Las ejecuciones de deudas firmadas en pandemia se disparan un 35 % entre los autónomos madrileños

El arranque de 2026 ha encendido todas las alertas en el tejido autónomo de la Comunidad de Madrid. Según ha conocido este periódico, en las últimas semanas los juzgados de ejecución y los departamentos de recuperación de deuda de varias entidades financieras han registrado un aumento significativo de procedimientos derivados de reconocimientos de deuda firmados en plena pandemia. Diversas fuentes del sector sitúan este incremento en torno al 35% respecto al año pasado, un dato que anticipa un primer trimestre especialmente complejo para miles de negocios de la región.

Durante 2020 y 2021, con cierres forzosos, desplome de ingresos y una incertidumbre sin precedentes, los autónomos madrileños se vieron ante una disyuntiva: esperar a unos créditos ICO anunciados como apoyo urgente pero que tardaron en llegar, o recurrir a financiación privada para resistir el apagón económico.

Según datos del Banco de España, más del 27 % de los trabajadores por cuenta propia acudió finalmente a financiación alternativa ante la lentitud de las ayudas públicas y de los avales del Estado. Muchos de esos préstamos y acuerdos se documentaron mediante pólizas intervenidas, contratos elevados a público y reconocimientos de deuda, documentos con plena fuerza ejecutiva.

Todo aquel volumen de documentación firmada en un contexto de emergencia está regresando ahora en forma de títulos no judiciales directamente ejecutables, una fórmula legal que permite iniciar un procedimiento de embargo sin necesidad de obtener una sentencia previa.

A ello se suma un empeoramiento estructural del entorno económico: según el INE, el coste de la vida se incrementó un 3,3 % en el último año y la Seguridad Social confirma que los gastos operativos de los autónomos crecieron alrededor del 7 % debido al encarecimiento de suministros, alquileres y cuotas.

Paralelamente, el Banco de España señala un aumento del 4,2 % en el endeudamiento del colectivo. El resultado es un caldo de cultivo perfecto para que los documentos firmados hace cinco años se hayan convertido en un detonante de embargos que se multiplican ahora.

En numerosos casos, los autónomos que durante la pandemia consiguieron salvar sus negocios a base de aplazar pagos, pedir pequeños préstamos o recortar gastos hoy reciben requerimientos ejecutivos basados en aquellos documentos que firmaron bajo presión. Para muchos, estas reclamaciones se han convertido en una amenaza directa no solo para la actividad económica, sino para su estabilidad financiera personal.

Obtener liquidez inmediata

Es a partir de este punto donde la dimensión del fenómeno se hace evidente. Asoban Abogados, despacho especializado en ejecuciones y derecho concursal, confirma a este periódico que están recibiendo un volumen inusualmente elevado de consultas de autónomos madrileños afectados por esta ola de procedimientos.

Según explican, la mayoría de los documentos cuya ejecución se está solicitando en 2026 fueron firmados «en situaciones límite», muchas veces sin asesoramiento profesional, bajo la urgencia de obtener liquidez inmediata y con la falsa sensación de que se trataba de compromisos temporales.

«Estamos viendo documentos que, en la práctica, operan como sentencias firmes. Muchos autónomos no eran conscientes de que el contrato o el reconocimiento de deuda que firmaron en 2020 podía ejecutarse sin juicio previo.

El problema no es solo la deuda impagada, sino la velocidad con la que se activan los embargos», señalan desde el equipo jurídico. El despacho destaca que se trata de una situación especialmente grave para quienes todavía arrastran pérdidas acumuladas desde 2020 y 2021.

Aunque la Comunidad de Madrid presenta mejores indicadores económicos que otras regiones, no escapa al fenómeno. Según informes recientes de ATA y CEPYME, alrededor del 30 % de los autónomos madrileños mantiene a día de hoy deudas vinculadas a préstamos firmados durante la pandemia, y cerca de un 18 % reconoce dificultades reales para cumplir con sus obligaciones financieras a lo largo de 2026 si no se reestructuran.

Los sectores más castigados siguen siendo hostelería, comercio minorista, transporte, servicios personales y actividades culturales, los mismos que sufrieron las caídas más drásticas de ingresos durante los meses más duros de la pandemia.

A este escenario se suma el efecto acumulativo de financieras privadas y prestamistas no bancarios que operaron con enorme intensidad entre 2020 y 2021. Muchos de ellos han reactivado ahora expedientes paralizados durante años. Y lo han hecho simultáneamente, lo que explica en parte el fuerte repunte actual.

Detrás del aumento de ejecuciones

Los expertos consultados identifican varias causas que explican el incremento del 35% en ejecuciones.

La primera es la maduración natural de las deudas. Muchos préstamos firmados en 2020 incluían carencias o aplazamientos que vencen ahora, coincidiendo con un contexto económico mucho más ajustado.

La segunda es la reactivación interna de expedientes por parte de las entidades financieras, presionadas por los nuevos criterios de supervisión del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea, que instan a mejorar los índices de recuperación de deuda y a evitar acumulaciones prolongadas de impagados.

En tercer lugar está la naturaleza ejecutiva de los documentos. Las pólizas intervenidas, los reconocimientos de deuda elevados a público y otros instrumentos similares tienen fuerza suficiente para iniciar un embargo sin necesidad de un procedimiento declarativo. Para un autónomo, esto significa que puede recibir una orden de ejecución con apenas margen de reacción.

Otro factor clave es el deterioro financiero persistente del tejido autónomo madrileño. Aunque muchas actividades recuperaron la facturación previa a 2019, otras nunca volvieron a niveles sostenibles y continúan operando con márgenes mínimos.

Por último, persiste el efecto social de los ICO que no llegaron o llegaron tarde. Miles de autónomos que esperaron ayudas públicas terminaron firmando contratos con entidades privadas cuyos efectos jurídicos no comprendieron plenamente.

Los analistas coinciden en que esta ola de ejecuciones continuará durante los próximos meses. La combinación de vencimientos simultáneos, reactivación de expedientes, documentación firmada en pandemia y exigencias regulatorias de bancos y financieras configura un escenario especialmente adverso para el colectivo autónomo.