Arranca con éxito la Reforma de un cadáver político llamado Arias

El mes anterior se había cerrado con la remisión de las leyes de reforma «constitucional» del Gobierno a las Cortes. Pese a la nefasta defensa de estos proyectos por parte del presidente Arias, que el 28 de abril intervino en la televisión para descafeinar la iniciativa (ni siquiera anunció que la Ley de Asociación legalizaría los partidos políticos), el vicepresidente Fraga estaba convencido de que se acababa de abrir una nueva etapa, crucial y esperanzadora.

Seguro de haber superado el desafío de las movilizaciones sociales, decidió entrevistarse con Felipe González, líder socialdemócrata. Aquel 30 de abril, el auténtico factótum del paquete de reformas se reunió con el joven político socialdemócrata para plantearle una reedición del turnismo canovista.

No hubo química en el encuentro celebrado en territorio ajeno: el chalet de Miguel Boyer, años después superministro de Economía. Con su efusividad habitual, el gallego encareció sin éxito a su interlocutor sevillano el reconocimiento de la Monarquía, si bien llegó a la conclusión de que «ni siquiera la cuestión institucional planteaba problemas insuperables».

No se equivocaba tanto: a finales de mayo, el secretario general del PSOE sugirió que el Rey podría ser compatible con la democracia si no obstaculizaba las libertades. Puestos en el brete de quedarse fuera, es muy probable que los socialistas hubieran acabado tragando con la reforma Fraga.

Sin embargo, este último, que acababa de autorizar la celebración del XXX Congreso de la UGT en Madrid, mantuvo encarcelados a varios miembros de la Platajunta bien superadas las manifestaciones del 1 de mayo. Le descolocaba que insistieran en su apuesta pública en favor de la ruptura. A lo largo del mes de mayo, y para desesperación de Areilza, Arias aceleró su soterrada ofensiva contra una prensa que le había retirado el apoyo.

El conde de Motrico recogió en sus memorias cómo el presidente deseaba provocar una crisis de Gobierno forzando la destitución del liberal ministro de Información y Turismo, Adolfo Martín-Gamero. Por lo pronto, ordenó en el Consejo de Ministros que le fuese retirada la publicidad institucional a los semanarios críticos que habían cometido el pecado de «mantener la tesis de que Franco murió en la cama en noviembre de 1975». El conde de Motrico, por otro lado, parecía criticar mucho y conspiraba todavía más.

Enrarecía el ambiente, sin duda, la crispación presidencial y el indisimulado divorcio del monarca y su premier. Paradójicamente, los proyectos de reforma se estaban examinando ya en las Cortes y solo les perjudicaría la percepción, y era una percepción acertada por parte de los procuradores, de que no contaban con el suficiente respaldo de quien los impulsaba ni, sobre todo, del Rey.

El proyecto de ley reguladora del derecho de reunión fue el primero de los textos de la reforma del Gobierno Arias remitidos al pseudoparlamento aún franquista. Se tramitó ante el Pleno de las Cortes desde la mañana del 25 de mayo. El hábil autor de una enmienda reveló entonces la debilidad de la compleja operación política emprendida por Fraga.

Al justificar la conveniencia de regular conjuntamente los derechos de reunión y de asociación, el díscolo procurador en cuestión puso el dedo en la llaga: en vez de acometer una reforma constitucional frontal y sustantiva, el gabinete parecía proceder por partes, con timidez, de forma velada, parcial y sinuosa.

Daba la impresión de que, inseguro de sus propias fuerzas, temía llamar a las cosas por su nombre. A la tarde, el redactor de la norma, el propio vicepresidente Fraga, asumió la defensa del proyecto. Como catedrático de Derecho Político, abordó en esa ocasión toda una lección magistral repleta de referencias históricas y académicas para concluir que debía regularse el derecho de reunión de acuerdo con el propósito «del Gobierno de S. M. el Rey y el país entero» de emprender «decididamente la senda de una reforma democrática».

La que Fraga reconocía como «la primera, si bien la más modesta» de las reformas que el Gobierno había hecho propia para legar un futuro democrático a «las nuevas generaciones» recabó sin problemas la aprobación de la Cámara. Tan solo se registraron 4 votos en contra y 25 abstenciones.

Notarial y escueto para las victorias parciales, que habitualmente anticipan derrotas definitivas, Fraga apenas consignó en sus memorias: «[La Ley] pasa sin dificultad; es el comienzo; reuniones y manifestaciones pasan a ser legales». Prefirió registrar la simpática anécdota familiar del final de la jornada. Su hija pequeña, que le había seguido por la televisión, hizo un «buen comentario» de su intervención parlamentaria: «Papi, tú hablando de los atenienses… pero estabas gordísimo».

Apenas unos días más tarde se aprobará en las mismas Cortes una norma mucho más crucial, la que regula el derecho de asociación política y da el pistoletazo de salida a los partidos. No la defenderá Fraga, sino un joven y desapercibido aspirante a la Presidencia llamado Adolfo Suárez. No obstante, entre ambos acontecimientos habrá tenido lugar un periplo decisivo.

El último día del mes de mayo aterriza en Santo Domingo «El Españoleto», la aeronave especial de Iberia en la que viaja Juan Carlos I. Esa breve y exitosa gira a los Estados Unidos, con fugaz escala en la República Dominicana, concederá al Rey las energías necesarias para desembarazarse de Arias.