Uno de los activistas del Grupo Central LGTB de la ONU que intervino en el acto
Un lobby LGBTI pide a la ONU que defina a los grupos profamilia como «amenaza para la democracia»
En un acto en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, varios miembros del llamado Grupo Central LGTB tildaron a las entidades familiares de «actores contrarios a la libertad»
El Grupo Central LGTB de la ONU –un lobby de ideología de género compuesto por entidades de 46 estados, en su mayoría occidentales– ha pedido que los grupos profamilia, que tilda de «conservadores», sean considerados «una amenaza global para la democracia».
En una reciente sesión ante Naciones Unidas, uno de los representantes de este grupo apuntó el fortalecimiento del asociacionismo familiar en las sociedades civiles occidentales desde una particular perspectiva: «Observamos amenazas a los derechos LGBTI, junto con amenazas a la democracia, ya que, como demuestran numerosas investigaciones, ha surgido una red transnacional de resistencia conservadora para desafiar los derechos LGBTI».
En concreto, fue la activista Ari Shaw, del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de UCLA, la oradores principal que expuso su tesis durante un evento patrocinado por el Grupo Central LGBT en la sede de la ONU.
«Actores contrarios a la libertad»
Según Shaw, en una llamativa inversión de las formas de proceder propia del mismo Grupo Central, serían los grupos profamilia los que trabajan activamente para «instrumentalizar el derecho internacional de los derechos humanos» y «utilizar los mismos mecanismos creados por las organizaciones internacionales liberales y la comunidad internacional para organizarse y promover posturas anti-LGTB en todas las regiones del mundo».
Así, Shaw calificó a los grupos profamilia como «actores contrarios a la libertad» porque, en su opinión, la promoción de la ideología de género es inherente a la democracia y viceversa.
De hecho, durante la sesión, tal y como denuncia C-Fam (una entidad profamilia que actúa como observador ante la ONU), este activista presentó dos gráficos que pretendían mostrar cómo el declive de la aceptación LGTBI en África y Asia desde la primera década de este siglo estaba asociado con un presunto «declive de los valores democráticos» en esas mismas regiones.
Agenda de género por ayuda exterior
Como apuntan desde C-Fam, Shaw no se preguntó, sin embargo, «si la disminución de la aceptación LGTBI podría haber sido causada por la promoción agresiva de las agendas LGTBI por parte de la administración Obama y las naciones europeas durante ese mismo período; y ni siquiera sugirió esta posibilidad, a pesar de que sus gráficos sugerían que podría ser un factor relevante: recogían precisamente el período en que las naciones occidentales comenzaron a impulsar agresivamente la propaganda LGBT al incluir condiciones 'de género' vinculadas la ayuda exterior».
Además, según Shaw, al promover la natalidad y el matrimonio como unión entre un varón y una mujer, la red global de grupos profamilia (cuyos componentes no citó, sino que se limitó a presentarla como una amenaza teórica y difusa) «socava el compromiso con la igualdad ante la ley, debilita las instituciones internacionales y utiliza el pluralismo democrático para fomentar un discurso polarizador que erosiona la cohesión social necesaria para sostener la democracia».
Condición para la «gobernabilidad»
En ese mismo momento, Erika Hilton, un varón biológico que se presenta como mujer y que fue elegido como el primer congresista transgénero de Brasil, afirmó que la protección de los derechos LGTB es una «condición básica para la gobernabilidad democrática».
Curiosamente, no apuntaba que fuese una condición básica para la libertad, o para una democracia construida a partir del respeto a la verdad biológica, sino como condición para garantizar «la gobernabilidad», es decir, la posibilidad de que los diferentes gobiernos legislen sin altercados ni impedimentos.
Como han denunciado desde C-Fam, en en realidad el Grupo Central LGTBI de la ONU el que «opera al margen de la realidad política de los países que lo integran: Argentina, Bolivia, Chile, Croacia, Italia y otros países con leyes y constituciones que protegen el matrimonio y que están gobernados por gobiernos conservadores que defienden la familia».