De arrestos a decapitaciones: los capítulos judiciales más oscuros de la Corona británica

No es la primera vez que la familia real británica se ve envuelta en problemas con la justicia, pero lo ocurrido con el expríncipe Andrés ha vuelto a poner el foco sobre un tema que durante años se ha intentado mantener en segundo plano. Su detención, con varios coches de policía rodeando su residencia y una imagen final que lo mostraba serio y visiblemente afectado tras horas de interrogatorio, ha provocado un auténtico terremoto mediático. La polémica por su relación con Jeffrey Epstein no solo ha reavivado el interés público, sino que también ha recordado algo que muchos desconocían o habían olvidado: los escándalos legales no son algo tan raro dentro de los Windsor como podría pensarse.

El caso del hermano de Carlos III es especialmente simbólico porque se trata del primer miembro de alto rango de la familia real británica detenido en siglos. Para encontrar algo parecido hay que remontarse a 1649, cuando el Rey Carlos I, monarca de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1625 y miembro de la dinastía Estuardo, fue arrestado, juzgado por traición y ejecutado tras ser acusado de haber librado una guerra contra su propio Parlamento y su pueblo. Fue decapitado el 30 de enero de ese año frente a la Banqueting House, en Londres, y su muerte marcó el final temporal de la monarquía y el inicio del periodo republicano conocido como la Commonwealth de Inglaterra, un sistema de gobierno sin Rey dirigido inicialmente por Oliver Cromwell. Evidentemente, las circunstancias actuales no tienen nada que ver, pero la comparación histórica ha sido inevitable y ha alimentado titulares en todo el mundo. Además, el tipo de delito que se investiga en el caso de Andrés podría conllevar penas muy distintas según su gravedad, lo que mantiene la expectación pública muy alta.

Aunque su situación es la más grave y mediática, no ha sido el único Windsor con problemas legales. La Princesa Ana, única hija de la Reina Isabel II, protagonizó en 2002 un episodio tan insólito como comentado cuando fue denunciada porque su bull terrier mordió a dos niños de siete y doce años en un parque cercano al castillo de Windsor. Admitió su responsabilidad ante el tribunal y fue condenada a pagar una multa de 500 libras (unos 580 euros aproximadamente, según el cambio actual), además de los costes judiciales, mientras que el animal quedó bajo estrictas restricciones de por vida. Aquello la convirtió en la primera hija de un monarca británico condenada por un delito penal, algo que sorprendió enormemente en su momento. Un año antes, en marzo de 2001, ya había tenido otro encontronazo con la ley cuando fue multada con 400 libras y perdió puntos del carné por conducir su Bentley a unos 150 km/h en una zona limitada a 112. Ella admitió la infracción, aunque explicó que pensó que el coche policial que la seguía formaba parte de su escolta y por eso aceleró.

Felipe de Edimburgo también tuvo su propio episodio cuando ya tenía 97 años. En 2019 sufrió un accidente cerca de Sandringham al chocar con otro vehículo y volcar el suyo. Aunque no fue procesado, asumió la responsabilidad y escribió una carta de disculpa a la conductora herida, que sufrió lesiones en una muñeca y una rodilla. Poco después tomó una decisión simbólica y definitiva y entregó voluntariamente su permiso de conducir.

Ni siquiera el actual Rey se ha librado de verse relacionado con investigaciones oficiales. En 2005, Carlos III declaró como testigo en el marco de la Operación Paget, la investigación abierta por la policía británica para aclarar las teorías conspirativas sobre la muerte de Diana de Gales. Los agentes querían preguntarle por una inquietante nota escrita por la Princesa en 1995 en la que afirmaba temer que su entonces marido planeara un accidente de coche provocado para causarle una grave lesión en la cabeza. El interrogatorio, que se realizó de forma voluntaria en el palacio de St. James, no tuvo consecuencias legales y fuentes oficiales señalaron que el entonces Príncipe se mostró totalmente colaborador.

Si se mira aún más atrás en el tiempo, la relación entre la corona y la justicia resulta todavía más dramática. En la época de Enrique VIII las consecuencias podían ser letales. De sus seis esposas, una fue repudiada y dos acabaron ejecutadas. El caso más trágico fue el de Catalina Howard, una joven de apenas 18 años a la que el rey mandó decapitar acusada de adulterio. Y antes incluso, María Estuardo, Reina de Escocia, pasó casi veinte años prisionera antes de ser condenada a muerte por conspirar contra la corona inglesa.