Suella Braverman, ministra de Interior de Reino Unido
Reino Unido
La ministra del Interior británica ataja las críticas y defiende que su ley para inmigrantes es legal
Suella Braverman, de origen indio, argumenta que los inmigrantes de pateras «rompen nuestras leyes, abusan de la generosidad de los británicos y tenemos que asegurar que se les disuade de hacerlo»
la polémica no termina. La propuesta de ley de deportar a los inmigrantes que entran ilegalmente por las costas de Inglaterra continúa. La ministra británica de Interior, Suella Braverman, defendió este miércoles que el controvertido proyecto de Ley de migración presentado por su Gobierno «no infringe la ley» ni incumple las obligaciones internacionales del Reino Unido.
«No estamos rompiendo la Ley y ningún representante gubernamental ha dicho que estemos rompiendo la ley», remarcó hoy la ministra en declaraciones al canal Sky News difundidas por Efe, sobre los planes del Ejecutivo para frenar las llegadas irregulares de pateras a este país, muy criticadas por varios sectores.
Braverman argumentó que el Gobierno ha dejado «muy claro» que cree que este país cumple con todas sus «obligaciones internacionales, por ejemplo la Convención del refugiado, la Convención europea sobre derechos humanos y otras convenciones a las que estamos sujetos».
Esos inmigrantes «están rompiendo nuestras leyes, están abusando de la generosidad de los británicos y ahora tenemos que asegurar que se les disuade de hacerlo», argumentó.
Según los planes revelados ayer por el primer ministro británico, Rishi Sunak, los inmigrantes «ilegales» que lleguen al Reino Unido en patera no tendrán opción a pedir asilo en este país y serán arrestados.
El primer ministro explicó que estos serán expulsados «en cuestión de semanas, ya sea a su propio país, si es seguro, o a un tercer país seguro como Ruanda».
Londres evaluará en «circunstancias excepcionales» si una persona puede sufrir riesgos «graves e irreversibles» al ser deportado a un determinado país, pero incluso en esos casos el periodo máximo en los que permitirá que se analice el recurso antes de expulsarle será de 45 días.
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