El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños

Ayuntamiento de Madrid

Las diferencias del caso PSOE y el de las mascarillas de Almeida que quiere llevar la izquierda al Congreso

El Partido Socialista de Pedro Sánchez se ha visto salpicado de manera frontal por las comisiones cobradas en la trama de corrupción engendrada en adjudicaciones que ascienden a 54 millones de euros que otorgó el Gobierno de España –y otras entidades socialistas– durante la pandemia del coronavirus. Sin haber planteado que comparezca alguien de la trama de corrupción por estas mordidas, Ferraz contempla llamar a comparecer al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la comisión de investigación que impulsan en el Congreso de los Diputados sobre los contratos de material sanitario.
El edil madrileño acudirá a la Cámara si le citan y dirá que «Sánchez es el hombre X de la trama de corrupción en España». Hay que recordar que entre los ministros salpicados por esta trama está el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la expresidenta Balear, Francina Armengol, el expresidente canario, Ángel Víctor Torres y el exministro de Sanidad, Salvador Illa.
La izquierda desde que se destapó su caso de corrupción ha intentado eludir esta polémica cargando contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Justicia ha archivado el caso de su hermano en dos ocasiones.
Por su parte, el Ayuntamiento de la capital sufrió una estafa por parte de Luis Medina y Alberto Luceño. El alcalde madrileño señalaba hace unos días que hay una clara diferencia entre estos dos casos. «El del PSOE es una trama corrupta instigada desde el propio partido», apuntaba el edil.
En el caso del Consistorio capitalino, los dos comisionistas manejaban transferencias millonarias desde Malasia. Ambos cobraron grandes cantidades de dinero, hasta 6 millones se embolsaron, y blanquearon estos activos gastándose parte de los beneficios. Estas actuaciones no eran conocidas por nadie del Ayuntamiento.
Prueba de ello es que la coordinadora de presupuestos, Elena Collado, denunció que les habían estafado al ver que los guantes de nitrilo eran de mala calidad y mucho más cortos que los que habían encargado. Las alarmas se encendieron en Anticorrupción y empezó a investigar el caso.
El comisionista Luis Medina

El comisionista Luis MedinaEuropa Press

«Armengol no quiso denunciar la estafa»

Un informe de los servicios antiblanqueo (SEPBLAC) llegó a la Fiscalía avisando sobre el flujo de millones llegado desde Malasia a las cuentas bancarias de Luis Medina y Alberto Luceño sin justificación aparente.
Ambos se han sentado en el banquillo de los acusados y la Fiscalía solicita de cara al futuro juicio una condena de 15 años de prisión para el empresario Alberto Luceño y otra de 9 de cárcel para el aristócrata Luis Medina.
Almeida defendía que «la diferencia entre el caso del Ayuntamiento y el del PSOE es clara». El edil comparaba que, aunque no está imputado, «está directamente inculpado el exsecretario de Organización», José Luis Ábalos, «y su mano derecha por la ramificación en los gobiernos». En cambio, en el Ayuntamiento de Madrid, «no hay nadie imputado ni investigaron a nadie».
Otra de las diferencias es que la expresidenta Balear, Francina Armengol, «no quiso denunciar la estafa», si no, todo lo contrario, «la ocultó y dejó que pasara el tiempo». El Ayuntamiento de Madrid fue el primero que se personó como acusación particular en la investigación de Luceño y Medina.
Almeida se pregunta que si para la izquierda lo que «él hizo era motivo de dimisión, ¿por qué no piden la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol?».
Desde Cibeles apuntan a que desde que se ha destapado este caso de corrupción, el PSOE ha puesto en «marcha la táctica del ventilador. Armengol debe dimitir dado que es la tercera autoridad del Estado».
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