contundencia Diego Zapatero, también abogado y socio de Asoban Abogados. «En teoría, contaban con un aval estatal del 80 %, pero en la práctica, los bancos están reclamando el 100 % de la deuda a los clientes».

La situación ha generado un auténtico «colapso» entre prestatarios que aseguran haber sido inducidos a creer que solo responderían del 20 % restante. «Existió una comunicación deficiente, en ocasiones confusa, tanto desde las entidades financieras como desde las instituciones públicas», denuncia Zapatero.

«El cliente firmaba creyendo que el Estado asumiría la mayor parte del riesgo, pero el aval nunca les protegía directamente: solo era una garantía entre banco e ICO», comentan.

La buena noticia es que la justicia ha comenzado a dar la razón a los afectados. Asoban Abogados ya ha logrado tres sentencias estimatorias que limitan la responsabilidad de los deudores al 20 %, al declarar la nulidad del aval personal por falta de transparencia.

«Los jueces han considerado que hubo vulneración de la normativa de protección al consumidor. En consecuencia, nuestros clientes solo deben asumir ese 20 %, y el resto es reclamable por el banco al ICO», explica Zapatero.

Las resoluciones han sido emitidas este año por juzgados de primera instancia en distintas comunidades autónomas. Aunque no se han detallado los casos concretos por razones de confidencialidad, el despacho señala que estas sentencias sientan un precedente importante para miles de afectados.

Actualmente, el despacho tramita decenas de procedimientos similares en todo el país. «Somos optimistas. Nuestros argumentos están bien fundamentados en derecho, desde la Ley de Contratos de Crédito al Consumo hasta la jurisprudencia europea sobre transparencia contractual», asegura Zapatero.

El socio de Asoban también denuncia el papel de la banca en la comercialización de estos préstamos. «Muchos clientes firmaron sin entender qué implicaba avalar personalmente. En algunos casos, se les ocultó el alcance real de su responsabilidad. Esa falta de información ahora está siendo analizada por los tribunales».

Y va más allá: «El Gobierno no puede mirar hacia otro lado. Urge una intervención pública que permita aplicar quitas a estas deudas. Si no, colapsaremos los juzgados con procesos concursales», advierte.

Quienes acuden a buscar ayuda legal lo hacen al límite. «Llegan desbordados, ansiosos, con sensación de haber sido engañados por bancos e instituciones», afirma Zapatero. «Pero estas tres sentencias a tres bancos distintos deberían servir de esperanza. Hoy es posible que un juez les reconozca que solo deben el 20 % de su préstamo ICO, no el total».

La vía para liberarse de estas cargas económicas sigue siendo la Ley de Segunda Oportunidad. «El procedimiento es el mismo: demostrar buena fe, haber intentado pagar y no superar ciertos umbrales de deuda», detalla Emilio J. Sánchez. «Se presenta ante el juzgado mercantil y, si todo está en orden, puede concluir con la exoneración total o parcial del pasivo».

Ahora bien, para acogerse a la nueva línea jurisprudencial que reduce la deuda al 20 %, es imprescindible demostrar que el contrato ICO fue firmado sin la debida información y bajo condiciones poco transparentes.