Pedro Castillo, presidente de Perú.
Hispanoamérica
La Fiscalía de Perú cita a Pedro Castillo por una denuncia de corrupción
Según la denuncia, el mandatario peruano encabezaría una «red criminal» para cobrar sobornos a cambio de concesiones de infraestructura pública
El presidente peruano, Pedro Castillo, acumula varias investigaciones judiciales, la última, por presuntamente encabezar una «red criminal» para cobrar sobornos a cambio de concesiones de infraestructura pública y por la cual fue citado por la Fiscalía a declarar el próximo 13 de junio.
Hace una semana, la Fiscalía informó que había ampliado una investigación contra el mandatario en la causa sobre el consorcio «Puente Tarata III», que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente.
De acuerdo con sus prerrogativas, el gobernante puede decidir si acude ante el despacho fiscal o brinda su testimonio en el Palacio de Gobierno. «El presidente fue notificado y tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa», agregó la Fiscalía peruana.
Castillo dijo este lunes que se desató una «persecución política» en su contra
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, aunque pueden avanzar las indagaciones. El mandatario izquierdista finaliza su mandato en julio de 2026.
Según detalla Efe, el Ministerio Público también programó la ampliación de la declaración del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes, mientras que el martes declarará la exviceministra de Transportes Fabiola Caballero y, el miércoles, el abogado y exasesor del ministerio de Transportes Alex Starost.
La investigación fiscal
La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente «Tarata» sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.
La empresaria acusó al mandatario y a su entorno más cercano, incluidos los dos sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas según recoge Afp.
En estas pesquisas se ha incluido a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, que era liderada por el presidente Castillo, quien ha negado esas acusaciones.
Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó este sábado 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro Silva, y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular.
La orden judicial contra Silva se dio por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado, mientras que contra Doroteo y Espinoza fue por la presunta comisión de tráfico de influencias agravado.
«Nulidad absoluta»
La defensa del gobernante exige que se declare la «nulidad absoluta» de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una «tutela de derechos», ya que considera que goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.
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