Joe Biden presidente de Estados Unidos caminando en los jardines de la Casa Blanca
La Casa Blanca rechaza la decisión del Supremo sobre la nueva ley migratoria en Texas
La medida otorga poder a las autoridades estatales para detener y expulsar a individuos considerados «sospechosos» de haber cruzado la frontera sur del país de manera irregular
En una declaración emitida este martes, la administración de Joe Biden, representada por la portavoz Karine Jean-Pierre, ha expresado su rechazo ante la decisión del Tribunal Supremo de permitir la implementación de la controversial ley migratoria en Texas. La legislación en cuestión, conocida como SB4, otorga a las autoridades texanas la capacidad de detener y expulsar a individuos que sean considerados «sospechosos» de haber cruzado la frontera sur de manera irregular.
Jean-Pierre criticó la resolución de los magistrados, calificando la SB4 como «inconstitucional» y argumentando que no solo incrementará la inseguridad en las comunidades texanas, sino que también representará una carga para las autoridades locales y generará caos en la frontera sur del país. Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca señaló que esta legislación es un ejemplo más de la «politización de la frontera por parte de los republicanos».
La decisión del Tribunal Supremo permitirá a las autoridades estatales de Texas aplicar la ley mientras un tribunal de menor instancia considera una demanda presentada por el gobierno de Biden y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La SB4, considerada una de las medidas antiinmigrantes más severas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el ingreso irregular al estado desde una nación extranjera. En caso de reincidencia, este delito puede ser castigado con hasta 20 años de prisión.
Los efectos de la ley
Además, la ley permite la expulsión de personas sin un proceso legal y autoriza a los oficiales de policía a detener y expulsar a cualquier individuo que sospechen que ingresó irregularmente al país.
El Departamento de Seguridad Nacional criticó la implementación de la SB4, argumentando que la inmigración es competencia exclusiva del Gobierno federal y expresando su preocupación por el posible caos y complicaciones que podría generar para sus agentes.
La medida, promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, inicialmente debía entrar en vigor el 5 de marzo, pero fue suspendida por un juez federal. Sin embargo, tras obtener el respaldo del Quinto Circuito de Apelaciones, la ley ha sido finalmente ratificada, desencadenando el rechazo por parte de los demandantes y la administración federal.
La decisión del Tribunal Supremo fue celebrada por republicanos y funcionarios de Texas, mientras que desde el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) se manifestó decepción y se anunció la continuación de la lucha contra esta normativa que, según afirman, amenaza la integridad de las leyes de inmigración y los principios fundamentales del debido proceso en Estados Unidos.
Comentarios
