Del apoyo a los presos de ETA a los homenajes: los perfiles más polémicos de las listas de Bildu para el 29-N

EH Bildu vuelve a concurrir a unas elecciones generales con candidatos cuya trayectoria política ha estado marcada por actuaciones de apoyo a los presos de ETA o por procedimientos judiciales relacionados con el entramado de la banda terrorista. Los nombres más destacados son los de Floren Aoiz, Marije Fullaondo y Sonia Jacinto, pero las listas de la formación independentista vasca incorporan también otros perfiles que protagonizaron episodios polémicos por su relación con los reclusos de la organización terrorista.

Uno de ellos es Eneka Maiz, cabeza de lista al Congreso por Navarra y exalcaldesa de Etxarri-Aranatz. En 2018, durante su etapa al frente del Ayuntamiento, cinco hijos de presos de ETA fueron los encargados de lanzar el cohete que dio comienzo a las fiestas de la localidad. Entre ellos se encontraban dos hijos de Asier Carrera, condenado por el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa. Al año siguiente, Maiz impulsó junto a la red Sare una campaña para reclamar la excarcelación por motivos de salud de Juan Cruz Maiza Artola, alias Giuseppe, antiguo responsable logístico de ETA.

También figura en las listas Josu Estarrona, cabeza de cartel al Senado por Álava. En noviembre de 2022, durante una comisión del Parlamento Vasco, el dirigente recitó unos versos de la bertsolari Maddalen Arzallus referidos a la excarcelación del preso de ETA Ion Kepa Parot.

En Guipúzcoa, Gorka Elejabarrieta, número dos al Congreso, defendió en el Senado los recibimientos que se organizan para presos de ETA cuando salen de prisión, conocidos como ongi etorris. El dirigente sostuvo que expresar alegría por la llegada de una persona que ha cumplido su condena no constituye una ilegalidad. Por su parte, Xabier Lertxundi, alcalde de Hernani y número cuatro de la candidatura guipuzcoana, fue denunciado ante la Fiscalía en 2021 por incluir en la agenda cultural municipal una marcha a favor de los presos bajo el lema Presoak kalera.

Otro de los nombres que aparece en las listas es Bel Pozueta, que ha ocupado un escaño en el Congreso durante las dos últimas legislaturas. En una entrevista en 2019, preguntada directamente por si condenaba a ETA, evitó responder a la cuestión.

Con todo, la trayectoria de estos candidatos se enmarca en la evolución de Bildu bajo el liderazgo de Arnaldo Otegi, cuyo pasado también está marcado por el caso Bateragune. El actual secretario general de la coalición fue condenado en aquel procedimiento por intentar reconstruir Batasuna, ilegalizada por sus vínculos con ETA, pero la condena fue anulada después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreciara que no había tenido un juicio imparcial. El Tribunal Constitucional impidió en 2024 que se celebrara una nueva vista.

En las pasadas elecciones generales, Otegi ya tuvo que afrontar una fuerte polémica por las candidaturas de las elecciones municipales y autonómicas. Entonces, la asociación de víctimas del terrorismo Covite contabilizó 44 antiguos miembros de ETA condenados entre los aspirantes de la coalición, siete de ellos por delitos de sangre. Tras las críticas de las víctimas y de los partidos políticos, el dirigente anunció que esos siete candidatos no tomarían posesión de sus actas si resultaban elegidos.

Ahora, de cara a las elecciones del próximo mes, Bildu ha situado en puestos destacados a Floren Aoiz, Marije Fullaondo y Sonia Jacinto. Aoiz, cabeza de lista al Senado por Navarra, fue condenado a un año y seis meses de prisión por pertenencia a organización terrorista en el caso de las herriko tabernas. El Tribunal Supremo confirmó la condena en 2015. Una sentencia anterior, dictada en 1997 contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna por la difusión electoral de un vídeo de ETA, fue anulada por el Tribunal Constitucional dos años después.

Fullaondo, número dos al Congreso por Vizcaya, fue condenada en 2016 a dos años de prisión por integración en organización terrorista, en una causa relacionada con los intentos de mantener la presencia institucional de la izquierda abertzale después de la ilegalización de Batasuna. La sentencia recogió un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones, en el que los procesados reconocieron los hechos y su instrumentalización por parte de ETA.

Por último está el caso de Sonia Jacinto, cabeza de lista al Senado por Guipúzcoa y secretaria de Organización de Bildu, que fue condenada en el caso Bateragune y llegó a cumplir seis años de prisión, aunque la sentencia fue anulada después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreciara la falta de imparcialidad del tribunal que la juzgó. En 2024, el Constitucional impidió que se repitiera el juicio.