25 de septiembre de 2022

Una ley que sólo reparaba una parte de los asesinatos durante la Guerra Civil

Una ley que sólo reparaba una parte de los asesinatos durante la Guerra Civil©GTRESONLINE

Cataluña tiene su propia Ley de Memoria Democrática

Una ley que sólo reparaba una parte de los asesinatos durante la Guerra Civil. Sobre aquellos represaliados por el Gobierno de la Generalidad, con la ayuda del anarcosindicalismo y del comunismo soviético, ni una palabra

El 27 de diciembre de 2007 se publicó la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, o Ley de Memoria Histórica, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa ley no era suficiente para el Gobierno de Cataluña. Por eso, aprovechando el pulso político que llevaron a cabo en 2017, aprobaron su propia ley.
El 4 de julio se aprobó la Ley 1172017, de reparación jurídica de víctimas del franquismo. Esta ley declaraba ilegales «los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominado posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictados por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista».

La ley se presentó porque la de 2007 no anuló las sentencias y los juicios políticos del franquismo

Una ley que sólo reparaba una parte de los asesinatos durante la Guerra Civil. Sobre aquellos represaliados, por el Gobierno de la Generalidad, con la ayuda del anarcosindicalismo y del comunismo soviético, ni una palabra. Las 26.606 personas asesinadas en la retaguardia catalana de 1936 a 1939 no se merecen ningún reconocimiento ni reparación jurídica. Y no solo por parte de los partidos nacionalistas que pusieron la ley en marcha, sino por todos. ¿Qué queremos decir?
La ley fue aprobada por unanimidad. Esto es, 129 votos afirmativos. La ley, impulsada por la Comisión de la Dignidad, fue llevada al Parlament por Junts pel Sí –coalición entre exconvergentes y ERC–, Catalunya sí que es pot –actualmente Comunes y Podemos– y las CUP. La ley se presentó porque la de 2007 no anuló las sentencias y los juicios políticos del franquismo. Según ellos, no se buscaba la venganza sino la justicia.

Según ellos, no se buscaba la venganza sino la justicia

Para Junts pel Sí, la Transición «no fue modélica, porque escondió la memoria republicana» y había apostado por «impulsar una ley de memoria integral de Cataluña». Para las CUP, estos juicios fueron «la venganza de Franco». Para los comunistas, «hoy el Parlament de Catalunya hace honor a las víctimas del franquismo y les devuelve su dignidad robada».

«Verdad, justicia y reparación»

Entra dentro de la normalidad que los partidos que llevaron la ley al Parlament hicieran este tipo de comentarios. El PSC destacó que, si bien la ley de 2007 declaraba ilegales esos juicios y consejos de guerra, no recogía la declaración expresa de la nulidad de las sentencias «y eso, sencillamente, no puede ser. Hoy y aquí, honor y gloria». Ciudadanos, aunque dijo que también «existían casos iguales en otras partes del resto del Estado español, en la que también hay víctimas catalanas, lo importante de la ley es que imperará la verdad, la justicia y la reparación». Finalmente, el PP afirmó que «han pasado 80 años del golpe de Estado que condenamos. Condenamos el levantamiento militar. Rechazamos el golpe de Estado del General Franco, como rechazamos cualquier forma de dictadura». Fernando Sánchez Costa, que defendió la ley por el PP, condenó, entre otros, el juicio y la ejecución de Lluís Companys, aunque consideró que no fue un buen presidente. «Rechazamos de forma especial la represión de los ciudadanos de Cataluña y de nuestra cultura catalana».
Durante el período de 1938 a 1978 fueron juzgadas por los tribunales militares 63.961 personas. De ellas, 3.358 fueron ejecutadas «por el régimen franquista a través de procedimientos judiciales militares». El listado completo de todas las personas juzgadas se puede consultar en el Archivo Nacional de Cataluña. Todas las sentencias quedaban anuladas, siendo la mayoría condenas de cárcel. Con respecto a los ejecutados, estos quedaron divididos en cinco bloques:
  • Guerra Civil 1936-1938. Suman 77 hombres ejecutados. Estas ejecuciones se produjeron a medida que las tropas nacionales avanzaron por Lérida y Tarragona dirección a Barcelona.
  • Periodo azul 1939-1945. Suma 3.230 personas ejecutadas. De ellas 3.213 eran hombres y 17 mujeres.
  • Autarquía económica 1946-1952. Suman 46 hombres ejecutados.
  • Nacional catolicismo 1953-1958. Suman dos hombres ejecutados.
  • Franquismo tardío 1970-1975. Suman tres hombres ejecutados.
Dentro del Período azul no incluyen a Alfonso Laurencic, el ideólogo de las chekas, quizás por no ser catalán. Sin embargo, si está incluido en el memorial levantado en el Fórum de Barcelona. Los dos ejecutados durante el llamado Nacional catolicismo son Francisco Cebolla Marcos 'el Viejo' y Enrique Sánchez Roldán 'el Mula'. El primero, 'el Viejo', era un libertario anarquista, que entró en España en 1949 con cinco compañeros. Formaron parte del maqui catalán. El grupo atracó casas y bancos en la provincia de Lérida y mataron a un miembro de somatén. El segundo, 'el Mula', mató a un policía armado a golpes, para encubrir el romance que tenía con su cuñada. Le arrebató la pistola al policía y con esta mató a un taxista.
Los tres del Franquismo tardío son Salvador Puig Antich 'Metge', Georg Michael Welzel 'Hinz Ches', y Juan Paredes Manot 'Txiqui'. El primero, 'Metge', formaba parte del Movimiento Ibérico de Liberación. Lo condenaron a muerte, en consejo de guerra, por el homicidio del subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Anguas Barragán. Es el último ajusticiado por garrote vil en España. El segundo, 'Hinz Ches', fue acusado del asesinato de un guardia civil en el Hospitalet de l'Infant (Tarragona). También del intento de asesinato del guardia civil Jesús Martínez, en el Puerto de Barcelona. El tercero, 'Txiqui', era militante de ETA político militar. Juzgado por el atraco de una sucursal del Banco de Santander de Barcelona, donde murió el cabo primero del Cuerpo Nacional de Policía Ovidio Díaz López. 'Txiqui' junto con Ángel Otaegui, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena, fueron los últimos ejecutados por el franquismo.
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