Rueda de prensa en la sede de la ONU en la que se anunciaron los 1.800 millones de dólares adicionales de EEUU a la OCHA
Una entidad profamilia denuncia que la Administración Trump sigue «financiando lo peor del movimiento woke»
El Center for Family & Human Rights alerta de que Estados Unidos canaliza fondos a través de la ONU que terminan en programas de género y promoción internacional del aborto.
El mesianismo político de la administración Trump parece no estar siendo tan eficaz como prometía a la hora de combatir la promoción internacional de la ideología de género o el aborto. Al menos esa es la denuncia que ha hecho pública el Center for Family & Human Rights (C-Fam), una organización estadounidense con representación ante la ONU y dedicada a la defensa de la vida y la familia en organismos internacionales.
En un reciente informe, C-Fam ha denunciado que numerosos fondos de Estados Unidos siguen llegando, a través del sistema humanitario de Naciones Unidas, a organizaciones vinculadas con programas de aborto, ideología de género y la llamada «diversidad, equidad e inclusión» (DEI).
La entidad apoya su denuncia en los datos obtenidos en el propio portal de transparencia de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que permite seguir el itinerario de las asignaciones de sus fondos comunes. Y según constata C-Fam, entre los receptores aparecen agencias de la ONU y organizaciones como Plan Internacional, Norwegian Refugee Council, CARE o International Rescue Committee, que promueven exactamente el tipo de actividades que la Administración Trump dice combatir.
A la luz de estos datos, C-Fam ha denunciado a través de su vicepresidente de Esudios Jurídicos, Stefano Gennarini, que «Estados Unidos sigue financiando lo peor del movimiento woke en el extranjero».
El ejemplo de Nigeria
Para ilustrar su denuncia, C-Fam pone como ejemplo a la organización nigeriana SAHEI Gender Development Initiative. Esta entidad recibió el pasado año dos subvenciones que suman 410.000 dólares, a pesar de que SAHEI (que trabaja con desplazados en Borno, Yobe y Adamawa) reconoce que presta «servicios de salud sexual y reproductiva» (eufemismo que se emplea para hablar del aborto) en su atención a víctimas de violencia de género, salud mental, nutrición y saneamiento.
C-Fam muestra además la relación entre SAHEI y FreeFrom, una organización estadounidense que se define como entidad «orgullosamente feminista» liderada por personas «queer, trans, inmigrantes y BIPOC» (un acrónimo en inglés que significa Black, Indigenous, and People of Color, traducido al español como personas negras, indígenas y de color).
1.800 millones adicionales
La controversia ha aumentado después de que Estados Unidos anunciara el pasado 14 de mayo que destinaría 1.800 millones de dólares para el trabajo humanitario de Naciones Unidas y sus socios. La ONU confirmó que la aportación permitiría asistir a millones de personas en las crisis más urgentes.
El desembolso resulta llamativo porque la Administración Trump había endurecido meses antes las condiciones de la ayuda exterior. De hecho, una norma del Departamento de Estado establece que los receptores deben aceptar restricciones contra el aborto como método de planificación familiar, la denominada «ideología de género» y determinados programas DEI. La regulación busca impedir que estas políticas reciban apoyo estadounidense «directa o indirectamente».
Pero exactamente ahí es donde se encuentra el núcleo de la denuncia de C-Fam.
Fondos por la puerta trasera
La normativa del Gobierno Trump permite al secretario de Estado conceder excepciones cuando considere que son necesarias por razones de «seguridad nacional o política exterior».
Ahora, como apunta C-Fam, está confirmado que la Administración de Estados Unidos ha entregado 1.800 millones de dólares adicionales a OCHA y al sistema humanitario de la ONU, cuyos fondos financian a organizaciones que trabajan en cuestiones de género, LGTBI y promoción internacional del aborto. Además, también «está documentado que algunas organizaciones vinculadas a esos programas mantienen posiciones abiertamente progresistas sobre género y diversidad». Y han pedido explicaciones que permitan garantizar que esos 1.800 millones no van a acabar en entidades como la de Nigeria.
Así, a la luz de los datos recabados, C-Fam denuncia que esa anómala convivencia entre las nuevas restricciones de Trump y determinadas asignaciones humanitarias muestra que Washington sigue, por la puerta de atrás, «entregando fondos estadounidenses a grupos que promueven el aborto, la ideología de género y la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en el extranjero».
