Agentes de la Ertzaintza dentro del edificio de Santa Clara donde se encuentran las oficinas del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Gecho
País Vasco
La Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Guecho, gobernado por PNV y PSE, por un posible delito de prevaricación
El inmueble fue demolido durante unas obras promovidas por una cooperativa donde participaban los concejales del PNV
La Ertzaintza ha llevado a cabo un registro en el Ayuntamiento de Guecho, gobernado por PNV y PSE, en el marco de la investigación judicial abierta por el derribo de un palacete protegido en el barrio de Algorta y ante la posible comisión de un delito de prevaricación.
El registro se ha centrado en el edificio de Santa Clara, donde se ubican las oficinas del área de Urbanismo del consistorio. Desde primera hora de la mañana, agentes de la Ertzaintza han trabajado en el interior de las dependencias municipales recabando documentación, mientras que efectivos de la Policía Local se han desplegado en el exterior del inmueble, situado a escasos metros de la sede consistorial.
La actuación policial se produce un día después de que el juzgado de Guecho que instruye la causa decretara el secreto de sumario. La investigación se remonta al derribo, en agosto de 2024, del palacete Irurak Bat, un edificio histórico levantado en 1845 en la calle San Nicolás número 11, que contaba con un grado de protección local. El inmueble fue demolido durante las obras para la construcción de 12 viviendas de lujo en el solar, promovidas por la cooperativa Ereaga Atalaya.
En dicha cooperativa participaban los concejales del PNV en el Ayuntamiento de Guecho Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte, un extremo que también forma parte del foco de atención de los investigadores. Según ha trascendido, mañana jueves están llamados a declarar cinco imputados, entre ellos el arquitecto, el aparejador y el constructor responsables del proyecto, además de dos testigos.
Además de los ertzainas que trabajan dentro de las oficinas de municipales, agentes de la policía local se encuentran en el exterior del edificio
La investigación analiza si en la tramitación y concesión de las autorizaciones urbanísticas se pudieron adoptar decisiones contrarias a la legalidad de forma consciente, lo que podría constituir un presunto delito de prevaricación. En este sentido, los agentes tratan de determinar si funcionarios o responsables políticos permitieron el derribo total del inmueble pese a su protección.
El propio Ayuntamiento de Guecho ha defendido públicamente su actuación y ha subrayado que la licencia concedida únicamente permitía la rehabilitación del edificio protegido, manteniendo sus cuatro fachadas –con la excepción de los miradores–, así como la construcción de un nuevo inmueble en la misma parcela. «En ningún momento se autorizó el derribo completo del inmueble catalogado», aseguró el consistorio tras conocerse los hechos.
Por su parte, la alcaldesa, Amaia Aguirre, ha asegurado no tener constancia de «ninguna irregularidad». Según ha dicho, «en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad» y el expediente se tramitó «correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios». También ha subrayado que «cuando la promotora derribó parte del edificio sin el permiso correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez y con firmeza, se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa».
