Madrid y Tragsa buscan desatascar la huelga de brigadas forestales de la que solo el Gobierno tiene la llave

Transcurrido más de un mes desde el inicio de la huelga de las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid, con más de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en toda España —y que ha obligado a interrumpir el paro de estos bomberos— acontecerá una reunión entre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo; y el presidente de la Empresa de Transformación Agraria —Tragsa—, Jesús Casas.

Una huelga que, pese a que las reivindicaciones han sucedido en todo el país, solo se ha ejecutado en Madrid y que en realidad depende del Gobierno de Sánchez, como ha quedado evidenciado con la publicación en el BOE de un nuevo convenio para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Sin embargo, este nuevo texto no afectará a los profesionales madrileños, ya que se rigen por un acuerdo propio.

Ya a los pocos días de iniciarse el paro, Novillo reveló haberse reunido con Tragsa, «su empresa contratante», para valorar «de qué manera la Comunidad de Madrid puede ayudar» pese a que se trata de una competencia de la empresa pública. Los profesionales reclamaban la actualización de un convenio que permanece bloqueado desde 2008. El actual encargo de la Comunidad de Madrid a Tragsa data de 2022 y expira en diciembre de este año, con un gasto anual por encima de los 27 millones de euros.

Sabotaje a las bases del dispositivo regional

El pasado 20 de julio, ya entrada la época de alto riesgo de incendios, los piquetes de las brigadas forestales causaron daños en 16 bases del dispositivo regional, colocando «pitones» en las puertas exteriores de los recintos para dificultar los accesos y dejando 9 recursos inoperativos.

Las acusaciones llovían igualmente hacia Comunidad y empresa adjudicataria. El SEPI —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda— es quien posee más de un 51 % del accionariado de Tragsa, mientras que Madrid solo posee el 0,0034 % —como el resto de regiones del país—.

Mientras que Tragsa guardaba silencio y pese a la insistencia de la Comunidad en la ausencia de competencias, Madrid anunciaba un encargo a la Empresa de Transformación Agraria de «más de 25 millones de euros que deja margen para estas mejoras». Asimismo, el Gobierno autonómico comunicaba el aumento de un 8,4 % de la inversión para la campaña de prevención y lucha contra incendios forestales (INFOMA) de este año y 375 millones de euros de presupuesto anual para la Agencia de Seguridad y Emergencias (ASEM112).

Además, el Ejecutivo de Ayuso aprobaba en junio el acuerdo de la mesa sectorial de personal funcionario que regula las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos regional para el periodo 2025/28 para reforzar la plantilla, aumentar las retribuciones, un plan de empleo y relevo generacional, así como una optimización de organización interna.

Una reunión «a tres» que no se produjo

Por su parte, los sindicatos Firet, UGT y CGT de los forestales interrumpieron su huelga durante diez días, entre el 15 y 25 de agosto, por la «devastadora situación» que atraviesa el país y emplazaban a la Comunidad, Tragsa y Hacienda a mantener un encuentro «a tres» para conseguir la ansiada reforma del convenio con la que responder a sus demandas. Ninguno acudió. Incluso, la empresa adjudicataria comentó a El Debate que no recibieron ninguna convocatoria a dicha reunión. Desde que se convocó el paro, afirmaron que «el comité de huelga y el comité de empresa celebraron varias reuniones con el objeto de acercar posiciones dentro del marco jurídico bajo el que se tiene que regular la empresa como empresa pública».

A las críticas a la Comunidad se sumó al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a quien Novillo tuvo que recordarle que es María Jesús Montero como ministra de Hacienda la que «es responsable de los salarios de Tragsa». Y reiteró la «imposibilidad legal de poder negociar sus condiciones salariales» para responder a unas demandas que considera «justas», apoyado en un informe de la Dirección General de Trabajo.

El mismo texto hacía referencia a que, aunque Tragsa «no está legitimada para negociar un convenio colectivo sectorial», sí que puede «negociar su propio convenio de empresa u otros acuerdos de empresa».

El BOE no afecta al convenio regional

De esta forma, llega el día en el que el BOE publica el nuevo convenio para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Las claves más relevantes versaban sobre mejoras en las condiciones laborales —subida salarial de entre el 15 y 20 %—, jornadas y descansos regulados, trabajo preventivo en invierno e intervención en otras emergencias o desastres.

Sin embargo, este nuevo texto, que sustituye desde el 21 de agosto al anterior anexo VII anterior del XVII Convenio colectivo, no tendrá ningún tipo de repercusión sobre los bomberos forestales de la región madrileña, ya que estos se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid.

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, celebraba que el Gobierno central «por fin se haya cedido» a atender las reclamaciones de los brigadistas, aunque fueran «solo para los que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica». Del mismo modo, deseaba un nuevo convenio para «las brigadas que trabajan en la Comunidad de Madrid».

A este respecto también se pronunciaba el consejero de Digitalización madrileño, Miguel López-Valverde, quien pedía al Ministerio de Hacienda «dotar de esas partidas presupuestarias» a los trabajadores de la región «se les equipare el salario a los otros colectivos dentro de la empresa pública que están trabajando para el Ministerio de Transición y Ecología» y «se aplique el mismo convenio».