La exiliada política y defensora de los derechos humanos venezolana, Paulina Facchin
Perú ordena la expulsión a Venezuela de una exiliada política: «Probablemente termine en la tumba»
La abogada y defensora de los derechos humanos venezolana Paulina Facchin sufre el acoso de políticos prochavistas en el país andino
Oculta en Perú, luchando para evitar su entrega a las mazmorras de Nicolás Maduro, la activista venezolana Paulina Facchin pelea en los tribunales contra la orden de expulsión del gobierno peruano, controlado por políticos prochavistas.
Abogada comprometida con los derechos humanos y, en especial, defensora de las libertades de los venezolanos que huyeron del chavismo, Paulina reside en Perú desde hace 11 años.
Acusada en falso de mentir en su solicitud de la nacionalidad peruana, y juzgada dos veces por la misma acusación después de que la primera orden de expulsión caducara, el pasado martes la justicia ordenó a la Policía Nacional su detención y expulsión del país.
Paulina lo tiene claro: «Si me expulsan a Venezuela probablemente yo termine en la tumba, o en el Helicoide, o en cualquiera de las mazmorras horribles de Maduro», asegura en conversación con El Debate.
Si voy a Venezuela me voy a convertir en una nueva presa política
«Me van a expulsar a Venezuela, porque Maduro me quiere allá. Me ha reclamado muchas veces, y si voy a Venezuela me voy a convertir en una nueva presa política», añadió.
Para evitarlo, el martes dejó su casa, buscó un refugio seguro y presentó un habeas corpus «para solicitar la suspensión de la resolución de expulsión por el riesgo de vida».
La historia de huida de Paulina Facchin se remonta al 2 de julio de 2010. Ese día, en Venezuela, sufrió un atentado por parte de individuos armados. «Estaba con mi hija, la balearon y la hirieron».
La pequeña sobrevivió al ataque, pero entonces Paulina decidió dejar Venezuela para proteger la vida de su familia.
La abogada estaba en el punto de mira del chavismo. El periódico para el que trabajaba, Notitarde, investigaba el narcotráfico en Venezuela. En 2009, un periodista del diario fue asesinado. Ahora habían intentado asesinarla a ella.
«Consternados por lo que había sucedido con el atentado en mi contra y contra mi hija, empezamos a investigar, a hacer preguntas, y recibimos información de que en el ataque habían estado implicados miembros de la policía bolivariana de Carabobo, que es mi Estado», explicó.
El atentado, y el descubrir que el chavismo la ha puesto en una diana a ella y a su familia, «me lleva a venir al Perú en 2011 con la idea de resguardarme».
«Como venezolana me dediqué en Perú a representar a la oposición venezolana desde 2012. Empiezo a hacer un activismo político y por los derechos humanos ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos por Hugo Chávez», señaló.
Esa actividad hizo que Paulina se alzara como «una de las principales voceras a nivel internacional del activismo por la democracia y por la libertad. Eso me generó persecución aquí en Perú».
La persecución comenzó casi de inmediato tras su llegada a Perú. En 2012 el embajador de Venezuela en Lima, Alexander Yáñez, la retuvo durante seis horas en el consulado cuando Paulina acudió a renovar el pasaporte.
Me quería extraditar a Venezuela porque, según él, yo era una traidora a la patria y hostigaba el odio
«Me quería extraditar a Venezuela porque, según él, yo era una traidora a la patria y hostigaba el odio contra la patria. Obviamente no lo logró porque no tenía una orden de extradición y el Perú no me podía procesar».
Recuperada la libertad fundó la ONG «Haciendo Futuro» para ayudar a niños y mujeres venezolanas exiliadas. «Fui abogado de varios expresos políticos, y ha sido parte de mi lucha recibir a un preso político como es Lorent Saleh, también a Leopoldo López. Eso me venía generando una persecución».
Fuera de su casa, se apostaron agentes del gobierno venezolano que la vigilaban: «Me tomaban fotos, le tomaban fotos a mi hija sin importarles que fuera menor de edad».
El régimen chavista sometió a Paulina a «un hostigamiento político muy severo con amenazas muy graves, al grado de que el señor Diosdado Cabello incluso llegó a hacer pública la dirección de mi casa en su programa de televisión Con el mazo dando y sacaron una fotografía de la placa de mi carro (coche) aquí en Lima. A esos niveles».
En 2017, el embajador venezolano en Perú, Diego Molero, la denunció penalmente ante la fiscalía peruana por haber desvelado en un programa de televisión que la embajada violaba el derecho a la identificación de los venezolanos al negarse a proporcionar pasaportes. «Yo soy abogado, me defendí, y se anuló esa causa».
Para tratar de poner fin a esa persecución, en 2018 Paulina inicia los trámites para adquirir la nacionalidad peruana, «porque el Estado me protegería más y por afinidad con el país que se había convertido en mi hogar».
Solicité la nacionalidad peruana. Fue el mayor error de mi vida
«En mayo de 2018 solicito, con todos los requisitos de Ley, la nacionalidad peruana por naturalización. Y ese fue el más grande error que yo he cometido en mi vida», aseguró. «Desde ese momento comenzó una cacería de brujas».
En los procesos de concesión de nacionalidad «los ciudadanos suelen dar información muy personal, porque estamos obligados a ello, como ingresos, vínculos familiares, direcciones, cuentas bancarias…».
Sin embargo, el expediente de nacionalización de Paulina se filtró y «empezó a compartirse en redes sociales. Un congresista prochavista en el pleno del Congreso del Perú pidió mi expulsión en 2019».
«Se me acusó de ser peligrosa para el Perú por hacer campaña y proselitismo político por la oposición venezolana», una acusación que terminó desestimada.
En el año 2020, «en medio de la desgracia de la pandemia, se me notifica que ha sido denegada mi solicitud de nacionalización porque soy insolvente moral».
Ese año se produce el estallido de la pandemia de coronavirus, y la Administración «me notifica un proceso sancionatorio de expulsión, en medio de la pandemia».
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El argumento de la Superintendencia Nacional de Migraciones para declarar a Paulina insolvente moral es que la activista habría mentido en su solicitud de nacionalidad al afirmar que trabajaba en un bufete de abogados.
Paulina se defiende y afirma que sí tenía contrato de trabajo: «A los extranjeros aquí en Perú, por las normas de migraciones, nos obligan a registrar los contratos de trabajo ante el ministerio de Trabajo y ante Migraciones. Y si ellos aprueban los contratos de trabajo es que uno puede trabajar».
Por lo tanto, «ellos no solamente tenían el contrato de trabajo en sus manos, sino que pasó por su aprobación».
Agotada la vía administrativa, Paulina recurrió a la judicial para que se anulara el proceso de expulsión. Entre otras muchas irregularidades, ni ella ni sus abogados pudieron ver el expediente de expulsión.
Pero, entonces, se produjo la victoria de Pedro Castillo en las presidenciales y Perú inició un proceso de acercamiento a la Venezuela de Maduro.
Temo que me apresen, me retengan, me suban a un avión y me entreguen al régimen de Maduro
El plazo de ejecución del proceso sancionatorio caducó. «Migraciones reconoce la caducidad un viernes 13 de agosto de 2021 y el lunes 16 de agosto de 2021 reabren el proceso bajo los mismos presuntos delitos. Es decir, me juzgan dos veces por los mismos delitos».
Por medio de este último proceso se le notifica la orden de expulsión el 10 de mayo de 2022. Paulina atribuye esta operación de acoso y derribo al cambio de gobierno en Perú.
«En el marco de la apertura de las relaciones con Venezuela, en agosto del año pasado, el gobierno de Nicolás Maduro hizo una solicitud formal al gobierno del Perú pidiéndole el listado de todos los refugiados y asilados extraditables», explicó.
Mientras se resuelve el habeas corpus, Paulina sigue escondida. Teme que la policía «proceda a mi captura, que me apresen, me retengan el tiempo que sea necesario, me suban a un avión y me entreguen al régimen de Maduro. Puede ocurrir en cualquier momento».
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