El requisito del padrón para acceder al abono transporte en Madrid abre un nuevo frente entre Sánchez y Ayuso

Por si fueran pocos los asuntos que enfrentan a los Gobiernos de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, en los últimos días hay que sumar a esa extensa lista el nuevo requisito de empadronamiento en Madrid que el Ejecutivo autonómico exige desde este lunes para expedir el abono transporte.

Una medida que ha desatado una oleada de críticas por parte de la izquierda madrileña, a pesar de que se trata de un extremo contemplado en la ley del Consorcio Regional de Transportes desde 2011. Es decir, que desde la Puerta del Sol llevaban quince años sin dar cumplimiento a una ley que establece que el Consorcio «solo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en Madrid».

Sin embargo, ironías de la vida, cuando el Gobierno regional ha decidido empezar a aplicar la ley —algo que no había hecho antes por motivos tecnológicos y situaciones sobrevenidas, como la pandemia, según reveló ayer el consejero del ramo, Jorge Rodrigo— es cuando recibe críticas por parte de la oposición madrileña y el Gobierno central.

Y no solo críticas, sino que en el Palacio de la Moncloa estarían ya estudiando cómo tumbar esta medida que, en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, «genera desigualdades y segregación». Así lo avanzó este lunes la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

«Entiendo que desde el Gobierno central se hará lo que se ha hecho siempre, que es tratar de subsanar las políticas discriminatorias que hace Ayuso», lanzó en una rueda de prensa. En los próximos días, afirmó, «tendremos noticias y el Gobierno central estará trabajando y viendo la forma de cómo solucionar este estropicio de Ayuso».

Además, desde Más Madrid también han anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando medidas legales contra este requisito que «hace la vida más difícil a las personas y se ceba con los inmigrantes».

En la Consejería de Transportes, Vivienda y Administración Local no han tenido por el momento noticia oficial de ningún recurso y se preguntan qué van a alegar ambas formaciones, cuando se trata de un extremo perfectamente legal. Sí son conscientes de que, al haber retrasado tanto su puesta en marcha, tener tarjeta de transporte —con las tarifas especiales que eso supone— sin tener que estar empadronado se había convertido en un «derecho adquirido» que puede resultar complicado retirar.

No obstante, consideran que es lo que tenían que hacer, además de por imperativo legal, por una cuestión de justicia con los contribuyentes madrileños, que son quienes financian el 94 % de las subvenciones al transporte público en Madrid.

El otro 6 % corresponde a los 127 millones de euros que cada año el Ministerio de Transportes remite al Consorcio. Una cantidad que, según denuncian desde la Consejería de Rodrigo, lleva congelada quince años.

Pero, lejos de replantearse esa financiación, desde el Ministerio de Transportes, a través de un comunicado de Renfe, han arremetido también contra el requisito del padrón y han censurado que la medida no ha estado ni «comunicada ni consensuada» con la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono.

Una comunicación que se torna difícil cuando el Gobierno de Ayuso se ha visto obligado a llevar ante la Audiencia Nacional la negativa de Óscar Puente a convocar en tres años la Conferencia Sectorial de Transportes por parte del Ministerio de Transportes, el principal órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de transporte.

Así las cosas, las personas que no estén empadronadas en la Comunidad de Madrid, a pesar del alarmismo generado, podrán seguir viajando con normalidad en el transporte público regional. Eso sí, no podrán beneficiarse de los descuentos destinados exclusivamente para residentes. Cabe recordar en este punto la obligatoriedad legal que tienen los ciudadanos de empadronarse en el lugar en el que residen, tal y como fija la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Los no residentes en Madrid tienen acceso a la Tarjeta Multi, una tarjeta no personal, recargable y sin contrato, en la que se pueden almacenar hasta tres títulos de transporte no personales simultáneamente, pero no el abono mensual personal.