El poder de Pablo Escobar en Colombia fue tal que incluso habría llegado a tener en su poder la espada de Simón Bolívar
Entrevista exagente de Inteligencia del Ejército colombiano
John Jairo Martínez: «El actual conflicto armado en Colombia se compara con la época de Pablo Escobar»
El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN han retomado las negociaciones para una «Paz Total» ante lo cual Martínez sugiere «ser prudente»
Los líderes y defensores de Derechos Humanos en Colombia están expectantes de que realmente puedan ser garantes para la sociedad civil en futuras negociaciones con el Gobierno y los grupos armados.
Para John Jairo Martínez, que ha trabajado en el Ejército Nacional e Inteligencia del Estado colombiano, con larga experiencia en zonas de mucho conflicto con influencia guerrillera y paramilitar, ser líder social y defensor de Derechos Humanos en su país es colocarse la lápida en el cuello, una labor humanitaria de alto riesgo.
En los últimos años, los Urabeños (Urabá Antioqueño), luego el clan del Golfo, liderado por Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, exguerrillero del EPL capturado en octubre de 2021, y las disidencias de las FARC, tomaron el control total de la estructura, asesinando líderes sociales y defensores de DD.HH.
Martínez se muestra escéptico acerca de las actuales negociaciones con el ELN: «Los diálogos con el ELN son bienvenidos ante todo por las personas que viven el conflicto (pero) me parece que el Gobierno debe de ser prudente con dichas negociaciones».
«Con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC, lleno de vacíos y la deserción del mismo por excombatientes y la conformación de las disidencias y la 'Nueva Marquetalia', de Iván Márquez, por la inconformidad con lo firmado y el incumplimiento por parte del Gobierno pasado, se sentó un mal precedente para la continuación de los diálogos suspendidos».
–¿Cómo se presenta la transición para el Gobierno de Gustavo Petro?
–Soy escéptico con lo que pueda surgir con el nuevo Gobierno, si bien es cierto que el señor Presidente Gustavo Petro tuvo militancia en el grupo armado Movimiento Diecinueve de Abril (M19), no combatiente, sí fue ideólogo y fundador de un partido político de izquierda.
Es verdad que tanto él como su ministro del Interior, son conocedores del resurgimiento de estos nuevos grupos ilegales que para nadie es un secreto que no tienen ningún fin político, son delincuentes organizados que han desertado de algunos grupos que al igual siempre se han financiado de las rentas ilegales como el narcotráfico, el microtráfico interno, extorsiones, minería ilegal, deforestación ambiental y despojo de tierras a través del desplazamiento forzado de la población civil.
Con las mayorías en el Congreso pienso que al Gobierno entrante se le va a hacer más fácil la aprobación de algunos puntos que pretenden uno de los grupos (Clan del Golfo), y así facilitarle un proceso de acogimiento más ágil y diferente a los ya conocidos.
–¿Cómo es el nuevo escenario de la violencia en Colombia?
–El actual conflicto armado se compara con la época de Pablo (Escobar) por el protagonismo del narcotráfico. El «plan pistola», el uso de la violencia armada por parte del Clan del Golfo, nace en contra de los miembros de la fuerza pública con la finalidad de presionar al Gobierno para un futuro acogimiento; piénsese en la red de negocios ilegales instalados en una región como Antioquía, que abarca laboratorios para el procesamiento del alcaloide, los cultivos de la planta de coca, la comercialización y la exportación de la cocaína como medio de financiación de sus actividades.
En la época de los cárteles de Medellín y Cali, años 80 y 90 del siglo pasado, la guerra se declaró entre el Estado y las mafias, encabezadas por Escobar y los hermanos Galeano, en Medellín, y por los Rodríguez Orejuela en Cali, y otros, como Carlos Lehder y Gonzalo Rodríguez Gacha.
El fin de la guerrilla de la mano de Pablo Escobar era el negocio de la pasta de coca. Realizaron actos terroristas que dejaron miles de víctimas civiles en una guerra cruel y despiadada.
Pablo Escobar era conocido como el 'Patrón' en las comunas de Medellín y reconocido por su forma violenta de enfrentar la institucionalidad; era una guerra diferente dónde lógicamente también estuvo la población civil de por medio.
–Las semanas anteriores a la toma de posesión del Presidente Gustavo Petro, el domingo 8 de agosto, hubo hechos violentos, especialmente en la región del Urabá. ¿Cuál era la finalidad de los mismos?
–El asesinato de miembros de la policía, defensores, líderes sociales y miembros LGTBI, (se han conocido casos en el centro de Medellín), población con un enfoque diferencial, muertes ocasionadas por el factor sorpresa y a los ojos de la población civil, causando miedo e incertidumbre por la demostración de poder armado y la imposibilidad de la fuerza Pública y el Estado de contrarrestar estás acciones criminales fueron seguidos de paros armados ordenando parar el transporte público, el comercio e incluso los organismos de salud y humanitario.
Atrincherados en sus bases, y la población desamparada, las organizaciones delincuenciales demostraron su poder en su obrar y así ejercer presión con la llegada del nuevo gobierno para buscar diálogos bajo condiciones basadas en anteriores desmovilizaciones.
–¿Qué demanda el clan del Golfo para abandonar la violencia? ¿Ha habido negociación previa con ellos?
–Se conoció con la captura de Otoniel una supuesta entrega la cual fue desvirtuada por el Gobierno; pero no es conocido diálogo alguno, lo que sí se denunció por la oposición a través de redes sociales fue un constreñimiento electoral a favor de Petro por parte del ELN y Clan del Golfo, esto indicaría que sí pudo haber algo con el fin de que el nuevo Gobierno abriera las puertas a un acogimiento de estos grupos.
Es evidente que con el nuevo Gobierno automáticamente se frenó el «plan pistola», o asesinato de policías, y manifestaron una tregua con el fin de acoger el llamamiento a la paz. Las principales demandas del Clan del Golfo son: no a la cárcel y programas que garanticen la resocialización; no a la extradición; siempre que no haya ausencia de verdad, se exige justicia por reparación, perdón y no repetición; garantías iguales a las que han recibido otros grupos, así como agentes del Estado y la fuerza Pública que han participado activamente en el conflicto armado.
–¿Dispone el estado colombiano de medios suficientes para atajar la violencia?
–Hemos vivido más de sesenta años de una cruda violencia en diferentes escenarios y con diferentes actores armados, desmovilizaciones cojas, pero sí mejor que la guerra, con la firma de los Acuerdos de Paz con la FARC (2016) se notó una gran disminución del conflicto, las tomas guerrilleras a poblaciones, las «pescas milagrosas» (secuestros), las emboscadas en los campos a las tropas del ejército que causaron tantas muertes a soldados hijos de familias humildes. También la desmovilización de los paramilitares, y la llegada de la Justicia Transicional (JEP), la Justicia Especial para la Paz.
Hay unas fuerzas militares fortalecidas, medios tecnológicos avanzados y la suficiente Inteligencia para disminuir el accionar de los grupos ilegales, pero se ha quedado corta la inversión social y la presencia del Estado en zonas apartadas dónde definitivamente es imposible garantizarles la seguridad a las comunidades.
Primero hay que combatir la corrupción que desangra al Estado y esto generaría más inversión para lograr proyectos productivos, la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos, llegarles a los ciudadanos con salud, infraestructura, inversión en los campos más que la fuerza del Estado a través de sus armas.
–¿Por qué se enganchan los jóvenes a la violencia? ¿Qué es la narcoestética?
–La falta de oportunidades, especialmente para llegar a las universidades y la imposibilidad de un empleo digno. Es muy diferente el conflicto urbano al rural, con el reclutamiento de jóvenes y niños para la guerra. La agricultura, el café como el centro de la economía, la minería legal, la ganadería. El encarecimiento en los precios de las importaciones de insumos agropecuarios y la contratación en la mano de obra hacen que los jóvenes sean muy fácilmente convencidos a integrar los grupos ilegales.
La narcoestética es visible en algunas comunas y en algunos jóvenes y adolescentes que de alguna manera quieren imitar estos personajes de la mafia, que ha mutado en el personaje «traqueto» (traficante de droga). Hoy son combos que actúan a través del microtráfico, y «vacuna» en dinero a los transportadores y comerciantes. De esta manera se financian la posibilidad de tener dinero, ropa y calzado costoso, motos y accesorios que atraen a las jóvenes del medio en el cual se mueven.
Algunas productoras han sacado series de los diferentes conflictos con el propósito de generar una conciencia de que el crimen no paga, pero el objetivo que se pretendía se desvirtuó, porque la juventud la percibió diferente.
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