El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos
Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, será investigado por presunto «saqueo» al galeón español San José
El historiador que denuncia la presunta intrusión explicó que cuando se dio a conocer las imágenes del contexto arqueológico del pecio en 2018 «numerosas voces especializadas a nivel mundial levantaron la voz para advertir sobre cambios en dicho contexto»
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos por la presunta intrusión ilegal y saqueo en el galeón español San José, que se hundió frente a Cartagena de Indias en 1708 y fue descubierto en 2015.
La decisión del organismo responde a una denuncia impuesta por el escritor e historiador colombiano Francisco Hernando Muñoz, miembro de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido, que señaló al exmandatario por la «intrusión y presunto saqueo del contexto arqueológico de los restos del naufragio del galeón San José». Por ello, la Comisión ha programado para el 18 de abril una diligencia de «ampliación y ratificación» de la denuncia.
Muñoz explicó que una vez se dio a conocer las imágenes del contexto arqueológico del pecio en 2018 –dos años después de ser registradas durante la exploración llevada a cabo por el Gobierno de Santos en 2016– «numerosas voces especializadas a nivel mundial levantaron la voz para advertir sobre cambios en dicho contexto».
En este sentido, desde la Veeduría se insta al gobierno de Gustavo Petro a que «detenga de manera inmediata la proyectada intervención» en el galeón español y espere a que finalicen las inspecciones judiciales en el yacimiento subacuático «ya que ese pecio es la escena de un presunto acto criminal, y su alteración podría interpretarse como un evidente intento de encubrimiento de los responsables».
Un evidente intrusión
Según afirma el historiador, en 2020, durante un foro con la Universidad del Norte de Barranquilla, «un arqueólogo especialista en contextos de profundidad de la Universidad de Southampton de Inglaterra demostró de manera técnico-científica la evidente intrusión».
Así el 21 de enero de 2021 presentó ante la Fiscalía General una denuncia por la «violación del contexto arqueológico del galeón San José, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, favorecimiento, conspiración y prevaricato por omisión». De esta manera, también será citado el 18 de abril para ampliar o ratificar dicha denuncia penal.
El San José, que pertenecía a la Armada española, fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
Tras el anuncio del hallazgo de los restos del naufragio, en diciembre de 2015, surgieron disputas entre Colombia y España, que aduce que por tratarse de «un barco de Estado», con su bandera, le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.
El mes pasado, el Gobierno colombiano presentó la hoja de ruta para la exploración del navío hallado a una profundidad superior a los 600 metros. En dicho plan se contempla la una expedición con el din de extraer algunos objetos del naufragio para estudiarlos.
En este sentido, Colombia y España llegaron a un acuerdo para trabajar en la elaboración de un Memorando de Entendimiento (MOU) que permita la «concreción y aseguramiento eficaz» de los objetos de investigación, preservación promoción y eventual «museización» del pecio, lo que significaría su parcial extracción a la superficie.
Si bien el Gobierno colombiano declaró al San José «Bien de Interés Cultural sumergido», no descarta la colaboración con España para tratar el pecio como patrimonio compartido. Ya en noviembre de 2023 el Ministerio de Cultura español, con aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, manifestaron la intención de concurrir como amicus curiae ante el Tribunal Internacional de Arbitraje por «la controversia» entre el gobierno colombiano y Sea Search Armada.
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