Victoria Kent en su época como directora general de Prisiones
Una mirada al presente desde el pasado
Cuando la izquierda no quería que la mujer trabajara en España
Los años de la Segunda República demuestran que no existió tal «apuesta progresista» por el trabajo femenino que como idea mantra repiten una y otra vez las ministras del actual Gobierno de España
Cada cierto tiempo el partido socialista pretende arrogarse en exclusiva la legitimidad para defender los derechos laborales de la mujer aduciendo que históricamente los socialistas siempre estuvieron al lado de la mujer trabajadora. Sin embargo, la trayectoria del partido –y de la izquierda, en general– en nuestra historia reciente lo desmiente. De forma particular los años de la Segunda República demuestran que no existió tal «apuesta progresista» por el trabajo femenino que como idea mantra repiten una y otra vez las ministras del actual Gobierno de España.
La falta de apoyo a la mujer trabajadora por parte de los sindicatos marxistas fue patente durante el tránsito de la dictadura del general Primo de Rivera a la república de abril de 1931. En aquel momento, los sindicatos ugetistas, dirigidos invariablemente por hombres, no reivindicaron derecho alguno para las mujeres. Los casos son muy frecuentes. Por ejemplo, el sindicato La Invencible no dudó en defender públicamente que se excluyera a las obreras de aquellas ocupaciones en las que se empleaba maquinaria, aduciendo la peligrosidad de tales puestos de trabajo para ellas.
En realidad, puede decirse que el conjunto del obrerismo, incluido el de raíz anarquista, reclamó a comienzos de la tercera década del siglo pasado que la jornada de trabajo se redujera en mayor medida para las mujeres que para los hombres: «Hemos de lamentar, condenar y odiar a esta sociedad que obliga a trabajar a la mujer… pero a la que se vea obligada a trabajar recordarle que nada vale tanto como su dignidad», se podía leer un tanto lacrimosamente el 29 de noviembre de 1930 en Solidaridad Obrera.
Durante la Segunda República el enfoque de significados líderes socialistas no varió en este ámbito y hasta su discurso público adoleció de una cierta impronta sexista, impensable hoy y por ello habitualmente suprimido de la memoria histórica imperante. En 1931 Victoria Kent presentó una enmienda en el debate de aprobación de la Constitución para que se retribuyera salarialmente por igual a las mujeres y a los hombres, pero en la práctica las contradicciones de los socialistas fueron más que evidentes en este punto.
Sin ir más lejos, la ley de contrato de trabajo, de noviembre de 1932, no tenía reparo alguno en autorizar a la mujer casada para cobrar la remuneración de su trabajo «si no consta la oposición del marido», cuestión que por cierto debía formularse ante el juez municipal correspondiente. En un momento político en el que la izquierda disponía de amplia mayoría en las Cortes tal disposición contravenía, por cierto, la supuesta igualdad de derechos entre ambos sexos prescrita en el artículo 57 de la constitución republicana.
Aún más. En el segundo congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de 1932, de adscripción socialista, se exigió la contratación prioritaria masculina en detrimento de las mujeres. Y Largo Caballero, siendo entonces ministro de Trabajo, permitió que una buena parte de las bases de trabajo en la agricultura –los convenios colectivos de la época– prohibieran el trabajo de la mujer casada ante situaciones de paro involuntario, excepto para las viudas o para aquellas en cuyo hogar no se ingresara jornal alguno.
Según los socialistas la razón que subyacía a esta posición política era que la mujer incrementaba los índices de paro, lo que era cierto, pero a la vez descubría su escaso interés por el feminismo. Y tras las elecciones a Cortes de noviembre y diciembre de 1933 la táctica del PSOE tampoco fue otra.
Cabe recordar que, durante el debate para la derogación de la ley de términos municipales aprobada durante el bienio anterior, los diputados de la minoría socialista Alonso Zapata, Antonio Ramos González y Alonso González defendieron hasta tres enmiendas parlamentarias tendentes a prohibir el trabajo de las mujeres en el campo agrícola que no fuesen cabeza de familia mientras hubiera hombres parados.
Según aclaró entonces el primero, no es que los socialistas no quisieran que las mujeres no contribuyeran a sostener el hogar, sino que, no habiendo trabajo para todos, debían trabajar antes los hombres quedando ellas en casa al cuidado de los hijos. El discurso y la táctica políticos eran, así, cualquier cosa menos feministas, y es que debía de ser que aquella lucha de clases no iba dirigida propiamente a liberar a la mujer.
Hoy en día, cuando afortunadamente la sociedad española ha superado la funesta filosofía dialéctica de aquella ideología, no está de más recordar sus contradicciones intrínsecas, aunque no estén de moda y la propaganda del actual Gobierno de España pretenda olvidarlas.
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