Tras la llegada al poder de Milei ¿Cristina Kirchner al fin irá a la cárcel?
La intervención directa sobre el Poder Judicial ha sido un objetivo no disimulado, al menos en la administración Kirchnerista
Cristina Fernández de Kirchner saluda durante una de sus últimas comparecencias en el Senado de Argentina
En medio de una crisis que en Argentina parece eterna, no sólo cambia quien ejercerá el rol de presidente del país sino que, por primera vez , quien recibió los atributos de dicho cargo es casi un desconocido. Alguien que irrumpió en la política hace muy poquito tiempo rompiendo modelos y formas de comportamiento.
La tarea que se le presenta es infinita ya que el caos parece haber invadido la economía, la salud, el trabajo, la seguridad, la educación . Sin embargo, una de las preguntas que escucho con mayor frecuencia es ¿qué pasará con las causas de corrupción.? ¿Cristina al fin irá presa? ¿Se logrará que las denuncias articuladas – inclusive contra el presidente saliente Alberto Fernández que miente diciendo que se irá sin denuncia en su contra- ahora avancen?.
Interrogantes todos que parten de aceptar que la justicia es el brazo armado de la política y no un poder independiente conforme lo concibieron nuestros constituyentes. Ese pilar central es el que sostiene el edificio constitucional, todos los demás principios fundamentales dependen de su actuación como freno y contrapeso del avasallamiento que suelen intentar quienes ostentan el poder .
Los jueces deberían resolver los casos aplicando el derecho vigente, sin interferencias ni presiones y valorando las evidencias objetivas que le permitan reconstruir conceptualmente el hecho que deben valorar.
Sin embargo, los interrogantes que hoy nos aturden parecen subrayar que no estamos convencidos que la ley no resulte subvertida por la voluntad de los políticos. Aceptamos que los datos que las investigaciones aportaron al legajo, puedan ser torturados de manera tal que terminen reflejando lo que la ideología pretende cierto, negándose a deletrear lo que indican las pruebas.
La intervención directa sobre el Poder Judicial ha sido un objetivo no disimulado, al menos en la administración kirchnerista. La embestida se intentó reiteradamente porque la independencia judicial es vista como un obstáculo a la hora de «cumplir la voluntad popular». No dudan en utilizar como escudo la fuerza de los votos para garantizar la impunidad de los votados. Olvidan que ni siquiera el pueblo como colectivo puede ignorar a las instituciones ni a las leyes. Y tampoco recuerdan que ya el General José de San Martín afirmaba que la independencia del Poder Judicial es «la única y verdadera garantía de la libertad del pueblo». Porque esa independencia es en beneficio de la gente y no de los Magistrados, de cada habitante que necesita que quienes ejercen el poder no avasalle sus derechos.
Pero el gobierno que fue desalojado del poder por la voluntad popular implementó, desde el día que comenzó a ejercerlo – dos décadas atrás – un sistema de latrocinio a las arcas públicas que requirió el entramado de lazos ilícitos entre funcionarios, empresarios y periodistas, pero exigía además terminar con la alternancia y con la independencia judicial. Intentaron todo, pero en lo único que fueron exitosos fue en el robo de los dineros públicos, lograron dejar exhaustas las cajas de Banco Central, de Anses , de Pami, de cada empresa pública que administraron.
La premisa fue: donde hay una caja el administrador debe ser un militante, y éste, debe tener como única consigna cumplir con la voluntad de su majestad Cristina. Tenían así un «permitido», por eso, hasta el más raso de sus secretarios logró convertirse en millonario como recompensa a realizar el trabajo sucio.
No puede extrañarnos que, pese al desastre social que dejaron, la falta de insumos médicos, familias durmiendo en la calle, la educación destruida de lo que dan cuenta los resultados de las «pruebas pisa», la incontrolable remarcación de precios en las góndolas aun de los productos básicos, pese todo ello, una de las primeras preguntas que se escucha es cuál será el futuro judicial de Cristina Kirchner y por qué «huyen» (en rigor creo que es la palabra que define su decisión de subirse a un avión) Massa y el expresidente Fernández.
Hace veinte años desde el sur de nuestro país un matrimonio con más ansias de poder que ideas, trajo en las alforjas un proyecto de acceso y perpetuación en la presidencia. Llenó esas alforjas con tantos dólares mal habidos que su pretendida permanencia se quedó sin oxígeno.
Sus reiterados intentos de asalto a la justicia , incluyendo designaciones amañadas o interpretaciones sesgadas para que continúen en sus cargos quienes debía dar un legal paso al costado, no resultaron exitosos. Ni en los momentos de mayor poder pudieron lograr que la impunidad clausurara en forma definitiva las causas judiciales abiertas por los graves delitos perpetrados por la banda que lucían los mayores blasones.
Ganaron tiempo. Cuestionaron cada paso procesal y a cada investigador que no fuera genuflexo. Amenazaron cara a cara a quienes debían administrar justicia – recuerdo a Cristina gritándole a los jueces del tribunal que debía juzgarla, que ellos serían los que deberían dar explicaciones-. Utilizaron sus dineros mal habidos, su poder descontrolado, su ejército de profesionales dispuestos a negar que la lluvia los mojaba. Ni siquiera dudaron en tramitar un juicio político contra los cuatro miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que entendieran que decir que no, a esa asociación ilícita, no era una respuesta posible.
Se le terminó el tiempo a Cristina
Pero, se les terminó el tiempo (al menos por cuatro años) y llegó el momento en el que la condena que ya se le dictó por defraudación al Estado se robustezca con la que le corresponde por la asociación ilícita acreditada en las audiencias y que la pena, así incrementada, se convierta en firme.
Deben comenzar en forma inmediata los juicios orales que trataron de evitar para que no se exhiba públicamente tanta hipocresía. La rutas que debieron realizarse para facilitar el trasporte de los productos agropecuarios y salvar las vidas que se tragan sus baches, en esas audiencias se verán convertidos en estancias privadas propiedad de los amigos/socios de la señora; los hospitales y sus insumos se observarían trasformados en el verde relleno de la marroquinería comprada para la ocasión; la ideología que creíamos que movilizaba a la militancia, en rentas de los líderes juveniles y extorsiones para quienes debía engrosar las manifestaciones. Ni ellos podían soportar que se exhiba tanta perversidad.
Con la habilidad de la maleza que se cuela entre los cultivos, sembraron en cada repartición pública militantes dispuestos no sólo a seguir aprovechándose del dinero de todos, sino a obstruir las iniciativas del nuevo gobierno. En general son enemigos de cualquier verdad que perturbe sus creencias, además de tener sus principios subvertidos o suprimidos por intereses inconfesables.
El pueblo hastiado y desilusionado logró con su voto fragmentar tanto sus representantes en la legislatura, que lograr el apoyo necesario para sancionar leyes o apoyar determinadas políticas no será un quehacer sencillo, pero la ilusión que se desarme la matriz que puso en las manos de un operador político las tarjetas de débito de decenas de ñoquis o prestanombres para que pudiera ordeñar la «vaca sagrada» de las cuentas de la legislatura bonaerense; la esperanza de que se logre reconstruir la ruta del dinero que pagó las millonarias vacaciones e inversiones del jefe de gabinete de Kicillof; el deseo de escuchar la respuesta que pueda dar Máximo Kirchner (cuyo único curriculum positivo es ser hijo de dos ex presidentes) a la pregunta sobre el origen de sus bienes, nos mantiene al menos expectantes.
Destruyeron los organismos de control como primer elemento de la fórmula construida para que sus tropelías no fueran cuestionadas. Hoy ya ni siquiera importa si el daño comenzó en 1968 con la Ley de Obras Sociales que le permitió a los sindicalistas manejar masas de dinero difíciles de controlar, o con los negociados de la Chade, o las privatizaciones de los 90. Al cerrar los ojos pasan la imágenes de películas viejas que nos muestran los pollos de Mazorin, el trigo candeal de la época de Frondizi y los miles de disfraces que, envueltos en razones aparentemente legítimas, resultaban ser máscaras que ocultaban distintos latrocinios al patrimonio común.
Toma de posesión Argentina
Milei asume la presidencia con un plan de choque para la «decadente» economía heredada del kirchnerismo
Hoy aprendimos que los errores pueden corregirse, pero la inmoralidad no y es ésta la que se extendió indiscriminadamente por los distintos organismo públicos. Por eso clamamos justicia, para que se inhabilite de por vida a los corruptos, para que no puedan volver a incidir en las decisiones en las que se juegue el futuro del país. No importa que «pin» tengan en la solapa: presidente, legislador, juez, empresario, sindicalista… solo su exclusión permitirá salir del lodo en el que nos hundieron.
El problema no son los que investigan como dice la pandilla que nos gobernó hasta hace media hora. A ellos es hora que se los reivindique o, al menos, que se los deje en paz. El problema son los que toman al Estado como botín de guerra. De un guerra en la que inventaron una grieta que diera fundamento a la épica que permitía ser cortina de humo de sus delitos.
Las causas judiciales no pueden seguir siendo asimiladas a un partido de fútbol en el que las diferentes «hinchadas» vociferan la culpabilidad o la inocencia por su afinidad ideológica con los imputados sin importarles las pruebas acumuladas. Los jueces no deben ser puestos en el lugar de resolver los conflictos políticos por la incapacidad de los funcionarios de resolverlos. Nuestra agencia de inteligencia no puede seguir cambiando su nombre, pero conservando sus prácticas ilegales, tanto en relación a espionajes como al uso de sus fondos reservados como caja de corrupción.
Cristina al despedirse en el Congreso nos informó que se queda en el instituto que armó – con nuestro dinero- cerca de la legislatura. Seguramente no para colaborar con nuestra democracia sino para monitorear lo que ocurre. Los ciudadanos deberíamos exigir que se quede para responder si lavó en sus hoteles los dineros obtenidos por el robo de los dineros destinados a las obras públicas; para que de explicaciones en la causa que se le sigue por traición a la patria en relación al Pacto firmado con Irán; o el espionaje ilegal del que podrían ser indicios las carpetas encontradas en la fastuosa casa de Calafate desde donde pretendió administrar nuestras libertades.
Las múltiples denuncias en su contra –y en contra de casi todos los que forman su círculo de colaboradores o mandaderos– no son un golpe de Estado encubierto o una forma de sacarla de la competencia electoral. Ellos se auto expulsaron por obra de sus quehaceres.
En algunos casos las señales no son auspiciosas. Dejan a cargo de algunas áreas a quienes las convirtieron – o prolongaron – nichos de corrupción respaldados en prohibiciones artificiales que se inventaron para tener excusas para cobrar «peaje». Quienes ayudan al presidente en estas decisiones ¿lo ignoran, no se animan a tirar al mar las llaves de las puertas que se abren para la ilegal recaudación para la política o para los bolsillos privados de quienes se excusan en recaudar para la corona con la finalidad de lograr una vida muy placentera? No lo se, pero cualquiera sea la respuesta es una alarma que indica o complicidad o ingenuidad.
No se si espero respuestas punitivas. No se si es una tobillera electrónica lo que la sociedad ansía, pero sí estoy segura que necesitamos la verdad en cada proceso. La inhabilitación perpetua de los corruptos y el decomiso de tantas riquezas que pasaron a sus dominios privados por sus actos de corrupción.
La gobernabilidad y la paz social que el nuevo gobierno necesita espero que no sean pagados con la impunidad de quienes nos trajeron hasta este oscuro callejón. Hoy la agenda no puede dejar de lado el debate moral porque «quien no castiga el mal, ordena que se lo haga».
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