El líder chavista Diosdado Cabello en una imagen de archivo
Represión en Venezuela
La ONU exige explicaciones al régimen de Maduro por confiscar la sede de 'El Nacional'
Una jueza con vínculos con el chavismo expropió la sede del periódico y se la entregó a Diosdado Cabello
La ONU ha reclamado al gobierno de Nicolás Maduro que explique los motivos y circunstancias en que se produjo la confiscación de la sede del diario venezolano El Nacional.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho da la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, expresó su preocupación por lo que considera un acto de confiscación destinado a cerrar espacios cívicos «a la libertad de opinión y expresión en Venezuela».
El Nacional perdió su sede el pasado 7 de febrero y se le entregó a Diosdado Cabello por decisión judicial en virtud de una sentencia condenatoria.
La jueza responsable de la sentencia, Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, con vínculos con el régimen de Maduro, condenó a El Nacional por «supuestos daños morales» contra Cabello debido a un artículo en el que se transcribía una información del diario español ABC.
En esa noticia se informaba de que «funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico».
En un primer momento, la jueza había impuesto una indemnización de 10.000 bolívares que El Nacional debía pagar a Diosdado Cabello.
Esa cantidad se modificó de forma repentina y sin informar a la parte afectada y se aumentó a 237.000 petros, la criptomoneda emitida por Venezuela, que equivale a 13 millones de dólares.
Al no ser capaz de afrontar esa indemnización, la jueza confiscó la sede de El Nacional y se la entregó al mandatario chavista.
El régimen instaló en las oficinas del diario la Universidad de las Comunicaciones, un instrumento del chavismo para imponer su ideología a los jóvenes venezolanos.
Según un artículo aparecido este jueves en El Nacional, Irene Khan destacó en una comunicación fechada el 11 de febrero que la denuncia, la sentencia condenatoria y la incautación de la sede del periódico parecen estar relacionados directamente «con la labor periodística del medio de comunicación y sus reportajes críticos al gobierno».
Añadió que «me preocupa asimismo que la cantidad a pagar como indemnización por la sociedad propietaria del periódico, por su aparente desproporcionalidad, haya hecho imposible el pago de la misma, con el resultado de forzar un embargo de la sede del periódico, afectando gravemente la continuidad de la labor periodística».
E insistió en que «es sumamente preocupante que la sede de El Nacional haya sido finalmente adjudicada al mismo diputado que había iniciado la demanda, en supuesta violación de normas de publicidad y debido proceso».
En un contexto más amplio Irene Khan afirmó que el hostigamiento a los medios de comunicación y a los periodistas en Venezuela «podría tener el efecto de restringir seriamente el acceso a la información para el público venezolano, e impactar negativamente sobre la libertad de los individuos de usar y recibir una amplia gama de formas de información».
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