Milicianos en un comité revolucionario en Vallecas al inicio de la Guerra Civil
Se cumplen 90 años de los ‘trenes de la muerte’: la masacre que evidenció el colapso de la República
En el marco del noventa aniversario del inicio de la contienda, el episodio histórico de los «trenes de la muerte» se erige como paradigma de la desaparición del Estado de derecho en la Segunda República
Entre el 11 y el 12 de agosto de 1936, el traslado oficial de centenares de presos políticos desde Jaén hacia Madrid culminó en una de las mayores ejecuciones extrajudiciales de la retaguardia. Las milicias interceptaron los convoyes y ametrallaron a casi trescientos prisioneros ante la pasividad absoluta de las fuerzas del orden.
El primer verano de la Guerra Civil demostró que el Gobierno del Frente Popular no solo era incapaz de controlar a las milicias obreras, sino que sus propias instituciones servían como engranaje pasivo para la represión.
En el marco del noventa aniversario del inicio de la contienda, el episodio histórico de los denominados «trenes de la muerte» de Jaén se erige como uno de los ejemplos más descarnados de la desaparición del Estado de derecho.
Los hechos ocurridos el 11 y el 12 de agosto de 1936 en el extrarradio de Madrid certificaron que la custodia legal de la República carecía de valor frente a los fusiles de los comités revolucionarios.
Un traslado preventivo convertido en trampa
A principios de agosto de 1936, la provincia de Jaén se encontraba bajo el control absoluto de las fuerzas frentepopulistas.
La prisión provincial y la catedral, habilitada como cárcel improvisada, albergaban a centenares de detenidos cuyo único delito era su pertenencia a partidos de derechas, su condición de empresarios, terratenientes o su filiación católica.
Ante el hacinamiento extremo y la amenaza constante de linchamiento por parte de los extremistas locales, el gobernador civil de Jaén, Luis Rius, solicitó al Ministerio de la Gobernación el traslado de los presos a la prisión de Alcalá de Henares, en Madrid, bajo el pretexto de garantizar su seguridad.
El Gobierno republicano autorizó la operación y dispuso dos convoyes ferroviarios para evacuar a los prisioneros.
El primer tren partió de la estación de Jaén el 11 de agosto con más de trescientos detenidos, fuertemente custodiado por medio centenar de guardias civiles bajo el mando de un oficial.
Sin embargo, la noticia del traslado llegó rápidamente a oídos de los comités revolucionarios de la capital, que comenzaron a organizar la interceptación del convoy. El Estado republicano estaba enviando a sus prisioneros directamente a una trampa mortal.
La claudicación de la escolta estatal
El primer tren llegó a las inmediaciones de Madrid el mismo 11 de agosto. Al alcanzar la estación de Vallecas y posteriormente la estación del Mediodía (Atocha), el convoy fue bloqueado por una multitud de milicianos armados pertenecientes a la UGT, la CNT y el Partido Comunista que asesinaron a once de los detenidos.
El momento clave que define la quiebra institucional de la República se produjo entonces. A pesar de que los presos se encontraban bajo la custodia legal y directa del Estado, la Guardia Civil y las fuerzas de asalto que debían protegerlos no ofrecieron resistencia.
Las autoridades gubernamentales en Madrid, contactadas telefónicamente durante el bloqueo, ordenaron a la escolta oficial que se retirara y entregara a los prisioneros a los milicianos para evitar un enfrentamiento armado.
El 12 de agosto, la historia se repitió con un nivel de violencia aún mayor. Un segundo tren partió de Jaén con 245 prisioneros adicionales. Este convoy fue detenido definitivamente en el apeadero de Santa Catalina, en la zona del Pozo del Tío Raimundo.
Nuevamente, las turbas milicianas, apoyadas por la milicia ferroviaria, desengancharon la locomotora y rodearon los vagones. La fuerza pública republicana volvió a claudicar, abandonando el lugar y dejando a los reclusos a merced de los comités de sangre.
Las ametralladoras del Pozo del Tío Raimundo
Una vez dueños de los trenes, los milicianos iniciaron el exterminio sistemático de los ocupantes. En el caso del segundo convoy, los prisioneros fueron obligados a descender de los vagones y formados en grupos a lo largo de un terraplén cercano a las vías en el Pozo del Tío Raimundo. Tres ametralladoras, instaladas estratégicamente por los revolucionarios, abrieron fuego indiscriminado contra la multitud.
La masacre se cobró la vida de 193 personas de las 245 que iban en el tren. El perfil sociológico y político de las víctimas confirmaba el carácter de limpieza ideológica de la represión.
Fueron asesinados exdiputados conservadores, abogados, médicos, pequeños propietarios agrícolas y ciudadanos anónimos de la provincia andaluza.
Entre los fusilados destacó la figura de Manuel Basulto Jiménez, obispo de Jaén, asesinado junto a su hermana y su cuñado, en un crimen que ilustró la brutalidad de la persecución religiosa tolerada en la retaguardia.
Retrato del Obispo Manuel Basulto Jiménez
El silencio institucional
Los cadáveres fueron expoliados de sus pertenencias personales, anillos y relojes por parte de los milicianos, para ser posteriormente amontonados en camiones y enterrados en fosas comunes en el cementerio de Vallecas.
Ninguna autoridad del Ministerio de la Gobernación, responsable último de aquel traslado, dimitió ni asumió responsabilidad alguna por entregar a centenares de ciudadanos a los pelotones de fusilamiento irregulares.
Nueve décadas después, la historia de los «trenes de la muerte» resulta demoledora para el mito de la legalidad republicana en el verano de 1936.
Aquel 11 y 12 de agosto, el Estado no fue una víctima desbordada por el caos, sino un actor que facilitó la logística del exterminio al reunir a los presos, fletar los trenes y, en el momento decisivo, ordenar a sus fuerzas de seguridad que dieran un paso atrás para dejar vía libre a las ametralladoras del Frente Popular.
