La caricatura del Rey que acabó de sentenciar a Arias Navarro

El enfrentamiento definitivo entre la prensa y el presidente Arias Navarro tuvo ocasión con motivo de una caricatura de Juan Carlos I publicada en la revista Cambio 16. Reforzado tras su breve viaje a los Estados Unidos, el Fred Astaire que bailaba sobre el skyline de la Gran Manzana en la viñeta pudo decidir al fin la destitución de un presidente del Gobierno que nunca había sido el suyo.

«Con Salgado, todo tapado; con Fraga, hasta la braga». La sabiduría popular ya había dictado sentencia. El único avance político real durante el franquismo, según un opositor como Peces-Barba, había sido la Ley de Prensa, promulgada en marzo de 1966.

Frente al celo inquisitorial de su ultramontano predecesor (Arias Salgado se enorgullecía de una estrambótica estadística: las almas salvadas en su cruzada contra la degeneración de las costumbres), Manuel Fraga había eliminado el lápiz rojo, aprobado la Oficina de Justificación de la Difusión (que aireó las penurias de la prensa oficial) y permitido numerosas publicaciones, en especial revistas.

La apertura le costó la cartera al dinámico ministro de Información y Turismo en 1969, pero alumbró el «Parlamento de papel» tardofranquista que, tras la muerte de Franco, se desfondó en lo que alguien llamó «la preparación artillera de la libertad».

En el primer Gobierno de la Monarquía había asumido el Ministerio de Información y Turismo un diplomático llamado Adolfo Martín-Gamero. Recién llegado de la delicada embajada en Rabat (su mandato había coincidido con la Marcha Verde), había dirigido la Oficina de Información Diplomática, desde la que abolió la censura de la información exterior, preparó la estancia de Eisenhower en Madrid de 1959 y concertó una serie de entrevistas entre corresponsales extranjeros y el general Franco para mejorar la reputación internacional del régimen.

La prensa le recibió con prevención, si bien pronto descubrió en él un discreto, pero tenaz aliado. Aguantó el envite de la escalada erótica en las revistas de febrero de 1976 sin excederse en las sanciones y en su etapa salieron a la calle el progresista El País y Avui, redactado íntegramente en catalán.

En el punto de mira de Arias Navarro, al que la prensa había dado definitivamente la espalda en la primavera de 1976, el presidente quiso cobrarse esta pieza para forzar una crisis involucionista de gabinete.

Resulta paradójico que esa partida definitiva tuviera lugar apenas una semana antes del gran éxito democratizador de su Ejecutivo: la aprobación de la Ley de Asociación Política que, defendida ante las Cortes por Adolfo Suárez, legalizó de facto los partidos políticos. No obstante, y como anticipábamos, la partida se había iniciado antes y fuera de casa.

A principios del mes de junio, y tras recalar en Santo Domingo, el Rey Juan Carlos aterrizó en Washington con una apretada agenda. Su acto más relevante en los Estados Unidos le llevó a pronunciar un discurso ante el Capitolio, donde representantes de la Cámara y senadores aplaudieron con entusiasmo la declaración democrática del monarca. Juan Carlos I había recibido el respaldo de la primera democracia para su programa de libertades.

Fue entonces cuando la revista Cambio 16, una cabecera progresista aparecida en 1971 con el apoyo de Fraga desde la embajada en Londres, preparó una inocente portada. El semanario abrió el ejemplar con una caricatura de don Juan Carlos bailando a lo Fred Astaire sobre los rascacielos de Nueva York con un significativo titular: «El Rey que viajó».

Como la edición se había sometido al depósito previo (una disposición de la Ley de Prensa tanto para sortear las sanciones como para contrarrestar la supresión de la censura previa), el Consejo de Ministros debatió el secuestro del número. A instancia del secretario general del Movimiento, que calentó los cascos a los ministros militares, el presidente decidió incoar expediente administrativo de secuestro contra Cambio 16.

Algunos ministros, incluido Suárez, telefonearon al Rey a Washington para manifestarle su indignación. Tanto el soberano como su ministro de Exteriores, desplazados al otro lado del Atlántico, quedaron pasmados por la desnortada iniciativa de aplicar el artículo 2.º de la Ley de Prensa, que castigaba la infracción del «debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política».

El citado Areilza anotó en su diario: «Quieren cargarse a 'Cambio 16' durante cuatro meses. Después de lo que oí en el otro Consejo, creo que lo quieren es cargarse a toda la prensa en general, en especial la independiente».

Aunque el expediente de sanción fue finalmente sobreseído, el presidente del Grupo 16 llegó a dirigirse a Katherine Graham, la influyente editora de The Washington Post, nada menos que el diario que, en el transcurso del caso Watergate, había derribado al presidente Nixon.

Al regreso del Rey de los Estados Unidos, otra revista sugirió que el jefe del Estado debía remover a Arias y nombrar a un presidente afecto. Sorprendentemente, ese hombre sería Adolfo Suárez, quien había presionado vehementemente al Consejo de Ministros para que se castigase a Cambio 16 y, tan solo unos días después, convencería a los procuradores orgánicos para que aprobaran los partidos políticos. Adolfo Martín-Gamero, a duras penas superviviente de la crisis (y encumbrado poco menos que como un héroe por la prensa), no formaría parte del siguiente Gobierno.